El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha sobrepasado el plazo de seis meses que pronunció el Tribunal Supremo para elaborar la norma
La Unió de Llauradors i Ramaders, a través de su organización estatal Unión de Uniones, ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo para hacer cumplir una sentencia sobre el conflicto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) por la doble tarifa eléctrica para regadío.
Se refiere a la obligación del MITECO de desarrollar un contrato de acceso eléctrico para el riego con una doble potencia. El Tribunal Supremo había establecido un plazo para que esta obligación se cumpliera, pero dicho plazo ha expirado sin que se haya llevado a cabo. Este contrato permitiría un ahorro sustancial a los regantes al contar con la contratación de una potencia mucho más barata en los períodos fuera del calendario de riegos.
En noviembre de 2021, Unión de Uniones presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el MITECO por inactividad al no haber observado la Disposición final cuadragésima quinta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Dicha disposición obligaba al Gobierno a establecer reglamentariamente en el plazo de 6 meses (agotados en junio de 2021) una modalidad de contrato de acceso para regadío con la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses.
El Tribunal Supremo se pronunció en marzo pasado reconociendo que, efectivamente, MITECO incumplía lo dispuesto en la Ley y condenaba a la Administración a que, en el plazo de seis meses, elaborase, aprobase y promulgase la norma reglamentaria a la que está obligada. Sin embargo, transcurrido dicho periodo también ese plazo se ha sobrepasado. “No es de recibo que el MITECO incumpla la Ley y luego haga caso omiso a una sentencia del Tribunal Supremo”, critican desde Unión de Uniones.
Por tal motivo la Unió acaba de presentar la demanda de ejecución de la sentencia. En esta fase el Tribunal Supremo cuenta con un amplio abanico de facultades para exigir el respeto a la Ley y a su resolución.
“Vamos a esperar a ver lo que determina el Tribunal y en función de ello seguiremos adelante con el procedimiento hasta el final”, expresan desde la organización, y añaden que “no estamos dispuestos a que se desprecie el derecho de los agricultores con total impunidad cuando está reconocido además por la Justicia”.
Las organizaciones de Unión de Uniones van a estudiar también una posible reclamación por el perjuicio económico que se le está ocasionando a los regantes, al no disponer de este contrato de doble tarifa desde el momento en que debería haber estado funcionando, que es ya de hace unos dos años.
