La defensa de nuestra costa no debe entender de siglas ni artimañas políticas. El consenso cuando se trata de proteger nuestras playas debería unirnos a todos en una misma voz que garantizara que no se producen injusticias.
En el pleno de este lunes, todos los grupos municipales aprobamos por unanimidad una moción presentada por el Partido Popular para solicitar al Gobierno de España la paralización de las desocupaciones de viviendas en la costa de la provincia de Castellón. Hay asuntos en los que no caben los matices y es urgente que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico inicie un proceso de reforma de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que permita mejorar la conciliación entre la protección del dominio público marítimo-terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico o cultural o histórico de los núcleos de población costeros tradicionales para otorgarles protección.
Dicha petición ha sido desoída por el Gobierno como se vislumbra de las notificaciones recibidas por los vecinos de Torre La Sal en Cabanes. Ahora son nuestros vecinos, pero no podemos olvidar que en un futuro podríamos ser nosotros, los almassorins.
No se puede defender una cosa y la contraria y eso lo deberían saber desde el PSOE que, junto a Sumar, controla la Mesa del Congreso y lleva 10 meses bloqueando la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario popular para modificar la Ley 22/1988, de Costas, con el objetivo de proteger los conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser dominio público marítimo-terrestre y garantizar que no se derriban determinadas casas cercanas a las playas.
Ante el silencio y la paralización de otros en Madrid, el Consell ya ha presentado el anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de protección y ordenación de la costa valenciana, para que se debata y apruebe en Les Corts y así poder proteger el patrimonio de nuestro litoral y nuestros núcleos costeros tradicionales dándoles el valor etnográfico que tienen.
También la Diputación de Castellón aprobó, en marzo de 2024, en su conjunto una propuesta en defensa del litoral de la provincia, y que incluía la petición de una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para que la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, pudiera trasladarle en primera persona las necesidades del litoral de la provincia de Castellón. Así lo hizo y entregó al Ministerio un documento común que recoge la situación actual y las necesidades específicas de los municipios costeros de Castellón, entre ellos Almassora.
Y es que no hay tiempo que perder cuando hablamos de la regeneración de la playa de Almassora. La erosión del mar que sufrimos desde hace años volvió a evidenciarse en el temporal marítimo de la semana pasada. Llevamos un año esperando que el Ministerio resuelva las alegaciones al proyecto de regeneración de Pla de la Torre, presupuestado en 8,8 millones de euros. Cada día que pasa sin que se acometa, nuestros vecinos ven cómo el problema se agrava. Necesitamos de manera urgente que esta actuación sea una realidad. No se puede eternizar.
