La indemnización de 1.300 millones a la empresa promotora del Castor es más de lo que ha invertido nunca el Gobierno en la provincia de Castellón. Javier Moliner manifestaba hoy su indignación ante el pago de esta indemnización que fue pactada por el Gobierno socialista. Por su parte el Tribunal Superior de Justicia ha informado que la querella interpuesta por la fiscalía, no ha podido ser registrada todavía, porque el juzgado número 4 de Vinarós estaba de guardia.
Esperanza Molina/Castellón Información
La indemnización supermillonaria de 1.300 millones a la empresa Escal UGS , promotora y ejecutora de la planta del proyecto Castor, sigue generando polémica.
Esta mañana, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, señalaba durante su conferencia en el Casino Antiguo, que se siente indignado. Indignado porque un gobierno, en aquel caso del Psoe, pactara y aprobara un proyecto como el Castor sin disponer de los estudios sismológicos obligatorios para garantizar su seguridad. Indignado, porque el mismo Gobierno, del Psoe, blindara el contrato con la empresa adjudicataria con una indemnización súper millonaria si el proyecto no se llevaba a cabo. Indignado porque los 1.300 millones de euros que se ha pagado a la empresa del Castor, superan con creces lo que ningún gobierno ha invertido en Castellón a lo largo de su historia.
La Diputación, añadió Moliner ha seguido de cerca este proyecto. La primera preocupación surgió cuando la empresa adjudicataria comenzó a realizar pruebas de inyección de gas, que generaron más de 500 seísmos en poco más de 20 días.
Había que parar el proceso que afectaba negativamente a toda la costa norte de la provincia: fundamentalmente, Vinaròs Benicarló y Peñíscola.
Una vez que los expertos demostraron la peligrosidad del Castor, surgió la existencia de una indemnización supermillonaria, que el Gobierno del Psoe había comprometido con Escal UGS, la empresa adjudicataria. Tanto el Ministerio como la Diputación denunciaron este contrato para no pagar la indemnización, pero los tribunales se pronunciaron en contra porque estaba amparada por la decisión de un Consejo de Ministros que la legalizaba. “Cabe preguntar, quien componía aquel Consejo de ministros”.
La problemática del Castor se encuentra también inmersa en un proceso judicial. A finales de año, la fiscalía anunciaba que existían indicios de prevaricación medioambiental en la tramitación del proyecto, que no contó con todos los informes necesarios cuando se dio la autorización. Por esta razón, la Fiscalía anunciaba su intención de denunciar ante el juzgado decano de Vinaros a los responsables de la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y a la empresa Escal UGS por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente.
Concretamente, la denuncia se dirigirá contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la época de Zapatero de la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS.
Según ha confirmado esta mañana el Tribunal Superior de Justicia, La querella de Fiscalía por Castor ha sido repartida desde el decanato de los juzgados de Vinaròs, y le ha correspondido al juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs.
Sin embargo la querella no ha podido ser registrada todavía, dado que el Juzgado se encontraba ‘de guardia’.
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