Se pretende recaudar 2 millones de euros en la Comunitat Valenciana para cinco campañas cuando los precios para los productores siguen a la baja
Castellón Información
La Unió de Llauradors y el resto de organizaciones de la Unión de Uniones, tras el caso omiso a las continuas alegaciones que ha elaborado sobre la legalidad de la extensión de norma acordada por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), ha presentado un recurso contencioso administrativo contra esta decisión de la interprofesional.
La Unió y la Unión de Uniones, quien ya presentaran al Ministerio sendas alegaciones, tanto en mayo durante el proceso de información pública, como en junio, en el proceso de consulta de orden ministerial, recurre ante la Audiencia Nacional la extensión de norma para las campañas 2019/2020 a 2023/2024.
Con la extensión de norma se pretende recaudar anualmente 400.000 euros en la Comunitat Valenciana y un total de 2 millones de euros a lo largo de su duración de cinco años (5,6 millones de euros por campaña en todo el Estado y 28 millones para todo el periodo), presuntamente en contra de varios preceptos de la normativa de la Unión Europea en la materia, así como, de las previsiones del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La Unió pretende que los productores que no pertenecen ni a la OIVE ni al resto de organizaciones interprofesionales agroalimentarias españolas tengan garantizados sus derechos y dejen de ser lesionados económicamente. Asimismo, la organización señala que no ha sido la única entidad que ha presentado alegaciones o se ha expresado en contra de la extensión de norma. En concreto, asociaciones riojanas que agrupan a unas 300 bodegas de aquella zona productora han cuestionado igualmente que la Organización Interprofesional tenga la representación requerida para poder adoptar estas decisiones.
En este sentido, agotada la vía de audiencia, la organización plantea a los Tribunales, para que estos decidan, sus dudas sobre la legalidad de la extensión de norma acordada en la OIVE respecto a las circunscripciones económicas en que se divide España, a la representatividad no justificada ni en el conjunto, ni en las circunscripciones económicas del vino, así como de algunos de los objetivos concretos de la extensión de norma por ir más allá de lo previsto en la Organización Común de Mercados (OCM) de los productos agrarios de la UE.
La organización, que no está en contra del principio interprofesional como sistema de vertebración del sector, sí que considera que muchas de las hoy constituidas carecen de la legitimidad requerida para funcionar y aprobar extensiones de norma al no contar los miembros de la parte productora con la acreditación documental de la cesión expresa de representación de los agricultores y ganaderos.
Igualmente, pone en entredicho, su utilidad en las actuales circunstancias. "Sinceramente, no sabemos para qué sirve la gran cantidad de dinero que cada año recaudan de los distintos sectores las Interprofesionales… desde luego, a la vista de los resultados, no para que los agricultores y ganaderos tengamos mejores precios para nuestros productos” apuntan desde la organización.
