También les ha propuesto intensificar la limpieza, la seguridad, un plan de seguridad y alternativas a la almendra central
La nueva alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco se ha reunido con los comerciantes del centro, a los que ha prometido paralizar cuanto antes las multas que generan las cámaras de seguridad del centro urbano. También ha indicado como acciones prioritarias: la limpieza, la seguridad, un plan de accesibilidad, y estudiar una alternativa a la almendra central aprobada por el gobierno anterior.
La nueva alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, no ha perdido el tiempo. Hoy se ha reunido con los comerciantes de la zona centro, que se encuentran bastante preocupados por la situación que atraviesan.
Y es que no viven sus mejores momentos: las cámaras de acceso al centro han multado a miles de conductores durante el último año, lo que provoca un problema de fondo para todos ellos. Los comerciantes han denunciado de forma repetida la falta de limpieza, de seguridad, de accesibilidad y su rechazo a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, aprobada por el anterior gobierno municipal.
Esa falta de accesibilidad, que puede multiplicarse con la ‘almendra central’, consigue que muchos posibles compradores no se atrevan a llegar al centro y, por tanto, al sector del comercio, que es el que vive de forma más dura. Sin clientes no hay comercio. Sin comercio, el centro se muere.
Y las alternativas no son fáciles.
No obstante, Begoña Carrasco, que se ha opuesto desde el primer día a muchas de esas medidas promovidas por el anterior gobierno de Fadrell se ha propuesto buscar soluciones a estos problemas y tranquilizar en lo que se pueda a los comerciantes.
Durante la reunión de hoy ha presentado a los once concejales del equipo de gobierno que desde hoy se ponen a trabajar para atender los problemas de la ciudad.
Como medida más inmediata y en respuesta a las peticiones mayoritarias de los comerciantes, la alcaldesa Begoña Carrasco ha anunciado que va a estudiar la manera de que las cámaras del centro dejen de multar cuanto antes. “Es fundamental para que la gente vuelva a venir al centro y se pueda reactivar la economía en un centro que se asfixia”, ha señalado.
Problema con las cámaras sancionadoras
Con respecto a las 21 cámaras del centro, Carrasco es partidaria de mantenerlas a modo de seguridad y de mejora de la movilidad, pero sin que multen a los conductores. Y lo mismo con las cámaras de la almendra central, adquiridas por dos millones de euros, la alcaldesa plantea nuevos usos como ubicarlas en puntos estratégicos para evitar la proliferación de vertederos incontrolados.
Esta alternativa conseguiría no perder el dinero ya invertido para la adquisición e instalación de las cámaras, pero poder convertirlas en una herramienta para mejorar la seguridad de la ciudad y no para generar nuevas oleadas de multas en la capital de la Plana.
En la misma línea, Carrasco ha anunciado un plan de choque para intensificar la limpieza, mejorar la iluminación y dotar de más seguridad las calles. Estas son también medidas prioritarias que se irán adoptando en los próximos meses. Del mismo modo, Carrasco se ha referido a la necesidad de poner en marcha un plan de mejora de la accesibilidad y la señalización para facilitar el acceso al centro y a los parkings. Para ello, ha comentado, “se negociarán las tarifas de esos aparcamientos de forma que puedan beneficiar a quienes compren en el centro de la ciudad”.
Alternativas a la Almendra Central
Otro tema peliagudo y complicado de afrontar, es la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, que afectará a los 745.000 metros cuadrados del núcleo de la ciudad.
El problema es que la primera fase de esa implantación de ZBE fue planificada y adjudicada por el anterior equipo de gobierno con financiación de fondos europeos. Y no solo eso, es que dos días antes de las elecciones municipales del 28M el mismo equipo de gobierno del Fadrell sacó también a concurso la segunda parte para otros tantos sectores de la ciudad.
Begoña Carrasco, que hasta el último momento rechazó ese proyecto y pidió que se aplazara su ejecución, al menos hasta que los ciudadanos tuvieran alternativas para responder a ese cambio tan sustancial para la ciudad, ha asegurado a los comerciantes que se sentará con la empresa adjudicataria para no llevar a cabo el cierre al tráfico de 745.000 metros cuadrados de superficie urbana.
“Queremos contar con la opinión del tejido social y comercial antes de hacer algo que vaya en contra de los intereses de Castellón. No queremos perder los 8 millones de fondos europeos destinados a la Zona de Bajas Emisiones, nuestra intención es reorientarlos para que vayan destinados al asfaltado y a la mejora de las calles. La normativa europea obliga a delimitar una zona de bajas emisiones antes del 31 de diciembre de 2023, pero no dice ni la superficie ni cómo hacerlo y eso es lo que vamos a tratar de modificar aprovechando las zonas ya peatonalizas en esta ciudad”.
Se trataría, por tanto, de buscar alternativas, utilizar esos fondos para mejorar el casco urbano, la calidad de vida de los vecinos e intentar reducir el flujo de tráfico pero sin imposiciones drásticas cuando ni siquiera se han afrontado las consecuencias que el proyecto original podría tener sobre los ciudadanos en tan corto plazo de tiempo.
