La Comisión Europea desea vincular las ayudas agrarias en una nueva condicionalidad social al respeto a la normativa laboral, de cobertura social y de seguridad de los trabajadores. La Unió propone que exista una reciprocidad con las producciones procedentes de países terceros en cuanto a las exigencias normativas europeas. En este sentido aboga por ejemplo por la suspensión automática de importaciones a la Unión Europea procedentes de países que no tengan ratificado el Convenio del Consejo de Europa
Castellón Información
La Unió de Llauradors denuncia la doble vara de medir que utiliza la Comisión Europea, ya que por una parte pretende imponer una dura condicionalidad social para acceder a las ayudas con la nueva PAC, pero por otra parte hace la vista gorda y concede ayudas a países terceros o permite las importaciones que incumplen la normativa comunitaria en materia laboral, fitosanitaria o apoyo a la mujer, entre otras
La Comisión Europea desea vincular las ayudas agrarias en una nueva condicionalidad social al respeto a la normativa laboral, de cobertura social y de seguridad de los trabajadores empleados en las explotaciones agrarias; algo que ya se hace aquí pues la agricultura europea es de las más avanzadas del mundo en los aspectos agronómicos, medioambientales o laborales. Preocupa en el sector que esa adaptación que ya cumplimos sea una nueva vuelta de tuerca y provoque al final un aumento de costes y de burocracia que suponga una perdida de competitividad frente a las agriculturas de países terceros que no cumplen con los mismos estándares.
Por ello, La Unió, propone que exista una reciprocidad con las producciones procedentes de países terceros en cuanto a las exigencias normativas europeas, desde las laborales hasta las democráticas pasando por las fitosanitarias o de condicionalidad. Hasta que esto no se cumpla, la organización opina que habría que restringir las importaciones de producciones procedentes de países terceros que no cumplan las normativas comunitarias.
En este sentido aboga por ejemplo por la suspensión automática de importaciones a la Unión Europea procedentes de países que no tengan ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, como es el caso de Turquía. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha retirado a su país hace unos días del Convenio del Consejo de Europa para la prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. Ayer mismo Erdogan tuvo también un comportamiento intolerablemente machista con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.
También insta a la suspensión automática de importaciones a la Unión Europea procedentes de países terceros que no cumplan con los convenios internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como es el caso de Egipto que prohíbe el reconocimiento oficial de los sindicatos independientes y el pluralismo sindical.
Otro caso es el del golpe de estado en la República de la Unión de Myanmar -antigua Birmania-, con una gran represión diaria por las protestas, y donde La Unió ya pidió que se suspendieran cautelarmente las importaciones de arroz libre de aranceles con ese país hasta que no hubiera garantías democráticas.
Carles Peris, secretario general de La Unió, señala que “la Comisión Europea nos obliga e impone cada vez más exigencias, nos retira productos fitosanitarios sin alternativas, nos quiere pedir ahora más condicionalidad social en una Europa del siglo XXI sobre aspectos en los que somos de los más avanzados del mundo, mientras que permite que luego entren productos en los mercados comunitarios que no cumplen con ninguno de esos condicionantes. Eso en mi pueblo se llama agravio comparativo y en lugar de preferencia comunitaria habría que hablar de preferencia para terceros países. No entiendo cómo se nos exige a nosotros tanto y no haya la más mínima intención de establecer una reciprocidad con otros países de fuera de la UE, a los que se les pone la alfombra roja”.
