El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, reitera la oposición de la institución al proyecto 'Magda' para el establecimiento de una planta solar fotovoltaica en la provincia de Castellón, al entender que tendría un fuerte impacto en el conjunto del territorio y de manera más directa en los municipios les Coves de Vinaromà, Vilanova d'Alcolea, la Torre d'en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, la Vall d'Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora, en cuyos términos se ubicarían la instalación y sus líneas de evacuación.
Es la reacción del dirigente provincial tras la aprobación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un proyecto "que causa preocupación y rechazo social en nuestros pueblos".
Martí señala que "seremos coherentes con la declaración institucional que aprobamos el 15 de febrero de 2022 en el pleno de la Diputación, de la que dimos traslado a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España, en cuyo texto se hacía explícito el rechazo de PSPV-PSOE, Partido Popular, Compromís y Ciudadanos a esta iniciativa".
Añade que "como no podría ser de otra manera, daremos todo nuestro apoyo a nuestras alcaldesas y nuestros alcaldes, que piensan como nosotros, que garantizar el suministro energético no debe provocar una fuerte afección sobre el territorio, ni ser incompatible con el ejercicio de la actividad agrícola". En consecuencia, explica que "respaldaremos todas las acciones de defensa de nuestros pueblos que emprendan los ayuntamientos y la Generalitat Valenciana".
José Martí considera que "con noticias como ésta cobra todo el sentido del mundo la alegación que llevamos el pasado lunes a la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP celebrada en Ourense para instar al Gobierno a incluir en el futuro Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población que todas las leyes que se promulguen y las disposiciones, reglamentos y normativas que se dicten vayan acompañadas de un estudio de territorialidad que tenga en cuenta el impacto que originarán en el territorio económica, laboral y socialmente hablando".
El PSPV de Castelló también se posiciona en contra del proyecto de la planta fotovoltaica MAGDA por las afecciones que puede tener en los municipios en los que se planea su instalación. Así se ha acordado de manera unánime en una reunión convocada por la ejecutiva provincial junto con los representantes socialistas de los municipios afectados.
El secretario general, Samuel Falomir, ha reiterado que "tal y como plasmamos en la declaración institucional aprobada en la Diputación de Castelló rechazamos su puesta en marcha a pesar de la declaración ambiental favorable porque supone "un impacto incompatible con la preservación del territorio y de la actividad agrícola castellonense". Según el dirigente socialista, su implantación afectaría negativamente de manera significativa a un gran número de personas que viven del sector". "Magda va en contra de la economía del interior".
Falomir ha expresado su voluntad de seguir trabajando por la implantación de energías renovables que garanticen un suministro sostenible para los centenares de miles de familias de Castelló, pero, resalta, "no a cualquier precio. Se debe realizar de acuerdo con la voluntad de los vecinos y vecinas, teniendo en cuenta la ordenación del territorio y reduciendo su impacto ambiental". En este sentido, ha insistido en que el PSPV provincial está al lado de los ayuntamientos por los que recorre el proyecto MAGDA. Además, el líder socialista ha afirmado que "la Generalitat tiene todo nuestro apoyo para recurrir esta decisión y trabajar de manera conjunta para paralizar este proyecto tal y como está planificado".
Desde el Partido Popular de la Diputación de Castellón, lamentan que el equipo de Gobierno formado por PSOE y Compromís “haya permanecido totalmente callado durante un año en lugar de defender a los afectados por el proyecto de la megaplanta solar MAGDA”, cuya declaración de impacto ambiental ha recibido la aprobación por parte del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de Sánchez.
“La propuesta del Partido Popular en defensa de los afectados por esta megaplanta fue respaldada por todos los grupos políticos, también por el equipo de Gobierno de PSOE y Compromís, que se comprometieron a defender a los castellonenses, pero que a la vista está que no han hecho nada durante un año para evitar que el Gobierno de Sánchez, es decir su Gobierno, haya aprobado un proyecto que pone en jaque el futuro de los municipios afectados”, explica Pallarés.
“La megaplanta solar que ha aprobado el Gobierno del PSOE es un mazazo para los pueblos afectados porque perjudica de lleno a la economía de los vecinos al destrozar el futuro de la agricultura y la ganadería”, afirma María Ángeles Pallarés.“En el PP vamos a seguir de la mano de los castellonenses. Porque en el PP sí creemos en la escucha activa y en la participación. Y la practicamos, porque los únicos protagonistas de esta provincia son nuestros vecinos”, concluye María Ángeles Pallarés.
Por su parte, la alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, ha pedido el apoyo de la Diputación de Castellón para los municipios afectados por la línea de muy alta tensión (MAGDA) después de que se haya hecho oficial la aprobación favorable de la declaración de impacto ambiental de su trazado y, por lo tanto, la desestimación de todas las alegaciones presentadas por los municipios y entidades afectadas.
Marta Barrachina ha solicitado a la Diputación que inicie de manera inmediata “las acciones necesarias para posicionarse en defensa de los municipios de Castellón ante esta situación, poniendo a disposición todos los medios e instrumentos necesarios para la defensa de los intereses de nuestra provincia así como la puesta en marcha de una mesa de seguimiento y asesoramiento jurídico para la búsqueda de fórmulas de paralización de un proyecto tan perjudicial para Vall d’Alba y los pueblos del interior de Castellón como es la MAGDA, que incluye la instalación de una macroplanta de energía fotovoltaica de 150 MW de potencia en el interior de la Plana Alta”.
En este sentido, Barrachina puntualiza que los ayuntamientos de los municipios afectados por la Magda “necesitamos el apoyo de la Diputación para hacer frente común a este proyecto tan perjudicial para nuestros pueblos”.
Para el portavoz de Compromís, Carles Mulet "MAGDA es una agresión en toda regla a nuestro territorio. Quienes ostentan la representación en el territorio no quieren este proyecto, por inapropiado, desmesurado, por su impacto y por destruir territorio agrícola cuando existen millones de metros cuadrados de suelo ya ocupado e improductivo que podrían acoger esta clase de instalaciones", recuerda. "A pesar de ello y del pronunciamiento inequívoco del Consell, el Gobierno con total desconsideración aprueba una DIA a pesar del parecer del Gobierno del Botànic y del sentir de las comarcas de la Plana y el Maestrat afectadas", ha denunciado.
El senador ha reclamado que reconsideren esta DIA favorable a un proyecto que cuestiona las perspectivas y la vida rural. "Este proyecto es un ataque frontal a nuestra forma de ser, a nuestra cultura, paisaje, medio ambiente y territorio y no parece prudente autorizar un proyecto de esta envergadura que supondrá una transformación territorial brutal. Antes de autorizar la destrucción de un solo centímetro de nuestro territorio que estudie aprovechar todos los tejados de naves industriales, de espacios públicos, que se tome en serio el cambio climático y sea rigurosa ante proyectos de este tipo como la ampliación del puerto de València, pues la postura del PSOE en estas cuestiones es del todo irracional y no pueden seguir así, gobernando de espaldas al territorio", ha dicho.
