La 'querella de los sobres', la trama de la Subdelegación del Gobierno y la resucitada operación Púnica, en el punto de mira
El miedo a las repercusiones de la investigación del fraude de la Subdelegación del Gobierno, a lo que diga la Audiencia en torno a la ‘querella de los sobres’, o a que estallen los conflictos acumulados, ha resucitado también la Operación Púnica en Castellón, que ya se cobró pieza en 2015. La política vuelve a utilizar la justicia como herramienta para conseguir votos en las próximas elecciones. El lunes se aceptará la renuncia de Lorenzo; Compromís y PSOE presionan para que se vaya Pérez Macián; y el PP pide la comparecencia de la alcaldesa para hablar de Lorenzo.
Esperanza Molina / Castellón Información
Clima de tensión, acoso y derribo en la provincia de Castellón, donde se miden con lupa los empadronamientos y los censos electorales de los municipios, porque está en juego la Diputación de Castellón.
Y guerra abierta en el Ayuntamiento de la capital de la Plana, donde la justicia se utiliza abiertamente como una herramienta más, destinada a buscar votos para las próximas elecciones.
Solo así puede explicarse lo que ocurre en estos momentos donde se suceden los anuncios y las condenas hora por hora.
El final de la legislatura marcada por la corrupción
Esto sucede después de una legislatura marcada por una promesa de cambio y surgida después de que estallara una trama de corrupción.
El resultado de las elecciones del 2015 demostró que los ciudadanos estaban hartos de muchas cosas, y que no todo valía en el plano político. Partidos que habían gobernado durante mucho tiempo se vieron sacudidos por la sombra de la corrupción que pesaba sobre sus compañeros de agrupación. Los que llegaron prometieron no repetir nunca más aquellas acciones. La Gürtel, la Operación Púnica, y otras tantas, dieron la vuelta a las instituciones, aunque quizá ni los que subieron al poder dejaron de ser oposición, ni los que pasaron a la oposición llegaron a asumir que no estaban en el Gobierno. Cuatro años después, la cercanía de las elecciones ha vuelto a resucitar antiguos fantasmas que ahora ya no tienen colores asignados.
Durante este periodo han surgido otros casos, otras investigaciones, otras presuntas corrupciones. El planteamiento vendría a ser este: Si los tribunales pudieron influir en los resultados electorales del 2015 ¿Qué mejor que volver a ellos para intentar influir en los resultados?
Ante la duda, crispación y provocación.
La querella de los sobres
La ‘querella de los sobres’, presentada por el concejal del Grupo Popular, Juan José Pérez Macián, demostró que no había ni tan buenos ni tan malos, y que el código ético que se aprobó el 30 de abril de 2015 para aplicar a los concejales y cargos del PP, ya no era bueno cuando tocaba aplicarlo a para otros grupos como Compromís, o en este caso CseM, pese a que en el 2013 fueron Izquierda Unida y Compromís los que lo pidieron a gritos.a
La excusa en la que se escudan ambos grupos municipales, que pasaron de la oposición al gobierno, es que ahora no es lo mismo que impute un juez por un proceso de investigación, a que lo haga el juez porque antes denunció un concejal del PP. En cualquier caso, la querella de los sobres está en el juzgado de lo Penal y tanto la actual concejal, Ali Brancal, como el secretario Autonómico para el Empleo, Enric Nomdedeu, se encuentran investigados por unos hechos calificados de corrupción.
La instrucción judicial determinará si ambos políticos utilizaron los fondos municipales para financiar acciones de campaña electoral de Compromís en las elecciones europeas de 2014. Compromís solo cumplió el código de Buen Gobierno, cuando fue forzado a ello en el pleno del Ayuntamiento.
Entonces y hasta ahora, el discurso de Compromís se ha centrado en la corrupción del PP, y en que las campañas electorales que auparon a algunos de los concejales actuales de ese grupo pudieron haber sido elegidos en unas elecciones corruptas.
Pero el proceso que le ha costado el puesto a Brancal se ha cobrado lo suyo. Puede que Compromís no llegara a ver las orejas al lobo hasta el final, lo cierto es que, desde que su concejal fue declarada investigada por el juez, en julio de 2018, hasta su cese formal, a principios de 2019, el desgaste político y electoral del grupo fue mucho mayor a lo previsto.
Durante todo ese tiempo, su socio de Gobierno, el PSOE, se limitó ‘a verlas venir’ y aprovechó el espacio que le dejaba la polémica centrada en Compromís para vender como propios los acuerdos de ambos grupos en la gestión municipal.
La alcaldesa, en este tema, actuó de forma ‘institucional’ con una de cal y otra de arena, dando espacio y más que espacio con una gran dosis de respeto para que Compromís actuara… ¿fue solo respeto o estrategia política para fomentar el desgaste de Compromís?
La trama de la Subdelegación del Gobierno
Como donde las dan, las toman, tampoco el PSOE se ha quedado al margen de las polémicas de corrupción. Dejando a un lado las investigaciones por presuntas corrupciones del PSOE en torno a la financiación de campañas electorales, en Castellón, la trama de la Subdelegación del Gobierno de Castellón ha estallado también, y a cuatro meses de elecciones.
La trama se descubrió hace año y medio, cuando desde la misma subdelegación se puso en conocimiento de la autoridad judicial que se habían detectado irregularidades con las facturas pagadas y emitidas por los proveedores. Casos como los pagos de dietas, gasolina de coches que no se usan comenzaron a abrir un melón que engordó con los meses.
Cuando estalló el caso, el entonces subdelegado del gobierno, del PP, se vio envuelto en una crítica feroz por parte de los grupos de izquierda, fundamentalmente, el PSOE… hasta que los socialistas ganaron la moción de censura y el Gobierno Central cambió de color.
Lo que podría haberse quedado en un pitufeo de pequeñas facturas irregulares crecía y crecía… y la instrucción del caso también lo hizo.
En este punto cabe recordar, que la Subdelegación depende del Gobierno Central y, por tanto, la persona que está al frente no está sujeto a las elecciones locales o autonómicas. Aunque Ayuntamiento y Generalitat han permanecido largos años gobernados por el PP hasta las elecciones del 2015, los subdelegados han sido nombrados por Madrid en función de su militancia política. Dicho de otra manera, PP y PSOE se han alternado en esa institución durante la última década. Antes de David Barelles, del PP, que denunció las irregularidades descubiertas, estaba Antonio Lorenzo, y antes que este Juan María Calles, ambos del PSOE.
La investigación de la trama de la Subdelegación del Gobierno de Castellón presentaba, por tanto, un panorama incierto para los socialistas … aunque quizá no se pensó que se pudiera retroceder tanto y tan a fondo como se ha hecho, ni que las cosas se les complicaran tanto.
El viernes, 1 de febrero de este año, hace una semana, Toni Lorenzo comparecía ante los medios de comunicación para comunicar su renuncia a las actas de concejal y diputado provincial. Lo hizo después de declarar ante la Policía Nacional, y de conocer que estaba en el candelero de una trama que comenzaba a aflorar algo más que el pitufeo esperado. Su grupo, el Socialista, vendió la renuncia como un acto de dignidad y un espíritu de partido.
Para el Grupo Popular el color de la película era muy diferente. Estaban convencidos de que Lorenzo sabía mucho más de lo que decía, de que el mar de fondo se había convertido en temporal, y de que la renuncia se producía como la única tabla de salvación del PSOE, antes de que estallara la tormenta. A cuatro meses de elecciones el PSOE no podía arriesgarse a esperar a que llegara una citación de investigación formal que forzara la aplicación del Código de Buen Gobierno.
Y sus sospechas se confirmaron tres días después, cuando el Juzgado comunicó la ampliación de la investigación y citó a Toni Lorenzo y a otras cinco personas como investigados en la instrucción de un caso, que podría tener un trasfondo de uso de recursos electorales para fines políticos.
Lo curioso de este caso, es que un día antes de que se conociera la investigación de Lorenzo, los medios de comunicación del Grupo Prisa filtraban el contenido de un informe de la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO), sobre una investigación practicada en 2015, la operación Púnica, que se llevó por delante el acta de concejal de Alfonso Bataller y ponía en el candelero al concejal Juan José Pérez Macián.
Por hilar las fechas, La renuncia de Toni Lorenzo fue el viernes, 1 de febrero. El 6 de febrero, miércoles, se filtraba el informe de la UCO sobre la operación Púnica, que afecta a Bataller y a Juan José Pérez Macián. La actualidad mediática se trasladaba ya de nuevo al PP, y el 7 de febrero, jueves, se conocía el auto del juzgado con la investigación de Lorenzo.
¿Puede ser casualidad?
La Púnica resucita en Castellón con el don de la oportunidad
Dicen que las casualidades no existen… al menos, así lo entiende el PP, para quien la filtración del informe de la UCO puede tener más de oportunidad que de contenido.
Por recordar un poco la historia, se denominó operación Púnica al operativo iniciado por la Guardia Civil, a instancias de la Audiencia Nacional, por una trama de corrupción, que habría adjudicado servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales. La guardia Civil detuvo el 27 de octubre de 2014 a 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios, de PP, PSOE e incluso de IU. A consecuencia de esa investigación fueron investigados más de 90 ayuntamientos.
Entre los detenidos, como presunto cabecilla de la trama se encontraba Alejandro de Pedro Llorca, consultor y empresario con residencia en Valencia.
En Castellón, la Guardia Civil puso al descubierto, que el Ayuntamiento de Castellón y el PP Local de Castellón habrían contratado los servicios de este empresario, Alejandro de Pedro Llorca, y la empresa Madiva, para realizar campañas de comunicación e imagen en periódicos controlados por la red, y de posicionamiento de la imagen del alcalde. El tema se descubrió el 9 de junio de 2015, cuando la guardia Civil se personó en el Ayuntamiento de Castellón que, como otros 90 ayuntamientos de toda España constaban como clientes en la documentación de la empresa de Pedro Llorca y la trama Púnica. El Ayuntamiento había contratado dos banners publicitarios y el PP de Castellón un posicionamiento reputacional. Ninguna de las facturas llegó a pagarse, porque cuando estalló la Púnica, se bloqueó todo.
Tal como publicó Castellón Información, aquella historia tuvo un coste político enorme para el PP, en el 2015. Pero no hubo auto judicial que investigara ni al alcalde Bataller, ni a su portavoz, Juan José Pérez Macián.
Sin embargo, el pasado miércoles, 6 de febrero, un día antes de que se conociera la investigación del ex concejal socialista Toni Lorenzo, se filtraba a través del grupo de comunicación no solo el contenido del informe, sino también las grabaciones y el material de la investigación de la UCO de 2015, con fecha de 8 de enero de 2019, y con la conclusión de que, a su parecer, tanto Bataller como Pérez Macián podrían haber incurrido en delito en aquel momento.
¿Casualidad u oportunidad?
Según la documentación a la que ha tenido acceso Castellón Información (informe de la UCO), tanto las grabaciones como los datos de la investigación no habrían sufrido cambios desde 2015. Oficialmente no hay conocimiento de que la Audiencia Nacional haya dictado una nueva investigación ni haya optado por reclamar la comparecencia de Bataller ni de Pérez Macián. O al menos, se desconoce.
Compromís y PSOE piden la cabeza de Macián por la repercusión mediática
Solo con estos datos, las filtraciones a través de los medios de comunicación (sin conocer de primera mano el contenido del informe) con grabaciones que no suman ni tres minutos, y sin auto judicial de por medio, Compromís consideraba demostrada la corrupción del concejal del PP Juan José Pérez Macián (autor de la querella contra Ali Brancal) y afirmaba que era buscado por la Guardia Civil. Y el PSOE, a su vez, no solo pedía explicaciones, sino que se le aplique el Código de Buen Gobierno.
La alcaldesa se sube al tren
Y esto podría ser solo un discurso de estrategia política por parte de ambos grupos, pero ha llegado a más desde el momento en que la primera autoridad municipal, la alcaldesa de Castellón, también ha tomado la iniciativa.
Curiosamente, la alcaldesa que dio un margen de casi seis meses de ‘respeto’ a su vice alcaldesa de Compromís, se apresuraba a pedir responsabilidad al PP y a Juan José Pérez Macián solo un día después de la filtración del informe de la UCO (sin más información). Esto ocurrió el pasado jueves, 7 de febrero, poco antes de que se conociera la investigación de su compañero Toni Lorenzo.
Y si hasta entonces la alcaldesa había intentado asomar un posicionamiento neutral e institucional, un día después se subía al tren de la campaña anti PP, pero ya como primera edil del Ayuntamiento.
En función de la información publicada y los menos de tres minutos de grabación de Radio Castellón, la alcaldesa enviaba un comunicado anunciando una investigación sobre los contratos de los alcaldes del PP, Alberto Fabra y Alfonso Bataller con las empresas de la Púnica…
Este periódico no ha podido encontrar en el informe de la UCO referencias que impliquen a ambos en presuntos delitos judiciales… cabe suponer que la alcaldesa, como primera autoridad, disponga de esa documentación que justifique un anuncio que, hoy por hoy, parecería más político que institucional.
Hasta aquí y, con los tres escenarios montados (de momento) que cada cual saque sus consecuencias.
El PP pide la comparecencia de la alcaldesa para que de explicaciones sobre Lorenzo
Las ultimas novedades en todo este asunto, tras el comunicado de la alcaldesa, pasan por la petición del Grupo Municipal Popular, pasada por el registro municipal el viernes, 8 de febrero, en la que se solicita la comparecencia de la alcaldesa de Castellón, en el pleno ordinario del día 28 de febrero, para que “informe al pleno acerca de las circunstancias, motivos, datos relativos a la dimisión y renuncia de todas sus responsabilidades y condición de concejal del miembro de su gobierno municipal, Antonio Lorenzo, dada su condición de delegado de Hacienda y Gestión Municipal hasta su renuncia, así como acerca de si tenía conocimiento, en el momento de realizar junto a él las manifestaciones halagando su honradez y honestidad, de que estaba citado ya a comparecer como investigado ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Castellón por presuntos delitos contra la Administración”.
Por cierto, el lunes, 11 de febrero, se celebrará pleno extraordinario para aceptar la renuncia de Antonio Lorenzo a su acta de concejal.
