Unanimidad en el pleno para que los ciudadanos no paguen las desaladoras y se bonifique la A-7 en Castellón
Castellón será la primera provincia que ponga en marcha un plan de 'taxis sanitarios' financiados par los usuarios de los municipios con menos de 5.000 habitantes. La medida es pionera y fue respaldada por todos los grupos. Así mismo, el pleno de la Diputación ha sacado adelante, por unanimidad, dos Declaraciones Institucionales por las que instan al Gobierno Central, a que asuma el coste de las desaladoras, para que no estrangule a los ciudadanos, y que se bonifique la A-7 a su paso por Castellón, como se ha hecho en Cataluña.
Esperanza Molina/ Castellón Información
El pleno ordinario de la Diputación provincial, del mes de septiembre, comenzó con silencio y pesar, por la muerte de la vecina de Borriol, considerado ya como un crimen por violencia de género
Ya metidos en harina, poca cosa, por no decir nada en el Despacho Ordinario, y mucho consenso, con matices, en el Extraordinario, en temas tan importantes como el taxi sanitario, las desaladoras, la bonificación de la AP-7, o la asistencia a los pacientes en oncología pediátrica. No todo fueron acuerdos, y la cosa se lió con la cumbre de alcaldes, propuesta por el PSOE, rechazada por mayoría, y se disparó con la propuesta de Ciudadanos, para la eliminación de los Barracones.
Datos curiosos de la sesión de hoy: cómo van cambiando las cosas, las relaciones y los tratamientos. La Generalitat ha pasado de ser ‘intocable’ para CseM, Compromís y PSOE, a elemento a tener en cuenta para que también contribuya para beneficiar a los ciudadanos...
Lo más agrio del día, el punto de la Mociónd e Ciudadanos sobre los barracones escolares, donde las cosas y las palabras se salieron de tono. El tratamiento del socialista Fernando Grande a la diputada de Ciudadanos y su partido, en particular, posiblemente no fueron insultos, pero ¡Caray!, se le parecieron mucho en la forma y en los tonos.
Consenso frente a las Desaladoras
Tal como se acordó en el pleno anterior, todos los grupos han llegado a un acuerdo para evitar que los castellonenses tengan que pagar el coste de la puesta en marcha y mantenimiento de las dos desaladoras construidas por el Gobierno en la provincia.
El Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad una Declaración Institucional para exigir al Gobierno que asuma el coste de la puesta en marcha de las desaladoras en la provincia para que no repercuta en el aumento del recibo a los vecinos de los cinco municipios afectados.
La historia es grave, porque municipios como el de Cabanes, con un presupuesto anual de 3 millones, y por debajo de los 3.000 vecinos, deberían hacer frente a una deuda de 20 millones de euros. En situaciones similares se encontrarían Oropesa y Benicàssim, en el norte y Xilxes y Moncófar en el sur de la provincia.
La Unión Europea ha dado un ultimátum para que las desaladoras comiencen a funcionar antes del mes de marzo de 2019, ya que el proyecto fue financiado en su mayor parte con Fondos Europeos.
La Declaración Institucional insta al Ministerio de Transición Ecológica, que asuma a través de su presupuesto el coste total de la construcción de las desaladoras de Cabanes-Oropesa del Mar (con prolongación a Benicassim) y Moncofa-Xilxes y pide también a Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, la modificación de los convenios reguladores para la financiación y explotación de las desaladoras a fin de adaptarlo a las situación actual de desarrollo de cada uno de los municipios.
Bonificación para la Ap7, como se aplica en Cataluña
El Pleno de la Diputación ha respaldado también por unanimidad de todos los grupos políticos la Declaración Institucional que pide al Gobierno de Pedro Sánchez que extienda a la provincia de Castellón las bonificaciones de la AP7, aprobadas ya para Cataluña y que entraron en vigor el pasado 2 de septiembre.
El texto de la Declaración indica: “En el Consejo de Ministros de 31 de agosto y con efecto de 2 de septiembre adoptó el acuerdo de exención del 100% del peaje para los vehículos ligeros en los trayectos de ida y vuelta con origen y destino en dos enlaces de la autopista AP-7, comprendidos entre las estaciones de peaje número 30 (Vilafranca sur) y 42 (Vinaroz/Alcanar), y la reducción del importe del peaje a todos los vehículos pesados de la categoría 2 en el tramo Peñíscola-L’Hospitalet de L’Infant de la AP-7.
Además, y también a cargo exclusivamente del Gobierno de España, se bonifican los tramos entre Les Borges Blanques y El Pla de Santa María (N-240 y la AP-2), íntegramente en Cataluña –51 kilómetros entre Tarragona y Lleida”.
El resultado final, indica la declaración, es que las provincias de Tarragona, Barcelona y Lleida, especialmente la primera, resultan beneficiadas por la medida; los vecinos de la zona pueden circular con sus vehículos de forma gratuita hasta el límite con la provincia de Castellón, que se ve sometida al peaje que no se abonan hasta allí.
Es la primera vez, indica el texto, “que una medida de bonificación a los vecinos pagada con el presupuesto general y sin aportación de la comunidad autónoma termina en el límite provincial. Hasta el cambio de gobierno, y tras dos años de trabajo, la actuación se preveía en ambas autonomías y los actuales presupuestos lo permiten.
La igualdad de trato entre comunidades autónomas es una obligación del Gobierno de España, y si el propósito, como reza el acuerdo es “la mejora de la seguridad del corredor viario…así como una disminución de la congestión y del nivel de emisiones en la N-340”, la provincia de Castellón está en idénticas circunstancias y también se da en algunos tramos de las provincias de Valencia y Alicante”
En su declaración, los diputados de Castellón apuntan al alto índice de siniestralidad en las carreteras del litoral de Castellón, aluden a las restricciones de tráfico impuestas a los camiones en la N-340.
“La decisión tomada debe sustanciarse sobre datos ciertos de siniestralidad y emisiones y no sobre prejuicios políticos o urgencias parlamentarias. Hay que recordar que según varios informes, la N-340 a su paso por el Baix Maestrat concentra tres de los quince trazados de la red estatal de carreteras con mayor siniestralidad, debido a la presencia de camiones. Estos tramos se encuentran en Santa Magdalena de Pulpis, Alcalà de Xivert y Vinaròs.
Esta vía se utilizada actualmente también como corredor comarcal de los municipios costeros en la Plana Alta y como ronda de circunvalación de Castelló, que tiene pendiente el cierre de la ronda oeste, mezclando en un mismo tramo circulación de tráfico pesado con turismos, y desplazamientos urbanos con desplazamientos municipales.
La Diputació de Castelló ha reivindicando en diversas ocasiones el fin de la concesión entre Tarragona y Alicante para que todo nuestro territorio pueda disponer de forma inmediata de un vial seguro, que actúe de ronda de circunvalación, de vía segura que reduzca más la siniestralidad a la N-340 y N-332, evite nuevas y prescindibles variantes y acabe con las bonificaciones puntuales a los camiones en los puntos más conflictivos de la red y dinero para las concesionarias.
Pero mientras tanto, urge la necesidad de dar una solución al tránsito por la N-340 a su paso por los municipios del Baix Maestrat y la Plana Alta. Si bien la bonificación planteada por el Ministerio de Fomento para camiones desde la Salida 38 (la Hospitalet) hasta la salida 44 (Torreblanca/Alcossebre) ayudará a la reducción de la siniestrabildad sería necesario contemplar también la gratuidad entre Vinaròs y Castelló para los turismos, hasta que llegue el momento de la liberación, tal y como ya ha pedido la Consellería de Obras Públicas al Ministerio de Fomento para el tramo entre Xeresa//Gandia y Benidorm/la Nucia”.
En base a estos argumentos, se Insta al Gobierno de España a que se hagan públicos los datos referidos a seguridad vial, congestión de tráfico y del nivel de emisiones que han llevado a la adopción de este acuerdo.
Y se acuerda “ Instar al Gobierno de España a extender a la Provincia de Castellón las bonificaciones en la autopista AP-7 aprobadas para Cataluña con recursos exclusivamente del Estado y que han entrado en vigor el día dos de septiembre”.
Transporte a demanda y taxi médico para los municipios del interior
Otro acuerdo adoptado hoy, ha sido sufragar con fondos de Diputación un sistema de transporte ‘a demanda’ que permita a los vecinos de los municipios del interior, con problemas de movilidad, poder recurrir a taxis que serían abonados por sus municipios, una vez presentado el justificante médico. Para ello, se ha aprobado la concesión directa entre los municipios de Castellón con población menor de cinco mil habitantes, subvenciones económicas provinciales destinadas al transporte discrecional en taxi con fines médicos.
La iniciativa del Gobierno Provincial prevé un presupuesto inicial de 350.000 euros, para reforzar el acceso a la asistencia sanitaria de las personas mayores que viven en el 80% del territorio provincial.
En este sentido, Xavier Trenco, de Compromís, ha cuestionado la medida que, pese a ser positiva, debería ser abonada con menos trámites burocráticos para los usuarios, y que puede presentar restricciones para los ayuntamientos cuando se queden sin fondos.
Sobre ese particular, el presidente de la Diputación ha recordado al diputado de Compromís, que se trata de un servicio que debería haber financiado la Conselleria de Sanidad, porque si presumen de una Sanidad pública y Universal, no es gratuita para los habitantes de los municipios del interior. Como la Conselleria no lo ha sufragado es por lo que Diputación habilita una medida que es pionera, y que tiene como fin ayudar a los vecinos del interior y dar herramientas para frenar la despoblación.
El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha destacado que “este servicio nace como una experiencia piloto, somos la primera Diputación que pone en marcha un servicio de estas características y contamos con las aportaciones que puedan realizar todos los grupos políticos para mejorarlo. Éramos conscientes de la necesidad que había porque así nos los manifiestan los municipios, y hemos sido capaces de activar un modelo regulador para llevar a cabo este transporte”.
En ese sentido, el presidente ha indicado que “tenemos que estar inventando fórmulas de este tipo en esta casa cuando no nos toca hacerlo, porque debería ser Conselleria, pero damos solución al problema. Porque al vecino que viene a su visita médica al hospital desde Cortes de Arenoso, desde Portell de Morella, Zucaina o Soneja no le sale gratis ese transporte, y lo que hacemos es facilitárselo. Porque si dentro del tratamiento, un paciente tiene que ir a visitas y revisiones y le cuesta dinero, mal estaremos cumpliendo ese segundo apellido del nombre de la Conselleria que es la gratuidad. Con este nuevo servicio decimos que no queremos que los pueblos del interior de Castellón sufran una discriminación negativa en cuanto a la prestación del servicio sanitario”.
También se ha dado luz verde por unanimidad a la moción de Compromís para potenciar los recursos turísticos patrimoniales y a la moción del mismo grupo para crear una línea de ayudas a las Pymes del interior de Castellón, que ha incorporado una enmienda de Ciudadanos.
Todo esto, pese a que, según los diputados del PP, todas las demandas de Compromís o Ciudadanos, se están llevando ya a cabo.
El único punto del día que no ha salido adelante, ha sido la moción del PSOE para la convocatoria de la cumbre de alcaldes y alcaldesas, con una enmienda aceptada, de Compromís.
En este sentido, el grupo mayoritario, el PP, la ha considerado electoralista.
Barracones de primera y de segunda
Pero el punto más álgido de la cuestión ha sido el último, sobre la moción de Ciudadanos para eliminar los barracones de los colegios.
El tema tenía su miga y no puede ser más electoralista.
Lo es, porque los integrantes del Gobierno del Botánico criticaron por activa y por pasiva la incapacidad del gobierno anterior, de Alberto Fabra, en la eliminación de barracones y construcción de colegios públicos. Y sigue siéndolo, porque ahora son PP y Ciudadanos los que reclaman ahora lo mismo que se exigió entonces.
Aparte de comprobar que los señores diputados saben hacer estadísticas, sumar, restar y tienen memoria, la sala aprendió un poco más sobre esta política de construcción de colegios y de los barracones de primera y de segunda.
Así quedó de manifiesto cuando tanto Ciudadanos, como PP y PSOE apuntaron cifras, sumaron, restaron e incluso, como ocurrió con el representante socialista, Fernando Grande, explicó la técnica del hormigón proyectado.
Podían tener razón, los de antes y los de ahora, si no fuera porque este enjambre político sacó a la luz historias casi de terror.
En la parte ‘constructiva’ cabe señalar los razonamientos de Grande, al indicar, que los colegios no se construyen de la noche a la mañana, que la gestión es complicada, y que cabe dar salida a esos niños mientras se construyen colegios en las ubicaciones donde están los antiguos. Y la respuesta de Elena Ruiz Vicente, al recordarle, que lo mismo que se cuestiona ahora le pasaba ya al Gobierno autonómico del PP; al tiempo que añadió, que con el Plan Edificant son los Ayuntamientos los que edifican y no la Conselleria. Hasta aquí el debate estaba dentro de lo corriente.
En la negativa, los componentes ideológicos y hasta de mal gusto de las intervenciones. Porque con la moción, Ciudadanos aprovechó para acusar a Compromís y la Conselleria de Cultura de sectarios y dictadores al intentar implantar un modelo lingüístico único.
Lo fue, porque Pau Ferrando, de Compromís, queriendo ser contundente se pasó tres pueblos al acusar a la ultraderecha de amenazar a los maestros.
Lo fue más aún, cuando Fernando Grande, del PSOE, sin una chispa de gracia, entró de forma muy desagradable atacando a Cristina Gabarda y su "mundo fantástico de Naralgilandia, donde hablan español las 24 horas al día" para explicarle las cosas que ella no sabía, y debía de saber... y acabar echádole en cara que si por su partido hubiera sido hubieran eliminado 40 municipios de Castellón.
Y lo fue, porque a estas alturas también la portavoz del PP, Elena Ruiz cuestionó el chantaje lingüístico de Vicent Marzá y el 'imaginario' de Mónica Oltra, para acabar con las bombas del PSOE. en segunda ronda de réplica, lejos de relajarse el ambiente fue a más... francamente desagradable...
La moción se aprobó con los votos de PP y CS.
