El Proyecto Castor ha pasado de la política a los tribunales. La Fiscalía ha anunciado que ve indicios de prevaricación medioambiental en la tramitación del proyecto, que no contó con todos los informes necesarios cuando se dio la autorización. La decisión ha sido bien acogida por parte del Partido Popular, que califica de ‘absurda’ la decisión anunciada por Ximo Puig, máximo responsable del Psoe en la Comunitat Valenciana, de recurrir ante el Tribunal Constitucional el pago de la indemnización de Castor a ACS por considerarla injusta. Para el PP resulta contradictorio que Puig se manifieste contra su propio gobierno que fue quien pactó el Castor y su indemnización.
Esperanza Molina/Castellón Información
El proyecto Castor, que consistía en el aprovechamiento de una antigua infraestructura para crear un almacén de gas bajo el mar, en las proximidades de la costa de Vinarós, ha pasado de las críticas políticas entre los diferentes grupos políticos, a los tribunales, tras la denuncia que ha presentado la Fiscalía en el juzgado de Vinarós.
El Castor, que ha sido reconocido como el culpable de los más de 500 movimientos sísmicos que afectaron a las costas de Tarragona, Castellón y Valencia, en septiembre de 2013, fue paralizado oficialmente mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros, en el pasado mes de octubre. Pero esta paralización ha tenido sus consecuencias al reconocer la existencia de una cláusula en el contrato, que obliga al Gobierno a pagar, a través de la Empresa Pública Enagás, una indemnización superior a los 1.300 millones de euros a la empresa Escal UGS, que finalmente repercutirá en los recibos de gas de todos los españoles.
Todo esto ha sido repetidamente denunciado en la Diputación Provincial de Castellón, la Generalitat Valenciana, los Ayuntamientos afectados… con una pregunta fundamental que se realizan todos los ciudadanos: ¿Por qué tienen que pagar todos los españoles con sus recibos un proyecto mal gestionado que, según se ha apuntado, no se concedió con todos los informes técnicos necesarios para garantizar su seguridad?
La noticia del día es que, La Fiscalía Provincial de Castellón denunciará ante el juzgado decano de Vinaroz a los responsables de la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y a la empresa Escal UGS por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente.
Concretamente, la denuncia se dirigirá contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la época de Zapatero de la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS.
Esta actuación se respondería con el acuerdo aprobado por la Diputación Provincial y presentado por el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, para que se pidieran responsabilidades políticas.
El Castor salta de la política a los tribunales. ¿Quién es el responsable final de una actuación a la que van a tener que hacer frente todos los ciudadanos con su propio bolsillo?.
Las reacciones no se han hecho esperar.
El responsable del Psoe en la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, anunciaba ayer su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional el pago de la indemnización de Castor a ACS (empresa central de la que dependería Escal UGS ) por considerarla injusta.
La coordinadora general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig ha calificado de “muy acertada” la decisión de la Fiscalía y ha pedido al Partido Socialista que “asuma su irresponsabilidad, cuando gobernaba Zapatero, en la tramitación de un proyecto como éste sin disponer de todos los informes necesarios”.
En la misma línea se pronunciaba el secretario general del Partido Popular de la provincia de Castellón, Miguel Barrachina: “La petición de Fiscalía demuestra que hay muchas dudas sobre la tramitación de los permisos del proyecto Castor que realizó el gobierno socialista. Ya el propio Gobierno de España poco después de tomar posesión Rajoy reclamó ante el Supremo la supuesta irregularidad los tramites”.
Barrachina añadía que “La irregularidad de dos tramites concretos, por un lado el Consejo de Ministros por el que se aceptaba unos Estudios de Impacto Ambiental que habían omitido los estudios sísmicos. Por otro, la cláusula abusiva por la que funcionase o no funcionase el proyecto habría que indemnizar”.
A simple vista, parecería que los dos partidos mayoritarios, actualmente, estarían de acuerdo en temas como el pago de la cláusula abusiva.
Sin embargo las cosas no son tan sencillas. El Partido Popular señala la culpabilidad del Gobierno Socialista y manifiesta que el recurso de Ximo Puig es una contradicción, porque el responsable socialista estaría denunciando al PP por el pago de una cláusula que aprobó el Partido Socialista. De la misma forma, el recurso de Puig ha sido calificado de absurdo por el secretario general del Partido Popular en la provincia de Castellón, Miguel Barrachina.
Barrachina ha criticado que “el PSPV ha llegado al límite del absurdo: se posicionan en contra de lo que ellos mismos aprobaron en Consejo de Ministros. Y celebramos que la Justicia actué contra, no solo los responsables técnicos, sino los políticos”.
Cabe recordar, indicó Miguel Barrachina, que el procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia, que era competencia exclusiva del Gobierno Central, fue iniciado en 2007, bajo la presidencia del socialista Rodríguez Zapatero y con los ministros Joan Clos y Cristina Narvona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente, respectivamente. Ya las primeras concesiones y licencias llegaron con el visto bueno del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 1º de junio de 2010, también bajo el Gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero.
Fuentes socialistas han afirmado por otra parte, que las primeras gestiones habrían sido iniciadas en el 2002, con el Gobierno de Aznar, del Partido Popular, ya que la infraestructura que aprovechaba el Castor había sido realizada cuando se autorizaron prospecciones para la búsqueda de petróleo, en las costas del Mediterráneo. Los resultados indicaron que las prospecciones no eran rentables y entonces se abandonó el proyecto, que luego fue aprovechado años después para el Castor.
Al cabo de los años, y cuando en el 2013 el Castor se ponía en servicio con las inyecciones de gas, comenzaron los problemas, cuando comenzaron a detectarse más de 500 movimientos sísmicos, que los habitante de los municipios más cercanos, denunciaron reiteradamente.
A partir de entonces comenzaron las manifestaciones y las protestas. La Empresa adjudicataria, Escal UGS, era obligada a paralizar las inyecciones de gas. Y finalmente, se conocían los informes técnicos que apuntaban a que podrían encontrarse fallas, no detalladas en el informe ambiental que se presentó cuando se solicitó la licencia, porque no se habían encargado ciertos estudios sísmicos de la zona.
Aunque el Gobierno acabó pronunciándose por la paralización del Castor, y la empresa adjudicataria, Escal UGS renunció a proseguir con el proyecto, el contrato, blindado, pasaba por la cláusula firmada en su momento para indemnizar a esta empresa con una cantidad superior a los 1.300 millones de euros.
El pasado 3 de octubre, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto Ley que establecía la hibernación de las instalaciones, consolidando la paralización de las operaciones en el almacenamiento ya aprobadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Durante la hibernación, indicaba el Real Decreto, no se realizará ninguna extracción o inyección de gas natural en el almacenamiento, se podrá poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras.
Se aprobaba, asimismo, la extinción de la concesión de explotación del almacenamiento tras la renuncia por parte de Escal UGS, S.L. Por otro lado, se establecía la asignación de la administración y mantenimiento de las instalaciones a Enagás Transporte, S.A.U. quien se encargará durante la hibernación de su mantenimiento y operatividad, así como de la realización de los informes técnicos necesarios. Los costes asociados a la administración de las instalaciones serán retribuidos por el sistema gasista.
Reconocimiento de la inversión
Por último, el Real Decreto Ley establecía el reconocimiento de 1.350,7 millones de euros a Escal UGS, S.L. por el valor de la inversión. Esta cantidad sería abonada por Enagás Transporte a Escal UGS, S.L, que a su vez, adquiriría derechos de cobro del sistema gasista que se pagará durante un plazo de treinta años. El primer pago se realizará el 25 de abril de 2016. En resumen, que el coste del Castor sería pagado por todos los ciudadanos, a través de los recibidos del gas.
