El presidente de la Diputación habla de ‘bipolaridad’ de la consellera y dice que el Consorcio podía haber asumido el coste
Esperanza Molina/ Marina Borrás/Salomé Amouroux/ Castellón Información
El incremento de las tasas de Medicina Deportiva del Hospital Provincial sigue pasando factura y generando enfrentamientos y soluciones ‘a toro pasado’
Una vez adoptada la medida que supuso un incremento del 120% de las tasas, en la última Junta de Gobierno del Centro hospitalario, con el voto en contra de Diputación, los grupos políticos siguen criticando, acusando y tirando balones a los otros tejados políticos en Ayuntamiento, Conselleria y Diputación.
La primera se produjo cuando el tema se presentó en el pleno del Ayuntamiento de Castellón, a propuesta de la oposición, y se encontró sin el apoyo del tripartito y con la afirmación de la alcaldesa de que ‘votaba solo a título personal’. (La consellera lo desmintió personalmente días después, al indicar que había sido designada como representante de Castellón)
La sorpresa se produjo en el pleno de Diputación, donde el Grupo Provincial Socialista, integrado también por uno de los concejales que gobierna en Castellón, dio su voto para pedir a la consellera que no aplicara la subida.
La consellera Montón, en comparecencia pública, insistió en que la Conselleria incrementaba precios pero bonificaba en un 5%, mientras Diputación no ponía nada de su parte.
Y todavía, este tema, dio una vuelta más de tuerca cuando Diputación informó a los clubes deportivos de la subida de tasas aprobada, y la dirección del Consorcio Hospitalario remitió un comunicado a los medios para criticar que Diputación informara sobre lo que no tenía que informar, porque lo debería haber hecho el Consorcio, del que, por cierto, Diputación es el 50%.
Llegados a este punto, las tasas Deportivas también rondaron por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Castellón, el pasado lunes, cuando se rechazó la declaración institucional presentada por el PP; y forma parte ahora de un aluvión de comunicados en el que los mismos grupos que aprobaron la subida, se contradicen entre sí.
Desde fuera, y vista la polémica suscitada, cabe preguntar quién metió la pata con esta subida porque, como dijo en su momento el portavoz de Compromís en Diputación, la forma de eliminar las listas de espera no puede ser el incremento de precios, y más cuando se trata de la salud de las personas y de distinguir a quien puede pagárselo y a quien no.
¿Quién cometió el error de subir las pruebas de esfuerzo y los certificados médicos en un 120%?.
El tema ha resultado ser más delicado de lo que parece en un momento en el que todas las instituciones promocionan el deporte. Deporte para la salud, deporte para el turismo, deporte para la proyección económica. Y en un momento, en el que los accidentes cardiovasculares se han significado con numerosos fallecimientos en pruebas deportivas. ¿Es lógico subir las tasas cuando estas pruebas son fundamentales para evitar estos accidentes?.
En este tira y afloja entre instituciones, se han propuesto muchas alternativas una vez aprobada una subida que ahora no quiere nadie.
Por parte de Conselleria, que bonifique Diputación. Por parte de Diputación, que financie Conselleria, puesto que la Sanidad es competencia del órgano autonómico.
Por parte del Grupo Popular en algunos municipios, que pague Conselleria o que subvencionen los ayuntamientos. Y por parte de Compromís, en un comunicado remitido hace unos días, que paguen Conselleria y Diputación, pero que no se le imponga este sobrecoste a los deportistas.
En resumen, que nadie quiere que se suban las tasas pero nadie reconoce arte ni parte en la propuesta aprobada.
Esta mañana, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Moliner, ha declarado públicamente lo que considera ‘la bipolaridad’ de la consellera.
A preguntas formuladas por los periodistas, la respuesta del presidente, recogida en el corte de voz que se adjunta, no deja de ser un ataque político, pero también simplifica la solución, que sería todavía más sencilla si alguien no se hubiera tirado a la piscina en la Junta de Gobierno, incrementando las tasas para bonificarlas después.
Según Moliner, el tema es sencillo, el Consorcio está integrado por Conselleria y Diputación, y ninguna ley obliga a subir los precios para cubrir los costes. En resumen, que el Consorcio podía haber aplicado una actualización anual del IPC, pero no aplicado un incremento que casi triplica los precios; y que el mismo Consorcio (Diputación + Conselleria) podría haber asumido los sobre costes, tema que Diputación consideraba lo más plausible.
