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domingo, 24 de noviembre de 2024 | Última actualización: 20:36

La Unió denuncia que a Europa llegan cítricos de Turquía y Egipto con residuos no autorizados en la UE

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Consideran que “el Gobierno español debe elevar la voz en Bruselas para evitar que se permitan incumplimientos de la normativa comunitaria"

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La Unió de Llauradors informa que Turquía y Egipto acaparan en lo que llevamos de año prácticamente todas las alertas sanitarias por residuos de pesticidas en importaciones de cítricos que se han detectado en la Unión Europea (UE), tanto por superar el límite máximo (LMR) como por emplear sustancias no autorizadas en la UE como el clorpirifos o el metil clorpirifos para luchar contra las plagas o el prochloraz para tratamientos poscosecha.

En el informe de los meses transcurridos de 2021 de la RASFF -la autoridad de la Comisión Europea para las alertas de seguridad en alimentos- se indica que hay un total de 109 envíos rechazados en frontera, de alertas o de seguimiento e información, de los cuales 92 provienen de Turquía, 12 de Egipto (la mayoría en marzo y abril cuando ha comenzado el grueso de sus exportaciones a la UE) y 3 de China. Muchas de estas detecciones son calificadas además por la RASFF como decisión de riesgo serio.

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Infografía sobre las desigualdades entre Europa y terceros países

Los rechazos de los inspectores oficiales comunitarios se producen por superar las naranjas, mandarinas y limones el límite máximo de residuos permitido o por haber sido tratadas con sustancias activas prohibidas en la UE por su alta toxicidad y/o por ser poco respetuosas con el medioambiente como el clorpirifos o el metil clorpirifos que la Comisión Europea ha prohibido su uso a los citricultores europeos.

Cabe señalar que por ejemplo la frecuencia de los controles en frontera que obliga la UE para las mandarinas de Turquía -sobre todo en Bulgaria donde cruzan en camión para acceder a la UE- es de solo el 5% de los lotes y del 10% para las naranjas, por lo que cabe sospechar que entra mucha fruta a los mercados europeos con LMR altos o sustancias prohibidas, lo que supone un grave problema para la seguridad alimentaria y la salud. Se trata de unos umbrales muy bajos para registrar ese volumen tan alto de rechazos en frontera y por eso La Unió no entiende como los productos agrícolas producidos en la Unión Europea deben cumplir con unos estándares muy exigentes e ir adaptándose a las exigencias de la nueva política de “la granja a la mesa” y, mientras tanto, se observa cada vez más alertas sanitarias en las producciones procedentes de países terceros a los que habría que cerrar su entrada sin las garantías suficientes de cumplir con los estándares europeos.

Con estos nuevos datos en la mano, la organización insiste de nuevo en que debe haber una homogeneización de los estándares de producción europeos con los procedentes de países terceros, desde los aspectos fitosanitarios hasta los sociales o democráticos. Hasta que esto no se cumpla, La Unió señala que se deberían suspender las importaciones de producciones procedentes de países terceros que no cumplan las normativas comunitarias y a los consumidores les insta a que comprueben el origen de la fruta para consumir cítricos europeos en general y valencianos en particular.

Carles Peris, secretario general de La Unió, cree que “el Gobierno español y el ministro de Agricultura, Luis Planas, deben elevar la voz en Bruselas para evitar que se permitan aquellas importaciones que incumplan la normativa comunitaria en materia fitosanitaria, laboral o de apoyo a la mujer, entre otras. El ministro Luis Planas debe dejar de mirar de una vez para otro lado y defender a los citricultores valencianos”.

La organización ya denunció recientemente la actitud intolerable de Turquía al no ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica o el comportamiento intolerablemente machista del presidente turco Erdogan con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Pero también el caso de Egipto que no cumple con los convenios internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al prohibir el reconocimiento oficial de los sindicatos independientes y el pluralismo sindical.