La empresa Condisa tuvo la mejor puntuación seguida por Becsa y Bentolín en la mesa de contratación
La reforma de los antiguos juzgados en la plaza Borrull de Castelló ha entrado ya en fase de adjudicación. La mejor noticia para la Generalitat es que podrá ahorrarse más de 3,6 millones de euros sobre el presupuesto inicial del proyecto, que ascendía a 18,1 millones de euros. La empresa mejor puntuada por la Mesa de Contratación ha sido la UTE Condisa- Ortiz, con una propuesta valorada en 14,5 millones, seguida por Becsa y Bentolín.
Esperanza Molina /Castellón Información
El proyecto de reforma integral del edificio de los antiguos juzgados, situado en la plaza de Borrull de Castellón, entra en la recta final de la fase de adjudicación y contratación.
El proyecto, elaborado por la Generalitat Valenciana partía de un presupuesto inicial de 18.147.751 euros (IVA incluido), muy por encima de los cálculos realizado en 2017 cuando se firmó el pre-acuerdo entre Generalitat y el Ayuntamiento de Castellón, que estimaba el coste en torno a los 12 millones de euros.
El pasado mes de diciembre se cerraba la presentación de propuestas en el portal de Contratación del Estado. El balance no podía ser más positivo par ala Generalitat, que se encontraba con que 13 empresas apostaban por hacerse con este ambicioso proyecto.
Además, las propuestas también planteaban bajas importantes en lo que concierne al presupuesto final de estos trabajos de, en torno a más de 3,6 millones de euros.
La mesa de Contratación emitía su informe final el pasado día 2, en el que se propone la oferta presentada por la empresa Condisa, como la más ventajosa, con un presupuesto total de 15,5 millones de euros (IVA incluido) y una valoración global de 83,93 puntos, por delante de Becsa (con 82,88 puntos y de Bertolín (con 80,92 puntos)
El presupuesto presentado por la constructora ha tenido un peso importante en la propuesta de adjudicación, pero no ha sido el único, ya que solo en relación con este concepto los había algo más baratos.
Los criterios que se han tenido en cuenta para proponer esta adjudicación han sido múltiples. Se valoraban también la organización y programación de la obra, la experiencia o las garantías en cuanto al desarrollo de los trabajos.
El presupuesto más ajustado fue el presentado por la UTE (Unión temporal de Empresas) Edhinor-CHM (11.992513,80 + IVA = 14.391017 euros). Pero la empresa mejor valorada por su experiencia fue la UTE Condisa-Ortiz. La puntuación en cuanto a la garantía presentada por las empresas fue la misma para todas las empresas postoras.
De esta forma, la mejor valoración final de la oferta ha recaído en la presentada por la Ute Condisa – Ortiz y, por lo tanto, la mesa de contratación por unanimidad ha acordado proponer la contratación de esta empresa para desarrollar los trabajos del edificio de Borrull.
Para que sea efectiva la adjudicación, deberán realizarse todavía una serie de trámites, incluida la apertura de un plazo para que las otras empresas que apostaban por estas obras puedan presentar alegaciones si entienden que han podido resultar perjudicadas.
Las obras de restauración integral del edificio de Borrull serán financiadas en su totalidad por la Generalitat Valenciana. Este aspecto difiere también del convenio inicial entre Generalitat y Ayuntamiento de 2017.
Según aquel acuerdo, la Generalitat se comprometía a realizar el proyecto y a ceder la titularidad del suelo y del edificio. El Ayuntamiento, por su parte, se comprometía a financiar las obras, cuyo presupuesto estimado en aquel momento era de 12 millones de euros.
Ahora bien, desde el primer momento la Generalitat puso sobre la mesa que el uso del edificio sería compartido por la Conselleria de Políticas Inclusivas y los servicios sociales municipales
Problemas en cuanto a los procedimientos, la titularidad del suelo, si correspondía hacer una cesión al Ayuntamiento para posteriormente volver a trasmitir a titularidad a Conselleria, y la proyección al alza del presupuesto, derivaron en otro acuerdo posterior. Ahora será la Generalitat la que conserve la titularidad del suelo y del edificio, pero también la que pague las obras en su totalidad.
El edificio resultante será compartido. La Generalitat tendrá derecho a la ocupación de la mitad del inmueble que recae a plaza Borrull, Hermanos Bou y Bellver, mientras que los otros servicios a la ciudadanía y servicios sociales dispondrán de la otra parte del edificio con acceso a Plaza Borrull el callejón sur y calle Bellver .
Objetivo del proyecto
El proyecto, elaborado por la Generalitat Valenciana, tiene como objetivo, recuperar el antiguo inmueble, de 1970, que acogía los antiguos juzgados de Castellón, para reconvertirlo en un edificio de dependencias administrativas al servicio de la Conselleria y el Ayuntamiento, para los Servicios sociales de ambas entidades.
En el nuevo diseño se ha tenido en cuenta el estado de conservación del inmueble, abandonado desde que construyó la Ciudad de la Justicia de Castellón. En este sentido, la estructura general del inmueble presenta, superficialmente un estado aceptable. Sin embargo, la falta de mantenimiento de los últimos años ha provocado:
Lesiones derivadas de la presencia de humedad tanto por filtraciones como por fugas en las instalaciones, afectando a paramentos verticales y techos.
Fisuras en fachadas (fundamentalmente dinteles), particiones y revestimientos de techos
Fisuras en el revestimiento de los pilares.
En planta sótano se han detectado, además de los daños reseñados anteriormente los siguientes:
Fisuras en vigas, tanto en el centro del vano como en apoyos.
Lesiones derivadas del recubrimiento insuficiente de las armaduras y la carbonatación del hormigón, provocando la oxidación de las armaduras.
Memoria del proyecto
Tal como explicaba la memoria del proyecto:
Se trasladarán a una nueva ubicación más céntrica y accesible para los ciudadanos, las dependencias de la Sede de la Dirección Territorial de Castellón de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y otros servicios sociales, rescindiendo los alquileres de los edificios ocupados actualmente con el consiguiente beneficio para las arcas públicas, mejorando el servicio prestado a los ciudadanos, y por último recuperando un edificio en desuso evitando su inevitable deterioro, regenerando urbanísticamente el ámbito de la zona donde ubica.
Para lograr el citado objetivo, el edificio requiere ser reformado con el fin de adecuarlo al nuevo programa de necesidades y a las exigencias de la legislación vigente en materia de edificación. Otro objetivo principal de la intervención será reparar aquellas patologías detectadas en el edificio, surgidas tras una vida útil de 48 años. En este sentido, tal y como se expone en los informes sobre la evaluación estructural del edificio, incorporados en el Anexo III del proyecto, han sido detectadas diversas patologías estructurales que serán objeto de reparación en el marco del presente proyecto.
Desde el punto de vista formal, la idea principal del proyecto es generar un gran patio central en el interior del edificio conectado mediante un atrio con la plaza del Juez Borrull, con el fin de proporcionar una gran iluminación natural a las dependencias interiores y resolver el acceso al edificio a los espacios de trabajo. Para conseguir llevar a cabo esta idea será necesario demoler parte de la estructura interior existente donde se situaban una serie de sistemas de comunicación vertical y pequeños patios que daban servicio al antiguo edificio, esponjando la actual construcción. Además, se pretende modificar la altura libre de la planta de acceso al edificio, dado que la altura actual es inadecuada para ser destinada a unas oficinas con acceso público, de esta forma será necesario demoler y volver a ejecutar a una nueva cota el forjado actual de la planta primera.
Por otra parte, se prestará especial atención al diseño de la cubierta en la sexta planta donde se sitúa una sala polivalente, dotada de una grada retráctil y tabiques móviles, que permiten subdividir el espacio y adaptarlo a las necesidades. Las configuraciones pasan desde una única sala de 148 plazas, a dos salas de 84 y 64 plazas respectivamente, o una sala de exposiciones de 156 m² más una sala de 84 plazas. El resto de la planta está ocupado por los accesos y servicios a esta sala, así como un espacio de instalaciones adaptado visual y acústicamente, siendo la mayor parte de la planta ocupada por una cubierta ajardinada junto con espacios pavimentados accesibles.
La intervención propuesta no altera las alturas existentes ni el número de plantas.
En el marco de las obras, también se redistribuirán las plantas para cumplir con el programa de necesidades de los usuarios del edificio. El acceso principal del edificio se realiza desde la plaza Juez Borrull, mediante un espacio cubierto a doble altura que conecta el ámbito público de la plaza, con el patio interior del edificio. En dicho espacio, se sitúa conforme se entra a mano izquierda el acceso a la zona B del edifico, donde se ubicarán los espacios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y a mano derecha la zona A del edificio, destinada a otras dependencias con una amplia zona de registro para la atención de los ciudadanos.
Esta división se repetirá verticalmente a lo largo de todas las plantas, disponiendo cada zona de sus propios elementos independientes de comunicación vertical y núcleos de servicios, a excepción de la última planta en la que se ubica un salón de actos, común para las dos zonas.
La división en dos zonas independientes funcionalmente otorga versatilidad al proyecto y permitirá, si procede adaptaciones a otros usuarios en el futuro.
A todo ello habrá que añadir la optimización del inmueble en cuanto a consumo energético y sostenibilidad.
