Aunque ‘la cesión de los fondos’ será ‘voluntaria’, todo hace indicar que estrangulará las finanzas de las instituciones locales
Esperanza Molina/Castellón Información
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado una Junta de Gobierno extraordinaria con un punto más que polémico en el orden del día: la aprobación del acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP, por la que el Gobierno de España podrá incautarse los remanentes de los ayuntamientos y las diputaciones.
El documento que se presenta como acuerdo, parte de la base de que las instituciones locales, sobre todo los ayuntamientos, son fundamentales por su cercanía a los ciudadanos y son la base para poder solventar los problemas más graves que sufre en este momento la sociedad española como consecuencia de la pandemia de la Covid.
Pero dicho esto, la maniobra no parte, cómo sería natural, de que el Gobierno vaya a cambiar las normativas que impiden a los ayuntamientos gastar los ahorros de años anteriores para hacer frente a estas situaciones. Ni promueve fondos extraordinarios estatales para dotar a los ayuntamientos para poder hacer frente a la crisis. Al menos no en principio.
Porque la propuesta le da la vuelta a la tortilla y lo que plantea es que sean ayuntamientos y diputaciones los que cedan la totalidad de sus remanentes en un préstamo al Gobierno de España, para que este pueda hacerse con un fondo de 14.000 millones de euros, con los que actuar frente a toda esta crisis y para mejorar la vida de los ciudadanos.
No es el Gobierno el que dota a las instituciones locales, son los ayuntamientos y las diputaciones los que le prestan el dinero al Gobierno de España para que, posteriormente, el Gobierno se lo ‘devuelva’ ‘blanqueado’ en fondos para los ayuntamientos por un periodo de diez años, pero ojo, solo para que estos pueden invertirlos en las partidas finalistas que les indica el Gobierno en el anexo que acompaña al acuerdo.
En resumen, el Gobierno luchará contra las consecuencias de la Covid con los dineros de ayuntamientos e instituciones, priorizando los puntos que el Gobierno determine más convenientes. Los dineros de los vecinos de un municipio de Castellón no serán invertidos por ese municipio directamente en sus vecinos y en sus necesidades, sino cedidos al Gobierno. Y ya será el Gobierno el que determine su destino y las ayudas.
¿Qué herramientas utiliza el gobierno para forzar esa ‘cesión voluntaria’?
En principio, el Gobierno parte de la ley que condiciona el gasto de los ayuntamientos y el derecho a disponer de sus propios remanentes para realizar por sí mismos las inversiones o los gastos que necesitan.
Según explicaba Salvador Aguilella, concejal de Onda y diputado provincial de Castelló, la Ley que condiciona el gasto de las administraciones locales parte del concepto básico:
Los ayuntamientos y diputaciones no pueden presupuestar para gastos una cifra que supere la previsión de los ingresos que tienen dentro del periodo anual correspondiente, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Los remanentes de tesorería acumulados de años anteriores, por lo tanto, no computan cómo ingresos y en muchos casos no se pueden gastar, ya que se incumpliría el límite presupuestario.
Con la legislación actual, ayuntamientos y diputaciones se encuentran anualmente con remanentes que no pueden gastar.
De esta manera, comentaba Salvador Aguilella, se calcula que, en este momento, puede haber más de 14.000 millones de euros de ahorros de los últimos 8 años de ayuntamientos y diputaciones.
La contrapartida del Gobierno para conseguir este fondo de las instituciones es autorizarles para que puedan gastar más en este año 2020 para hacer frente a sus necesidades, pero sin modificar la ley según la cual no se puede gastar más de lo que se ha ingresado. Es decir, nada.
Y por otra parte, que el Gobierno pueda ‘devolver’ a las instituciones locales que le han cedido sus remanentes, cantidades no determinadas, que los ayuntamientos sí podrían gastar, pero solo en lo que el Gobierno indique, con carácter finalista.
Aguilella destaca que “los ayuntamientos han sido pioneros en poner en marcha medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.
El extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto correspondido por el Gobierno de España que no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo. Y el colmo es que encima quieren expropiar los ahorros de ayuntamientos y diputaciones, que son los ahorros de nuestros vecinos”.
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