Afectó al territorio nacional, pero también a sus múltiples provincias de ultramar, en América y en Filipinas
El Congreso Bicentenario de la Diputación Provincial de Castelló ha iniciado hoy su andadura con el análisis de la Constitución de 1812 y el Trienio Liberal, que pusieron en marcha la existencia de las diputaciones. Fueron las ideas liberales de principios del XIX que contemplaban por primera vez las instituciones locales, a cuyo amparo nació la de Castelló en mayo de 1823. Una transformación social que también contemplaba las provincias españolas en América y en Filipinas.
EM/ Castellón Información
Pocos saben que tanto Filipinas como Cuba, por poner solo un ejemplo, tenían el tratamiento de provincias y gozaban de los mismos derechos que el territorio nacional español. Que los debates que se produjeron en las Cortes también afectaban a todos los países latinos de dominio español. Y que los derechos de unos y otros se contemplaban por igual.
Fue el final de una época, pero el principio de una transformación social que, lejos del pesimismo con el que finalizó el trienio liberal, al recuperar Fernando VII su poder absoluto, marcó ya unos principios que se asentarían hasta convertirse en el germen de una democracia en la que todos los ciudadanos tienen derecho a voto con libertad de prensa.
Estos y otros detalles han sido analizados hoy en el Congreso Bicentenario de la Diputación Provincial de Castellón que se celebra en el Palacio de las Aulas.
Muchos han repetido esa célebre frase de que ‘quién olvida la historia está condenado a repetirla’. Y también hoy se ha repetido en el marco de una serie de exposiciones y charlas impartidas por los profesores: Carmen García (Universidad de Valencia), Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza), Manuel Chust (Universidad Jaume I), José Antonio Pérez (Universidad Miguel Hernández), Y Mariana Terán y Graciela Bernal desde México.
¿Cuál fue el origen de las diputaciones?
Responder a esa pregunta obliga a remontarse a principios del siglo XIX, en los momentos de una transformación intensa que no solo se dio en España, sino también en el resto de Europa. El Antiguo Régimen y su concentración de poderes evolucionó en poco tiempo para dar cabida a las primeras entidades locales, concentradas en las diputaciones como representantes de los ayuntamientos y de la voz de los ciudadanos.
Eran las teorías liberales que planteaban principios importantes como la libertad de prensa (de imprenta), la libertad de comercio, la revolución del sector agrario.
El estado despótico, representado por los reyes absolutos, señalaba Carmen García, profesora de la universidad de Valencia, solo tenía un objetivo, recaudar para engrandecer la monarquía.
El nuevo estado liberal fija la mirada sobre la producción para crear riqueza, que revierta en las instituciones, pero también los ciudadanos.
La Guerra de la Independencia por la invasión napoleónica provocó una respuesta feroz que comenzó cuando se depuso a Carlos IV como rey de España para instalar en el trono a José Bonaparte, hermano del emperador. Sucedió en 1808. Para el pueblo español, esa usurpación de poder, representado por la corona, era un atentado contra la identidad de un país que se reveló en masa.
Las Cortes de Cádiz elaboraron una Constitución muy ambiciosa para la época, la de 1812. Posiblemente una Constitución más utópica que real, que no llegó a desarrollarse. Sus principios fueron cortados de raíz con el retorno del rey de España, Fernando VII, que lejos de gobernar con aquella Constitución, eliminó todos los derechos para imponer un absolutismo férreo.
Pero muchos ideales de aquella Constitución quedaron vivos y latentes en la mente de aquellos liberales. Con el alzamiento de Riego, Fernando VII tuvo que acatar la Constitución. Se produjo lo que se denominó Trienio Liberal, porque apenas duró tres años hasta que Fernando VII reclamó la ayuda de otras fuerzas europeas en su apoyo, porque, dicho en forma coloquial, se sentía secuestrado, y llegaron los 'Cien mil hijos de San Luís' que devolvieron a Fernando VII su absolutismo en la 'Década ominosa'
Con todo, y pese a esa corta duración, el Periodo Liberal fue intensísimo, como explicaron tanto Carmen García (Universidad de Valencia) como Pedro Rújula, (Universidad de Zaragoza).
Fue durante este periodo cuando se aprobaron cuestiones como el reconocimiento de los ayuntamientos para las
poblaciones que tenían al menos mil habitantes; pero también cuando se redactó el articulado para regular las diputaciones.
Y lo que es más importante, la creación de las provincias, su límite geográfico, sus capitales de provincia y el sistema de gestión administrativa.
Toda esa regulación se vivió también en las provincias de ultramar, en la América latina y en Filipinas.
Pese a la vuelta al trono de Fernando VII como monarca absoluto, las provincias y las diputaciones ya tenían un contexto dónde desarrollarse.
Manuel Chust y José Antonio Pérez, autores del libro sobre la Diputación de Castellón que se publicó ayer, explicaron los detalles de la creación de las diputaciones de Valencia, Alicante y Castellón.
Y también las competencias que correspondían a esas nuevas instituciones locales.
Las diputaciones tenían un presidente Jefe, un intendente que era el representante del Estado en las provincias y que controlaba las cuentas, y luego varios funcionarios que eran pagados con los fondos de la Diputación.
Entre sus competencias más directas, la selección de las quintas para la llamada a filas realizada por el Gobierno para la milicia nacional; son las diputaciones también las que autorizaban la configuración de nuevos ayuntamientos (con población inferior a los 1.000 habitantes en función de sus características especiales), las que establecieron los censos electorales, control de población y las que, en función el número de habitante establecían las contribuciones.
Como ayuntamiento de ayuntamientos, las entidades municipales debían rendir cuentas de sus ingresos y sus gastos. E incluso, las diputaciones podían recortar los gastos de los ayuntamientos si entendían que estaban más allá de sus presupuestos.
Y lo que resulta más importante, también, correspondía a las diputaciones certificar la capacitación de los maestros de escuela como personas aptas para impartir las clases de enseñanza primaria. La educación y la formación comenzó a ser una asignatura demasiado importante.
José Antonio Pérez se centró en la creación de la Diputación de Castellón, un 16 de mayo de 1823, un día después de la de Alicante.
La Diputación de Castelló, comentaba José Antonio Pérez fue ejemplar en su desarrollo. Para empezar, con el nombramiento de sus funcionarios, el número justo para las funciones que debía desarrollar y no más; aun así, les advirtió por escrito que no tomarían posesión de sus cargos (ni cobrarían sus salarios) hasta que no tuvieran que desarrollar sus responsabilidades. Con todo ello, administró sus bienes de tal manera que pronto obtuvo remanentes para destinarlos al desarrollo de las necesidades de la provincia.
También la de Castelló fue la primera en defender la propiedad privada, los territorios agrícolas para garantizar su productividad, y en poner en marcha una milicia propia para defender los territorios del Maestrat donde se sucedían constantes conflictos y rapiñas.
Esta tarde, por vía telemática han participado Mariana Terán de la Universidad Autónoma de Zacatecas y Graciela Bernal de la Universidad de Guanajuato, quienes han abordado el origen de las diputaciones de las respectivas ciudades mexicanas.
