La Unió anima a los consumidores durante estos días y durante todo el año a adquirir productos de proximidad
El cambio climático que merma las cosechas, la brutal subida de los costes de producción agravada por la guerra de Ucrania, las importaciones procedentes de terceros países sin reciprocidad que hunden los precios de nuestras producciones, la amenaza y lucha contra las plagas normalmente importadas, la nueva PAC que se estrena en 2023 y una Ley de la Cadena Alimentaria insuficiente para resolver el desequilibrio entre origen y destino, son algunos de los aspectos que han marcado este año a punto de concluir y que estarán también en el punto de mira del próximo 2023, según el análisis elaborado por La Unió Llauradora i Ramadera.
El sector agroalimentario representa el 9,6% de la economía de la Comunidad Valenciana, con una cifra de negocio de 9.392 millones de euros. Genera además el 12% de los puestos de trabajo del conjunto económico con 238.000 personas ocupadas. Pese a estas cifras macroeconómicas, los productores valencianos siguen empobreciéndose ante el descenso de sus ingresos debido al incremento de los costes y de unos precios percibidos que siguen siendo bajos.
Las respuestas de las diferentes Administraciones no han sido las adecuadas ante todos esos problemas, de ahí las protestas realizadas por La Unió a lo largo del año. Se iniciaron el 28 de enero en Madrid por parte de los ganaderos y prosiguieron con una manifestación unitaria por las calles de València el 25 de febrero con la participación de 8.000 agricultores y 250 tractores para lanzar un SOS por la supervivencia del campo valenciana. El pasado 16 de marzo, de nuevo ante el Ministerio de Agricultura en Madrid, La Unió volvió a manifestarse para exigir precios dignos y costes asumibles y una PAC para las personas agricultoras y ganaderas profesionales. Si nuestros gobernantes no reaccionan, la organización augura nuevas movilizaciones para este 2023
Costes de producción por las nubes
Las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania han provocado un aumento más elevado si cabe de los costes de producción. Fertilizantes, piensos, combustibles, electricidad, todo se ha disparado, en una media del 45% de subida y la factura eléctrica ha llegado a cuadriplicarse. En este sentido, La Unió tiene interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Transición Ecológica al no haber puesto en marcha el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío aprobado por Ley en 2020.
Un sector asfixiado por los costes de producción que no paran de subir y una industria y una gran distribución que ejercen implacablemente su posición de dominio en los mercados e imponen unos precios que no remuneran en absoluto el trabajo de aquellas personas que producen alimentos. Como también suben los costes en la lucha contra las plagas en numerosos cultivos ante la eliminación de sustancias activas desde Bruselas que luego se permiten a los productos importados.
Si bien es cierto que se han establecido ayudas públicas a los sectores ganaderos y cítricos, que, a pesar de ser insuficientes, han contribuido a amortiguar un poco esa subida, muchos otros sectores se han quedado fuera de estas ayudas pese a tener también un incremento de costes. La Unió ha trabajado y está trabajando para que las tengan en 2023 cultivos como la uva de mesa, caqui, cereza o la apicultura.
Cambio climático y medio ambiente
El cambio climático ha venido para quedarse y tiene ya un fuerte impacto en nuestros cultivos. La prueba es que este año se ha producido un descenso en la mayor parte de producciones (en olivar ha habido una cosecha un 75% inferior, en almendras menos de la mitad de la producción, en caqui un 55% menos, la uva de vinificación ha tenido un 30% menos de cosecha y en fruta de verano la producción ha resultado un 65% más baja que la media de las últimas campañas.
En cítricos ha habido un 8% menos que la pasada campaña y un 14% menos que la media de las últimas diez campañas, en cereales la cosecha ha sido un 25% más baja y un largo etcétera, hasta en un cultivo tan local como al ajo tierno de Xàtiva que ha perdido el 80% de su variedad icónica Camallarga por adversidades climáticas que han proliferado los hongos.
La Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminantes entró en vigor prohibiendo las quemas agrícolas. El intenso trabajo de organizaciones como La Unió logró en una primera instancia que la Conselleria de Agricultura adoptara excepcionalidades a través de una resolución y que, finalmente, a través de la Unión de Uniones se incluyera en la Ley de gestión de la PAC una disposición donde se autorizan estas quemas a nivel estatal.
Grandes incendios
Ese cambio climático, con temperaturas más elevadas y paisajes más secos, acelera sin duda la proliferación de incendios forestales cada vez más devastadores como los ocurridos este verano en Bejís, Vall d’Ebo, Calles y Venta del Moro. La Unió apuesta por mantener e incentivar la actividad agraria en las zonas rurales de interior como medida necesaria para la prevención de incendios pues el abandono de esta sirve de combustible para expandir las llamas. También reclama ayudas para que las personas agricultoras y ganaderas afectadas por esos incendios puedan regenerar sus explotaciones.
Importaciones y plagas
Salvo algún pequeño avance como el tratamiento de frío a las naranjas de terceros países donde esté expandida la enfermedad de la Thaumatotibia leucotreta, se continúa con la competencia desleal en la Unión Europea entre los productos europeos y los procedentes de países terceros. Del acuerdo con Sudáfrica no se tienen noticias acerca de su revisión y no existe tampoco la certeza de que se vayan a considerar los cítricos como producto sensible a la hora de firmar los tratados comerciales. Como viene denunciando La Unió a lo largo de todo el año cada vez hay más alertas sanitarias por presencia de plagas y más detección de sustancias activas cuyo uso está prohibido en el ámbito de la UE, pero no para terceros países. No existe la reciprocidad deseable y hay que adoptar un compromiso de exigencia para que esa reducción de pesticidas, antibióticos y fertilizantes a las que nos obligan las autoridades comunitarias se cumpla también para los productores de fuera. Del mismo modo habría que extender el tratamiento de frío también a las mandarinas y pomelos.
A pesar de lo anterior, la Comisión Europea está cada vez más sensibilizada con las denuncias en esta materia del sector agrícola, principalmente del valenciano, y fruto de ello fue la visita de altos cargos a la Comunitat Valenciana a finales de noviembre para comprobar in situ los daños que provocan plagas importadas como el cotonet de Sudáfrica. Sin embargo, las decisiones a nivel europeo cuestan mucho de avanzar y, por tanto, cambiar la normativa. Es el caso del tratamiento en frío mencionado que solo se ha conseguido para naranjas y no para el resto de los productos sensibles a ser vectores de entrada de plagas y enfermedades en la Unión Europea.
Una Ley de la Cadena que no nos vale
La Ley de mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria sigue sin ser útil para el eslabón de los productores. Como ya hemos reiterado no está sirviendo para acabar con los desequilibrios de la cadena que soporta el sector productor. Un éxito en este terreno es la creación, a petición de La Unió, de la AVICA, la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios, que podrá dar un mejor control de los abusos agroalimentarios en nuestro territorio.
Ni el Ministerio de Agricultura ni las Interprofesionales han tenido ni la voluntad ni la capacidad de establecer un coste medio de producción para los productos y que sea un precio de referencia por debajo del cual no se pueda comprar ninguna producción agraria y así ayudar a cumplir la Ley de la cadena alimentaria que continúa sin poner límite a la posición de negociación de muchos de los agentes de la cadena.
Aparte de la creación de la AVICA, hay que destacar como positivo el incremento de la actividad inspectora por parte de la AICA estatal ante las denuncias justificadas de incumplimientos.
Insensibilidad política
Son reiteradas y desafortunadas las políticas y declaraciones de algunos miembros del Gobierno contra el sector agrario: sobre las mal llamadas macrogranjas y contra el consumo de carne o poniendo cada vez más cortapisas al regadío. La Unió apuesta por reducir las trabas burocráticas para el sector ganadero y también por una política de expansión de plantas fotovoltaicas en zonas rurales de una forma ordenada y racional sin que pongan en peligro la actividad en zonas productivas agrícolas.
El recorte del trasvase Tajo-Segura es una muestra clara de insensibilidad política ante una de las zonas que constituye la huerta de Europa. Mucho nos tememos que este asunto, y otros relacionados con el agua, se conviertan de nuevo en arma arrojadiza electoral a pocos meses de las diversas elecciones cuando debería ser un asunto que debería alejarse del terreno político y entrar únicamente en lo técnico.
Daños climatológicos y seguros agrarios
Numerosos fenómenos meteorológicos de grave incidencia han provocado que las indemnizaciones previstas por los siniestros sean elevadas en la Comunitat Valenciana. Las Administraciones no suelen compensar estas pérdidas y lo fían todo al sistema de seguros agrarios que desgraciadamente el Gobierno sigue recortando.
La insensibilidad de ENESA y Agroseguro están poniendo en peligro un sistema público de seguros agrarios que lleva ya en marcha desde 1978. Se están alejando cada vez más de la realidad sectorial como por ejemplo con la eliminación de la extensión de garantías en el seguro de cítricos. Como aspecto positivo dentro de los seguros hay que destacar la apuesta de la Conselleria de Agricultura por el seguro agrario con una línea presupuestaria de 28,5 millones de euros para abaratar el coste de la contratación y también la unión del sector productor, cooperativo y Administración valenciana en la defensa del sistema de seguros agrarios.
Fauna salvaje
La presión cinegética por numerosas especies es elevada y por ello La Unió sigue reclamando medios y propuestas eficaces para controlar y reducir esta proliferación hasta niveles sostenibles para el medio, ya que los agricultores sufren un sobrecoste desmesurado. La problemática se agrava aún más en zonas de seguridad donde no se puede cazar y allí donde los cultivos se abandonan por falta de rentabilidad, y ahí es donde la Administración ha de actuar de forma coordinada y urgente. Tampoco la actual línea de seguro por daños cinegéticos cubre las necesidades del sector y resulta al final dificultosa e inviable para indemnizar la muerte por ejemplo del arbolado.
Resaltar por tanto la casi inexistente acción de la Administración en este asunto para adoptar medidas o iniciativas que contribuyan a reducir o paliar los daños en el sector agrario.
Algunos éxitos
Algunos éxitos que podríamos destacar de este 2022 que concluye son la consecución de un vocal en la DO Cava por parte de la candidatura conjunta de Almendralejo y Requena y la aceptación de la denominación Cava de Requena para el cava valenciano, los avances en la problemática de la pinyolà, la mejora de la partida de competitividad ganadera en los presupuestos de 2023, la realización de campañas de promoción de los cítricos o la aprobación por les Corts de las quemas agrícolas dentro de la Ley Valenciana de Economía Circular. Gran parte de estas medidas se han desarrollado gracias a la insistencia y participación de La Unió.
En clave interna hemos celebrado este año nuestro XV Congreso en un nuevo ejercicio de democracia agraria, donde ha destacado la unidad, la aprobación de propuestas y una profunda renovación de cuadros territoriales, con una ejecutiva también con una media de edad de 47 años en la que se ha reelegido a Carles Peris como secretario general.
La Unió anima a los consumidores durante estos días y durante todo el año a adquirir productos de proximidad que tienen una calidad y una seguridad alimentaria contrastada. Para la despedida de este año si se nos permite recomendamos comer las uvas embolsadas del Vinalopó con objeto de apoyar a unos productores que lo están pasando mal y brindar con nuestro Cava de Requena.
Algunos retos para 2023
Empezamos 2022 con una nueva reforma laboral y haremos lo propio en 2023 con el nuevo sistema que entrará en vigor de cotización para los trabajadores autónomos por cuenta propia según sus rendimientos netos.
Este próximo año tenemos el reto de bajar nuestros costes de producción y también reconducir la actual Ley de la Cadena Alimentaria ya que no soluciona los problemas actuales de los productores.
El 2 de enero de 2023 entra en vigor el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), la nueva reforma 2023-2027 que se prevé como la más complicada de la historia y la de mayores exigencias burocráticas. No está dirigida como sería deseable principalmente a las personas profesionales y posee cada vez más condicionantes para percibir una ayuda que cada año es más baja.
En el segundo semestre del año España ostentará la presidencia de la Unión Europea, en lo que debería suponer una oportunidad para introducir en el discurso político europeo todos aquellos problemas y las soluciones para el sector agrario español y valenciano.
Entramos en un año totalmente electoral con comicios locales, autonómicos y estatales. Pedimos que no se use al sector agrario como herramienta de confrontación política y que los programas electorales de los diferentes partidos contemplen propuestas en beneficio de las personas agricultoras y ganaderas que sean efectivas, reales y sobre todo mesurables.
Desearíamos que este año se reduzcan los robos de cosechas en las explotaciones agrícolas y que haya un mayor relevo generacional con la incorporación y permanencia de cada vez más jóvenes, así como que las mujeres entren en la titularidad compartida de las explotaciones porque no es de recibo que solo haya dadas de alta en la Comunitat Valenciana 18 mujeres. También que se rebajen los módulos fiscales agrarios del IRPF para compensar las pérdidas.
Finalmente, animamos a las diferentes Administraciones a impulsar de forma decidida la modernización y digitalización del sector agrario.
