Presenta un paquete de medidas ante el pleno que acabará en declaración institucional
El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha impulsado en los últimos meses una batería de medidas antifraude y anticorrupción, que culminará hoy con la aprobación por el pleno municipal de una declaración institucional (firmada por todos los partidos políticos), en la que se declara la tolerancia 0 ante el fraude y la corrupción y se adquiere el compromiso de establecer un sistema de control para prevenir y detectar cualquier acto fraudulento.
La concejala delegada del Área de Gobierno, Zaida Moreno, ha explicado que con la implantación de este plan municipal que engloba cinco medidas "reiteramos nuestro compromiso en la defensa de la transparencia y en garantizar el buen gobierno desde un compromiso legal, ético y de servicio público a la ciudadanía".
Así, como requisito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España para "la correcta gestión de los fondos europeos Next Generation EU" se han establecido una serie de principios y normas "para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en todo lo que tiene que ver con los fondos subvencionados por la Unión Europea", ha señalado Moreno.
Para ello se ha constituido un Comité Antifraude compuesto por el interventor y secretario del Ayuntamiento, la tesorera municipal, la responsable de Fondos Europeos, el jefe de contratación y la propia concejala delegada del Área de Gobierno. Este comité se reúne periódicamente para prevenir cualquier posible fraude "tanto en temas de contratación pública como en materia de personal". Además "realiza tareas de control y trabaja por el uso de medidas correctoras y persecutorias en caso de haber un mínimo indicio".
También se ha aprobado una Política Antifraude "como declaración de intereses para luchar contra el fraude en materia de gestión de fondos europeos, pero también en cualquier gestión municipal para que esta sea la norma general en el Ayuntamiento y poder servir de ejemplo a otras administraciones", ha puesto en valor la edila.
Por último, se ha aprobado un código ético y de conducta que deberán firmar todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento antes del 30 de noviembre, aunque la mayoría ya lo ha suscrito. En este sentido, la concejala ha incidido en que los funcionarios y funcionarias "son el motor y el principal activo de esta administración y por ello hay que extenderles las medidas de ética pública, porque es importante que la ciudadanía los vea actuando de acuerdo a unos valores y principios en el ejercicio de sus funciones".
