Discrepancias entre los socios de Gobierno sobre la conveniencia de cambiarlo 'por las bravas'
La hipotética modificación del Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Castellón, marea tanto a los socios del Acuerdo de Fadrell como a la oposición. El equipo de Gobierno ha hablado de la posibilidad de sacarlo adelante, pero no ha convocado comisión alguna con la oposición. CS y PP esperan la llamada y se niegan en redondo a que un tema tan importante se apruebe por mayoría simple en el pleno. El PP, además, exige responsabilidad: "lo que era bueno para nosotros, debe serlo para todos"
EM/ Castellón Información
Tras ‘la guerra de las Tascas’ iniciada entre empresarios y Ayuntamiento de Castellón, la posibilidad de que se produzca un nuevo ‘caso Brancal’ ha despertado también la necesidad de modificar el Código de Buen Gobierno, que juran o prometen los concejales de Castellón desde abril de 2015 cuando toman posesión.
El Código Ético, elaborado tras meses de reuniones de una comisión e la que formaron parte todos los grupos políticos entre 2013 y 2015, se pensó para ponerle la cara roja al PP en plena etapa de la corrupción Gürtel, y para poder despachar concejales y alcaldes solo por el mero hecho de que fueran señalados como investigados en una causa de corrupción.
Los más exigentes en las medidas de aquel código fueron Compromís e Izquierda Unida. Pero pasó la legislatura, los grupos de izquierda firmaron el Pacto del Grao y la primera en caer fue la entonces vicealcaldesa y concejal de Compromís, Ali Brancal. No llegó a aplicarse en el caso de Toni Lorenzo, porque el concejal renunció previamente a su cargo.
Con la nueva legislatura, el Acuerdo de Fadrell valoró modificar ese Código para adaptarlo a la normativa que aplica la Federación de Municipios y Provincias.
Pero el planteamiento requeriría que se conformara una nueva comisión ética para estudiarlo ¿o no? Si el primero fue fruto del consenso… ¿no cabría repetir el mismo camino para que fuera aceptado por todos los concejales? Pues no está tan claro el tema.
Con la polémica de las Tascas sobre la mesa, la amenaza de los empresarios de poner el tema en manos de la Fiscalía al entender que carece de mediciones que certifiquen su restricción de Zona Zas, y sus acusaciones a Rafa Simó, porque según ellos incumplió su responsabilidad, el Código Ético ha vuelto a ponerse de moda.
Lo curioso de ese tema, es que todos hablan de él, pero no hay nada oficial al respecto. El portavoz del equipo de Gobierno, Rafa Simó, confirmó el pasado jueves, que la modificación del Código ético está en el programa del Acuerdo de Fadrell, y también, que solo se necesitaría una mayoría simple para sacarlo adelante. Es decir, que no tendrían que convocar comisión ética ni nada que se le parezca, o que lo que opine la oposición podría no tener peso alguno, ya que PSOE, Compromís y Podem tienen mayoría suficiente.
Tanto PP como Ciudadanos confirman que no han recibido invitación alguna a formar parte de una Comisión ética para modificar ese Código.
Pero añaden también que, según sus informaciones, el equipo de Gobierno tendría la intención de llevarlo a pleno sin consultarlo con ellos, y de hecho, apuntan, que se llegó a apuntar la posibilidad de votarlo en la sesión ordinaria de noviembre.
Por si la cosa de que ‘cuando suena es que el río lleva agua’, desde el Grupo Municipal Popular ya han manifestado su negativa tajante a modificar un código que fue bueno para aplicarlo contra el PP, pero que podría haber dejado de serlo, si existe alguna posibilidad de que alguno de los concejales del equipo de Gobierno pudiera ser investigado en causa judicial.
En este sentido, la portavoz del GMP, Begoña Carrasco señalaba: que “una cuestión de la naturaleza y la trascendencia de la modificación del Código de Buen Gobierno se esté debatiendo a través de los medios de comunicación, sin que Marco haya informado formalmente de sus intenciones a los grupos políticos que integran la corporación municipal, porque son ellos los que tienen competencias para referirse al asunto que, en cualquier caso, el PP no está por revisar ahora mismo, dado que no existe ninguna urgencia”.
Los populares, apuntaba Carrasco, “exigimos ejemplaridad y lealtad institucional. Desde el Partido Popular recordamos que el Código de Buen Gobierno salió adelante con el apoyo y la unanimidad de todos los grupos políticos presentes, a pesar de que el PP teníamos en aquel momento las responsabilidades de gobierno y éramos los grandes perjudicados por esta norma. Era un Código de Buen Gobierno que se propuso, debatió y aprobó con el apoyo de todos. Es ahora cuando Amparo ha de demostrar que no se puso en marcha solo para el PP y ha de demostrar la misma ejemplaridad que pedía para otros”, señala.
En este sentido, Carrasco le recuerda a Marco las palabras que ésta pronunciaba en la Comisión no permanente especial para el impulso de medidas de transparencia, buen gobierno y profundización democrática, que quedaron reflejadas en las actas de las sesiones. Allí, la propia Marco afirmaba y defendía extremos como “si existe apertura de juicio oral, el concejal en cuestión deberá devolver su acta, en caso contrario se le cesará automáticamente” o cuando hacía referencia a que “ante la imputación (de un miembro del equipo de gobierno) se deberá despojar al cargo público de todas sus competencias”. “No permitiremos que Marco haga como Pedro Sánchez, quien donde dice digo, dijo Diego. Le recordamos que el Código de Buen Gobierno municipal fue aprobado por unanimidad y respetado por los gobiernos anteriores, querer cambiarlo ahora por su cuenta, sería un escándalo mayúsculo y sin precedentes”.
"Dichas actas también recogen que, según los socialistas, en supuestos de imputación en un caso de corrupción” de un miembro de la corporación, había que aplicar la suspensión cautelar de sus funciones”. Marco también decía que “existen dos periodos: la imputación, donde se le despojará de competencias, y la apertura de juicio oral, en las que se le pedirá el acta de concejal”.
Asimismo, “la propuesta de la señora Marco es decir que el alcalde deberá delegar sus funciones, y en caso contrario, los grupos municipales les instarán a ello”, caso de lo que pasó con la ex vicealcaldesa, Ali Brancal. Y para más señas, “Marco opina que el momento de tomar medidas sería el día en que se va a declarar al juzgado y al salir te dicen si te han imputado o no”.
“Por coherencia política, añadía la portavoz del PP, Marco debe someterse a las normas que ella misma defendía y que fueron aprobadas por unanimidad, sin desdecirse ahora que gobierna tratando de adaptarse unas normas a su medida”.
Carrasco pide a la alcaldesa Amparo Marco “máxima transparencia” para informar a todos los castellonenses “qué tema tiene ahora mismo sobre la mesa que le preocupa. Sea el que sea, está claro que tiene sobre la mesa de su despacho un asunto que es consciente que puede acabar con la imputación de alguno de los miembros de su equipo, o de ella misma, y de ahí el interés en modificarlo cuanto antes, para que no se tenga que aplicar el Código de Buen Gobierno que ella misma propugnó y que ahora pesa sobre ella como una espada de Damocles”.
