Rechazadas las mociones para dotar de enfermería a los colegios y proteger a los propietarios de viviendas ‘okupadas’
La diputación provincial ha vuelto a celebrar su primer pleno después del verano de forma telemática por el incremento de contagios de Covid. La mayoría de PSOE y Compromís ha rechazado las mociones para dotar con un profesional de enfermería a los colegios, y también la propuesta para proteger a los propietarios de viviendas víctimas de los ‘okupas’. Tensión con el tema de la cesión de remanentes y aprobación, gracias a Ciudadanos, para formar parte del accionariado de Tragsa.
E. Molina/Castellón Información
La Diputación Provincial de Castellón ha vuelto sobre sus pasos y ha retomado los plenos de forma telemática, por lo menos por el momento, debido al incremento de contagios por Covid y de las cuarentenas. De esta manera, la ‘normalidad’ en la gestión política se retrasa un poco más aunque el presidente confía en poder recobrarla pronto.
No ha sido un plano largo (en torno a dos horas), y tampoco había muchas mociones presentadas, pero las que se han puesto sobre la mesa, han generado una enorme tensión y cierta polémica tanto para los argumentos que las defendían como para justificar su rechazo.
Y es que ‘el oportunismo’ o ‘el intento de mediatizar problemas casi inexistentes’, han sonado a pobre tanto en los debates como en la explicación de voto.
Punto aparte merece el tratamiento sobre la cesión de los remanentes de las entidades locales al Gobierno de España en la que, como ya se había anunciado, Compromís y PSOE habían pactado una moción de consenso para ‘nadar y guardar la ropa’.
Diputación rechaza la moción para que los colegios tengan un profesional de enfermería
La moción había sido presentada por el Grupo Popular y recibió el apoyo de Ciudadanos, pero se encontró de frente con el rechazo de PSOE y de Compromís.
La moción solicitaba: “Incorporar una enfermera o enfermero escolar, de forma inmediata, en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana sufragados íntegramente por la Generalitat Valenciana.
Que todos los planes de contingencia de los centros educativos estén elaborados, firmados y supervisados por profesionales sanitarios y expertos en prevención de riesgos laborales, en coordinación con el centro de atención primaria del que dependa cada centro educativo.
Y garantizar en dichos centros la existencia de material de protección diario, en función del riesgo al contagio y la vulnerabilidad de la persona, para docentes, personal no docente y el alumnado”.
En este caso, el equipo de gobierno tachó la propuesta de ‘oportunista’, señaló que las competencias eran de Conselleria y Consellería ya había elaborado sus protocolos y remató con aquello de que 'ustedes no lo hicieron cuando mandaban'. Y de ahí no se bajaron.
De nada sirvió que Domingo Vicent (Ciudadanos) o Elena Vicente-ruiz (PP), hablaran de las circunstancias excepcionales por la presencia del Covid; cuestionaran la improvisación o descoordinación que se ha producido en muchos casos, y se refirieran a lo que han tenido que sufrir los centros para realizar sus propios planes de contingencia. También apuntaron que contaban con el apoyo de los sindicatos y denunciaron la falta de medios, ya que de los 50.000 termómetros prometidos solo habían llegado 10.000 y los botes de hidrogel también eran escasos.
En su justificación, la diputada del PSOE, Xaro Miralles, recordó que todos los colegios están adscritos a centros de salud, donde siempre se ha tratado a los alumnos sin problemas.
El carácter visionario de Francés Colomer
Y por citar una anécdota, por primera vez el PP puso por las nubes en Diputación al actual responsable autonómico de Turismo, Francésc Colomer, pero no por sus nuevas responsabilidades, sino por que “fue un visionario cuando ya propuso y aprobó que los colegios de Benicàssim contaran con ese servicio”. Lástima, remató Vicente- Ruiz, que dejara las facturas en el cajón para que las pagaran las siguientes corporaciones.
El problema de ‘los okupas’ está intencionadamente magnificado
La moción presentada por Ciudadanos reclamaba “medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas”. Fue rechazada de nuevo con la mayoría de PSOE y Compromís.
Defendida por Cristina Fernández, no tuvo debate pero si explicación de voto, y fue más que suficiente.
La diputada Fernández se hacía eco en Diputación del problema denunciado en muchos puntos del territorio nacional sobre la ocupación ilegal de viviendas, y las iniciativas políticas que desarrolla su partido en el Congreso. Centraba la problemática en la provincia de Castellón, por la existencia de esa ‘segunda residencia’ que gran parte de la población disfruta, y que convierte a muchas de esas viviendas de verano o de disfrute vacacional en ‘zona de riesgo’.
Y completaba su exposición con la normativa actual que desampara a los propietarios que, en muchas ocasiones pueden tardar años en recuperar sus inmuebles, están obligados a seguir pagando las facturas de consumos de agua y luz y muchas veces recuperan su patrimonio en condiciones desastrosas.
Dicho todo esto, su moción rechazada por mayoría proponía: “Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre otras:
Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del inmueble por cualquier medio válido en derecho;
Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos,
Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas;
Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas”.
Solo el PP apoyó la propuesta.
Vicent Sales recordó los datos de la Fiscalía que sitúan el número de ocupaciones ilegales en más de 7.000, y además, recordó que, para colmo de males, los ‘okupas’ tienen derecho a empadronarse en esas viviendas lo que complica muchísimo que el propietario pueda recuperar su inmueble.
Sales criticó también el apoyo que reciben los movimientos antisistemas, como el de la Plataforma Anti Desahucios de Castellón que, según afirmó, llegó a editar una guía local sobre como proceder para la ocupación de esas viviendas.
Los argumentos estaban bien llevados y, sin embargo, no resultaron suficientes para Compromís ni para PSOE.
Pau Ferrando, además de calificar ‘el oportunismo’ de la moción, interpretó la propuesta y su explicación como de una “estrategia de manipulación”. A su parecer, se magnificaba un problema, porque lo que se persigue por parte de ‘algunos gobiernos’ (se supone que de derecha), es degradar los barrios para poder negociar y especular con ellos con los fondos buitres.
Claro, visto así…
Y su socio de Gobierno, el PSOE, sin llegar a ser tan drástico, también entró en el mismo juego.
El portavoz del Grupo, Santi Pérez, reconoció el derecho de los propietarios a sus viviendas, pero también, el de toda persona a una vivienda digna.
Dicho esto, reconoció que son ciertos los datos a los que se refería el diputado popular, publicados por Fiscalía. Según estos números, durante el 2019 se produjeron 7.093 ocupaciones ilegales en España, y durante el 2020, 7.450. Y la comunitat más afectada sería Galicia… por lo que apuntó, tampoco se han disparado tanto la ocupación con la pandemia”.
Rechazó también que la segunda residencia de Castellón la situara en una posición de riesgo, ya que muchos de estos casos se producen sobre viviendas donde no vive nadie propiedad de las entidades financieras. Por todo ello, como sus compañeros de Compromís, está convencido de que el problema de la Ocupación ha sido potenciado de forma artificial.
El incierto futuro de los remanentes de la Diputación
En cuanto a este tercer tema del pleno, se desarrolló, más o menos, como estaba previsto.
Si hubiera de explicarse por secuencias, cabía comenzar el relato con el último pleno de la diputación en el mes de julio, cuando el diputado Vicent Sales preguntó al presidente si la Diputación si pensaban ceder la totalidad de ‘los ahorros’ al Gobierno de España, según un principio de acuerdo entre la directiva de la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda que, por entonces, todavía no estaba aprobado.
Martí, a parte de mostrar su preocupación por este acuerdo, solo se comprometió a intentar buscar soluciones de consenso.
Pero la FEMP aprobó el acuerdo gracias al voto de calidad de su presidente y a los votos del PSOE, el pasado 3 de agosto. El Gobierno lo respaldaba con un Real Decreto el día 4, y lo remataba el 11 de agosto.
La cosa no está cerrada, de momento, porque muchos grupos políticos que gobiernan en instituciones locales ya han mostrado su rechazo más absoluto y el PSOE no tiene claro que vayan a poder respaldar su Real Decreto en el Congreso el próximo lunes.
Pero lógicamente el PP no iba a desaprovechar la oportunidad, y esta vez no se trataba de una pregunta sino de una moción para rechazar la cesión de estos remanentes.
Paralelamente, Compromís también hizo lo propio, si bien se centraba en la misión que tenía asignada la FEMP de promover una flexibilización de la regla del Gasto de Montoro, para que ayuntamientos y Diputaciones pudieran gastar sus remanentes. Algo que con la normativa actual no pueden.
Y sobre esta base, la polémica de los remanentes llegaba si o también al primer pleno de diputación después del pleno.
Lo que ocurre, es que la película ha tenido cambios de guión. Por una parte, Ciudadanos ha presentado una moción complementaria, que el PP ha aceptado también dentro de la suya. Pero, pero, pero, el Grupo Socialista, presentó y negoció con Compromís una enmienda a la moción de sus socios de gobierno, que estos también han aceptado.
Y la película de enredo llegaba primero a la Junta de Portavoces y finalmente al pleno de la Diputación con un final ‘amañado’ que no dice ni si ni no, y que deja a la Diputación a la espera de lo que ocurra en Madrid antes de tener que posicionarse.
En la sesión de hoy, PP ha aceptado la moción de Ciudadanos y Compromís la del PSOE. Posteriormente se ha votado y rechazado por mayoría la moción PP-CS; y para completar el rizo, se ha aprobado la moción de PSOE-Compromís por mayoría, pero con la abstención de PP y Ciudadanos.
De esta forma, hasta cierto punto, si que ha habido consenso, porque la moción de PSOE y Compromís, aparte de ‘nadar y guardar la ropa’ no se pronuncia sobre el uso de los remanentes de Diputación, pero si pide al Gobierno que flexibilice la regla del gasto para que ayuntamientos y Diputaciones puedan gastar sus ahorros en lo que más lo necesiten.
No ha habido ni debate, solo explicación de voto. Intervenciones en las que cada grupo ha defendido ‘lo suyo’ y poco más.
Bueno si, la intervención del presidente de diputación, José Martí, que ha recordado a la oposición que el hecho de la FEMP hubiera aprobado este acuerdo solo con los votos del PSOE no restaba legitimidad al resultado. Porque, como ha apuntado Martí, Los socialistas en la FEMP representan a 15.000 entidades locales, frente a los 10.000 del resto de los representantes… una mayoría más que legitimada.
Accionistas de Tragsa
En el pleno celebrado hoy también se ha aprobado con los votos de PSPV-PSOE, Compromís y Ciudadanos la entrada de la Diputación en el accionariado del grupo público Tragsa, una decisión que según el diputado de Bomberos, Abel Ibáñez, ayudará a “multiplicar los recursos técnicos y humanos ante emergencias o catástrofes en la provincia y reforzar los servicios de nuestro Consorcio de Bomberos”. Supone, apuntaba el diputado, un “gran paso” porque mejorará la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, en las que con solo realizar una solicitud se podrá disponer “de forma inmediata” de los más de 11.000 trabajadores y las 1.200 máquinas de las que dispone esta empresa estatal. Hasta ahora, la Diputación tenía que licitar los servicios de respuesta o pedir a otras administraciones que actuaran como intermediarias para solicitar la actuación de Tragsa, “algo que con la nueva situación, ya no será necesario; al ser accionistas nuestra velocidad de reacción será mucho mayor”.
La entrada de la Diputación en el accionariado de Tragsa se materializa mediante la compra de una acción valorada en 8.225 euros. Cabe recordar que actualmente la empresa pública está participada mayoritariamente por el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la Administración General del Estado, y en menor grado, por las comunidades y ciudades autónomas, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares.
Pero lo mejor de este tema ha estado, en cómo se ha realizado la votación. El punto necesitaba una mayoría absoluta a favor. Faltaba una diputada PSOE. Por lo tanto, si la oposición votaba en contra se producía un empate y según el secretario, en este caso no valía el voto de calidad del presidente.
Se votó. PSOE y Compromís aceptaron la propuesta, pero ni Ciudadanos ni PP levantaron la mano. El secretario explicó el procedimiento. El diputado Abel Ibáñez rogó al resto de los diputados de la oposición que respaldaran una propuesta que se había conseguido con mucho esfuerzo. Ciudadanos solicitó una nueva votación. Esta vez, los dos diputados del grupo naranja levantaron también la mano y el acuerdo era respaldado por mayoría absoluta. Se abstuvo el PP, porque según su portavoz, Vicent Sales, existen ciertas dudas jurídicas sobre la operación que, pese a los informes favorables, ellos no tienen claras.
Disolución del Consorcio Pla de Meanes
Otro de los acuerdos adoptados en el pleno, en este caso por unanimidad, ha sido la propuesta de disolución del Consorcio de Aguas del Pla de Meanes. La institución provincial deja así sin efecto las actuaciones conducentes a la constitución y funcionamiento del órgano, pendiente desde hace nueve años, durante los que ha permanecido inactivo, e insta a los ayuntamientos asociados a solicitar la adhesión como miembros de pleno derecho del ente homólogo del Pla de l’Arc.
El diputado provincial de Sostenibilidad, Ignasi Garcia, ha manifestado que «es un primer paso que realizamos desde la Diputación para integrar los organismos de gestión de aguas de la provincia en uno solo que garantice a largo plazo un abastecimiento de agua potable más eficiente y solidario para todos los municipios de la provincia, tal como especifica el Plan Director de la Agua». De momento, esta acción permitirá la regularización de la gobernanza de los recursos hídricos del antiguo consorcio de Meanes y la posibilidad de captar inversiones más abundantes gracias a la ampliación del Consorcio del Pla de l’Arc.
El diputado popular David Vicente ha pedido, ya en el apartado de Ruegos y Preguntas, al equipo de gobierno, la mayor celeridad en el desarrollo de los planes de agua en el interior donde lo están apsando francamente mal, y ha advertido que el voto del PP no es un cheque en blanco.
