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La Unió de Llauradors, junto con su organización estatal Unión de Uniones, denuncian que los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana, y los del resto del Estado español, son los que pagan en estos momentos la electricidad de uso agrario más cara de todos los países de la Unión Europea. En este sentido, piden contratos y tarifas adaptados a las necesidades de las explotaciones agrarias.
Esta situación afecta a un total de 14.569 usuarios de electricidad para actividad agraria en la Comunitat Valenciana, con un consumo anual de 573.957 MWh. En número de clientes para este uso es la sexta comunidad, pero en volumen asciende a la tercera como prueba evidente de la importancia del consumo en nuestro territorio. Se trata de regadíos alimentados con electricidad o ganaderías de diversas aptitudes para instalaciones de ordeño, calefacciones u otros equipos.
Los informes de Eurostat y del propio Ministerio de Agricultura revelan que España es el país en el que el precio de la electricidad de uso agrario más ha subido de la Unión Europea, un 42% desde 2013, y en el que, además, esta energía resulta más cara, un 38% por encima de la media de la UE para los consumos más habituales en las explotaciones agrarias.
Según el seguimiento que realiza el Ministerio de Agricultura de los precios pagados por los agricultores y ganaderos por la electricidad, de 2013 a 2015, el precio medio anual se ha encarecido en un 42,3%. Si se toman los datos mensuales de enero de 2013 a diciembre de 2015, el aumento es todavía mayor, del 53,5%. Es, en ese mismo período, la mayor subida de los países de la UE de los que Eurostat proporciona datos (23 de los 28).
Por otro lado, Eurostat también proporciona datos acerca del precio medio de la electricidad por tipos de consumo, antes y después de impuestos. En ambos casos, y para consumos por debajo de los 20 MWh, la agencia estadística europea arroja durante el segundo semestre de 2015 un precio medio en España de 0,2566 €/KWh antes de impuestos y de 0,3364 €/KWh con impuestos y tasas. Estas cifras están muy por encima, concretamente un 74 % sin impuestos y un 38 % con impuestos, de los precios medios en la UE.
La Unió considera que la liberalización del sector, que debería haber supuesto beneficios para el consumidor, ha ocasionado el perverso efecto contrario y junto con la desaparición de las tarifas especiales de riego ha provocado un incremento exagerado del coste de la energía eléctrica en las explotaciones agrarias. Junto a su organización estatal Unión de Uniones ha pedido, y así lo reiterarán al futuro Gobierno, una auditoría de los costes de la energía para averiguar si existen prácticas anticompetitivas en el mercado eléctrico que elevan artificialmente los precios al consumidor.
Igualmente, La Unió insiste que el sector agrario, y particularmente el regadío, necesitan de unos modelos de contratación de suministro que se adecue a su estacionalidad y unas tarifas que no supongan por su alto coste una merma de competitividad de las explotaciones españolas. La electricidad es, comparativamente con los combustibles fósiles, mucho menos contaminante y un elemento fundamental para que la agricultura sea rentable y sostenible y para la modernización del sector.
