El Síndic de Greuges se suma a la investigación y demanda datos a la Conselleria y las diputaciones
La Fiscalía investiga a los municipios con terreno forestal que no dispongan de un Plan de Prevención de Incendios Forestales y podría actuar penalmente contra ellos en caso de siniestro por un delito contra la seguridad colectiva y el Medio Ambiente. 104 municipios de la provincia de Castellón han solicitado la ayuda para realizar o actualizar sus planes, 89 de ellos han entrado en el programa y 9 están en lista de espera.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Todos los municipios de la provincia de Castellón con terreno forestal en sus términos municipales están obligados por ley a disponer de un Plan de Prevención de Incendios Forestales.
No es una normativa reciente, de hecho, en la Comunitat Valenciana la obligatoriedad se remonta a la resolución de la Conselleria de Territorio y Vivienda de 29 de julio de 2005 cuando se publicó una resolución que declaraba los terrenos forestales de la Comunidad Valenciana zona de alto riesgo de incendio. Posteriormente, con fecha de 1 de junio de 2018, la normativa extendía la obligación de que los Ayuntamientos de todos los municipios con terreno forestal, y no solo los de alto riesgo de incendio, dispusieran de estos planes locales de Prevención. Según el anexo que la acompañaba, en la Comunitat Valenciana solo quedaban excluidos 3 municipios de la provincia de Alicante y 14 de la de Valencia. Los 135 municipios de Castellón estaban afectados de lleno.
Lo curioso del caso, es que a finales de 2018, de los 542 municipios afectados (135 en Castellón) solo 61 (13 en Castellón) disponían de los citados planes de prevención. En lo que a la provincia se refiere, 122 incumplían la normativa. Y lo peor de todo, es que no era una excepción en el territorio Español.
“El procedimiento para su aprobación, señaló la Conselleria a instancia del Síndic de Greuges, consiste en la redacción del PLPIF (Plan de Prevención de Incendios Forestales) por un técnico, a iniciativa del Ayuntamiento, que lo aprueba en el pleno municipal, tras el proceso de consultas que considere, y que debe remitirlo a la dirección territorial, para su informe y traslado a la Dirección General para que eleve propuesta a la consellera competente para su aprobación. Estos planes son subordinados a la planificación general de prevención de demarcación y de espacios naturales protegidos”
La Comunitat Valenciana cuenta, además, con una ayuda de los Fondos Autonómicos FEADER-PDR 2014-2020 que gestiona la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales a través de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, con una dotación de 1,5 millones de euros para colaborar con los municipios valencianos en la redacción de sus planes. Con arreglo a estos fondos, el 14 de febrero de 2018, se convocaron las ayudas para el ejercicio 2018 para la redacción de nuevos planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF) o para la revisión de los ya aprobados por parte de los municipios de la Comunitat Valenciana.
Contra todo pronóstico, solo se han recibido solicitudes de 329 municipios de la Comunitat (104 de ellos de la provincia de Castellón). 129 ayuntamientos (18 de Castellón) ni tan siquiera han presentado solicitud.
Y solo una parte de los que se acogieron a las ayudas se podrán beneficiar de ellas en esta edición de 2018 una vez que se han agotado los fondos. En la provincia de Castellón se han concedido estas subvenciones a 89 municipios, mientras que 9 han de quedarse en lista de espera: Almenara, Vinarós, La Llosa, Geldo, Vila-real, San Rafael del Río, Xilxes, Moncófa y Torre Endoménech. Cabe señalar también que se han desestimado las de Eslida, por no presentar toda la documentación requerida y las de Borriana, Forcall y Ribesalbes, que no respondieron a las indicaciones.
La Fiscalía de Medio Ambiente toma cartas
Pero todo este juego de cifras viene a colación por un tema que puede levantar ampollas en muchos de los ayuntamientos que incumplen la normativa, porque ahora ha sido la Fiscalía la que ha tomado cartas en el asunto.
La Federación Española de Municipios y Provincias remitía una circular a los Ayuntamientos el pasado 6 de marzo de 2019, para advertirles que la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía había iniciado una investigación de oficio. La investigación se habría iniciado a raíz del Informe realizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, en relación a los incendios de 2018
Y a los datos facilitados sobre “La previsibilidad de ocurrencia de incendios forestales en España durante la campaña de verano de 2018”. El citado documento analiza las causas de los incendios forestales, cuándo y cómo se producen, el grado de intencionalidad y de negligencia; los riesgos en función de factores como las temperaturas, la climatología o el grado de humedad, y señala varias zonas de gran incidencia en función de las estadísticas y el riesgo de incendios. Una de ellas es el noroeste, Galicia, donde la intencionalidad se sitúa en el 50%, otra, el interior de la península y finalmente, la zona del Mediterráneo español, donde se encuentra la Comunitat Valenciana.
A raíz de este estudio, la Fiscalía investiga si se cumplen los factores de prevención, entre ellos, si se cuenta los obligados Planes de Prevención que deben tener habilitados los ayuntamientos.
En su circular, la Federación de Municipios y Provincias advierte que según indica la Fiscalía, “Partiendo del informe referido, centramos nuestra atención en aquellos municipios situados en zonas en las que exista una previsión de incendios y en los que los mismos se hubiesen producido ya con anterioridad”, es decir, añade la circular, “se trata de saber si realmente se cumple o no esa obligación legal en los municipios (contar con un Plan de Prevención) en los que se dieran esa circunstancia y lo haríamos legitimados por el hecho de que los incendios forestales pueden constituir un delito contra la seguridad colectiva y, en última instancia, contra el Medio Ambiente”.
Y no es solo la Fiscalía quien investiga y se ha pronunciado sobre el tema. El pasado 3 de diciembre, el Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana ya instó a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y emitió una recomendación para que, “con independencia de ayudas dirigidas a los municipios que carezcan del Plpif (Plan de Prevención de Incendios Forestales), requiera a los municipios obligados legalmente a redactar sus Planes locales de Prevención de Incendios Forestales”.
El pasado 19 de junio, el Síndic de Greuges se dirigía de nuevo a las administraciones públicas para conocer las actuaciones que se estaban realizando en este ámbito. Y solicitaba información sobre el cumplimiento de sus recomendaciones del 3 de diciembre. El requerimiento se enviaba a la nueva Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, a las tres diputaciones provinciales y a la Federación Valenciana de Municipios y provincias.
(Agradecimiento a Civio (Artículo de María Álvarez del Vayo) por algunas de las referencias documentales)
