Después de celebrar las elecciones generales y una vez constituidas las dos cámaras de las Cortes, ha llegado el momento en un régimen como el nuestro, en que el Rey tiene que entrar en acción. En modesta acción, habría que aclarar.
Porque el artículo 99 de nuestra Constitución no deja mucho espacio para el Monarca. Su papel se limita a entrevistarse con los lideres políticos implicados en la formación de gobierno y proponer formar gobierno a aquel que le presente mayores avales para lograrlo.
Es posible que ello lo consiga el partido que ha vencido en las elecciones -en este caso el PP- o que lo haga el que ha resultado perdedor pero es capaz de sumar suficientes apoyos de otros partidos parlamentarios -tal seria el caso del PSOE-.
En ningún lugar de nuestra Constitución se otorga al Rey la facultad de valorar la calidad de los partidos que han logrado acceder al Parlamento. Para el Rey, Vox es un partido tan válido como Sumar y también como Bildu, ERC o JXCat.
El Rey no podrá entrar a calibrar la categoría política y moral de quienes son juzgados por algunos como ultraderecha, por otros como ultraizquierda o por filoterroristas, por golpistas, por separatistas o incluso por republicanos, es decir contrarios a lo dictado en el artículo 1-3 de la Constitución que consagra la Monarquía Parlamentaria como la forma política de nuestro Estado.
No es la primera vez que nuestro Rey se ha visto ante el aprieto de tener que enfrentar una tan comprometida tarea. Desde que han desaparecido el bipartidismo y las mayorías absolutas la decisión del Monarca se ha vuelto más complicada. Y nunca lo va a ser tanto como en esta ocasión pues a menos que la derecha consiga sumar, la izquierda va a hacerlo contando con apoyos desprestigiados, particularmente por un partido cuyo líder está perseguido por la justicia.
Para analistas muy respetables de nuestro entorno, este es el momento en que Felipe VI va a tener que mojarse y juzgar la calidad de los candidatos escogiendo a los que considere más convenientes para conducir los destinos del país. Y debe hacerlo porque de lo contrario la sociedad consideraría que el papel de la Monarquía sería prescindible poniendo en grave riesgo a la Institución.
Otros pensadores igualmente respetables creen que el Rey no está facultado para ir más allá que señalar al candidato que haya obtenido más apoyos parlamentarios como resultado de las elecciones, aunque entre ellos se encuentren partidos como ERC, Bildu o BNG que recientemente han declarado una vez más que el Rey de España no les representa. O haya un individuo que al regresar a España en Falcon después de haber huido en un maletero, arriesgue tener que pasar un tiempo en prisión. Si el votante español, basándose en una ley electoral discutible pero aun válida, les ha dado acceso al Parlamento, el Rey no está facultado para denegárselo.
Pronto saldremos de dudas. El día 17 se conformarán las Cortes y el 21 empezarán las visitas al Rey de los líderes políticos. ¿Creen que Felipe VI va a mojarse? Desde mi firme convicción monárquica y democrática yo creo que no.
