PP y CS ‘confirman’ lo que sospechaban, los testigos, no los respaldan y PSOE, Podemos y Compromís no ven problemas
La Comisión de Investigación del proceso por el cual se contrató la remodelación de la Sala de Seguridad de la Policía Local de Castelló terminará como empezó, con dos versiones opuestas que ambas partes afirman haber confirmado. Según CS y PP, no se cumplieron los objetivos del contrato. Los testigos lo desmienten. Y PSOE, Podem y Compromís se centran en que era necesario y todo fue ‘normal’.
Esperanza Molina / Castellón Información
Desde que comenzaron las testificales en torno a las ‘presuntas’ irregularidades' cometidas en la contratación de la Sala de Seguridad, se podía adivinar ya que las conclusiones serían dispares y no harían sino confirmar lo que cada parte avanzaba desde el principio.
Ni los testigos que comparecieron presencialmente, ni los que, hasta el momento, lo han hecho por escrito, han respaldado las afirmaciones realizadas por PP y CS de que se produjeron irregularidades, que ambos grupos atribuyen, con nombre y apellidos al entonces concejal Toni Lorenzo y al máximo representante de Seguridad, ahora de servicio en Palma.
Faltan por conocerse, por parte de los periodistas, el resto de las declaraciones por escrito que todavía deberán presentar los responsables de las empresas que participaron en el proceso, y las aportaciones de los políticos.
La próxima reunión, que previsiblemente dará ‘la puntilla’ a la comisión, con la declaración presencial del perito judicial, a petición del PSOE, el próximo 29 de octubre. Una comparecencia que tampoco resultará sencilla para el perito.
En sus preguntas, CS y PP se han reiterado en los aspectos de: que no se justificó la renovación de la sala, que la externalización del pliego de condiciones para contratarla fue interesada, como también las adjudicaciones a que dieron lugar: los lotes 1, 3 y 4 a Eurocop, y el 2 a APD, tras el recurso presentado ante el Tribunal Administrativo.
Insisten en que el CIMSE no unifica las salas de seguridad, el PP incluso vuelve a dejar caer, que la empresa que redactó los pliegos y la adjudicataria de 3 de los cuatro lotes “eran vecinas”, pese a que este punto fue descartado, tanto en la investigación, con un informe de Hacienda; como en las declaraciones de uno de los testigos.
También mantienen que Eurocop no entregó sus cámaras de seguridad en el momento convenido e, incluso, llegado el caso, acusan al ex intendente general de haber modificado el contrato al cambiar su ubicación. Todo ello y, pese a que los testigos también han coincidido que fue el Departamento de Ingeniería el que solicitó que se trasladaran a otro punto para no duplicar recursos.
Por parte del PSOE, Compromís y Podemos, sus preguntas se han centrado, sobre todo, en demostrar, que la remodelación de la sala era una necesidad, dada la precariedad extrema que presentaban.
A sus preguntas y a las de la oposición, los testigos han repetido una y otra vez, que el objetivo del contrato se cumplió porque la Sala está preparada para lo que se perseguía, otra cosa fueron las decisiones políticas que se tomaron posteriormente. Pero esto es insuficiente para CS y PP, que se cierran en banda. Si se pretendía una sala unificada, afirman, no se ha conseguido, sigue habiendo dos salas de seguridad y, eso, dicen, es incuestionable y no justifica el gasto.
En resumen, lo de menos es lo que declaran los testigos.
Aunque lo peor de todo han sido algunos de los tonos empleados en las preguntas. No que ha provocado tensiones y malestar en algunos de los testigos presenciales, y amenazas de ‘recurrir a los tribunales’ para defender su honor, en los no presenciales.
Uno de los testigos que menos se ha cortado en sus respuestas en este proceso, ha sido el comisario FG, que estuvo en Castelló como intendente general coordinador, que ha respondido a algunas preguntas del GMP con la afirmación de que se había ofrecido gustosamente a colaborar, no a especular. Algo que reiteró en varias ocasiones.
Preguntado por el PSOE si “Creía que hubo habido una campaña de desprestigio desde algún ámbito para cuestionar la labor de la Policía Local”, fue tajante:
“Sin lugar a dudas. Es un hecho que denuncié públicamente durante mi estancia en Castellón (el propio presidente de esta Comisión, el Sr. Vida!, recordará bien estos hechos y mis advertencias públicas de que se estaba dando fuste a maniobras y declaraciones de terceros con intereses espurios). Cuatro años más tarde y casi una docena de sentencias y resoluciones después, todas y cada una de las actuaciones promovidas de contrario han sido desestimadas por Juzgados y Tribunales y con condena en costas, ratificando nuestra actuación, pero claro, ahora ya no es noticia".
Y apuntaba: "Después de casi cuarenta años de servicio en seis ayuntamientos distintos, no recuerdo unos ataques tan injustificados e insensatos a mi parecer, como los que sufrimos los responsables, funcionarios y cargos electos indistintamente, de la Policía Local de Castellón. Se prescindió de la mínima prudencia exigible cuando se abordan cuestiones de seguridad pública que pueden crear una falsa sensación de inseguridad en la ciudadanía; nunca antes había presenciado una forma de actuar semejante, con independencia del signo político de gobernantes u oposición. Así lo hice saber públicamente -insisto- y hoy lo reitero aquí”.
Finalmente, y a la espera de que comparezca el perito; también su informe resultó cuestionado por algunos de los testigos. Los más técnicos, porque ni sus apreciaciones ni sus observaciones eran correctas con lo que marca la normativa. Por Compromís o Podemos, y sobre todo por PSOE, de forma más agresiva, porque no sostiene muchas de sus afirmaciones.
De esta forma, durante la última reunión, para delimitar lo que falta y lo que queda, y lo que conviene realizar ahora, las diferentes partes ya lo decían en voz alta. No habrá conclusiones consensuadas. Y es que, aquí, nadie se baja del ‘burro’.
