Si los empresarios no reciben las mediciones que sostienen su restricción como zona ZAS, llevarán el caso a Fiscalía
Los empresarios de las Tascas de Castellón han presentado el estudio para la colocación de un techo acústico sobre la calle Barracas, para evitar la propagación del ruido y poder constituirse como espacio gastronómico protegido. El coste del proyecto rondaría los 117.000 euros, pero habría que estudiar cómo y quién lo paga en el caso de que el Ayuntamiento lo acepte. De momento, siguen solicitando las mediciones que acrediten su condición de Zona Zas, y advierten, de no recibirlo irán a Fiscalía.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Los empresarios de Las Tascas de Castellón han registrado este mediodía en el Ayuntamiento de Castellón el estudio realizado por una empresa privada para la colocación de un techo acústico, sobre la calle Barracas, que evite la propagación de ruido.
El estudio contempla la creación de una galería formada por paneles móviles, un sistema de medición de ruido y un sensor que cerraría los paneles en el caso de superar la emisión de los 65 decibelios, máximo permitido según la normativa que regula las emisiones de ruido.
La galería se completaría con una serie de ventiladores para intercambiar el aire y ventilar la calle.
El estudio contempla la instalación de un medidor de ruido, que recogiera las emisiones en tiempo real, y cuyos datos pudieran verificarse también a través de internet
Con ello, cumplen su propuesta de proponer medidas para conciliar el ocio de sus negocios con el descanso de los vecinos y conseguir su propósito de convertirse en un espacio gastronómico protegido.
No es un proyecto barato, ya que la valoración de este estudio se sitúa en torno a los 117.000 euros, aunque habría que ver al final, como y de qué manera se ejecuta, según mediciones reales del ruido que producen.
Esto es así, porque sobre la mesa sigue abierta la polémica en torno a las medidas restrictivas de la zona ZAS, siempre y cuando el Ayuntamiento verifique, con sus mediciones, que incumplen la normativa de los decibelios emitidos.
Y este es un tema peliagudo porque, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, no hay datos objetivos de que se hayan realizado estas mediciones desde 2015 (ya que las realizadas en 2017 fueron anuladas porque llovía) por lo que el Ayuntamiento estaría incumpliendo su obligación. Según la normativa, cuando se declara una zona ZAS, el Ayuntamiento no solo queda obligado a aplicar restricciones, sino que debe realizar mediciones continuadas para certificar que el nivel de ruido sigue superando los mínimos permitidos. De lo contrario, transcurrido un año se podría tramitar la retirada de esta calificación.
Pero si se comprobara que el Ayuntamiento no ha realizado las mediciones y que a ellos si que se les han aplicado las limitaciones de zona ZAS, se podría entender que se habrían cometido irregularidades que incluso podrían ser constitutivas de delito.
En estos momentos, los empresarios de las Tascas ya han solicitado formalmente las mediciones y han dado un plazo de tres meses para que les sean comunicadas. Este plazo finalizaría a finales de diciembre. Si el Ayuntamiento da la callada por respuesta, pondrían el caso en manos de la Fiscalía.
¿Significa esto que los empresarios de las Tascas quieren ir a los Tribunales? En principio no, lo único que persiguen es que se retire la limitación de zona ZAS. Por eso mismo, indican que si el Ayuntamiento ha incumplido, que lo reconozcan; concretamente, piden al concejal Rafa Simó, con el que se han reunido y han hablado durante estos años, que de la cara y no le pase la patata caliente a Fernando Navarro.
“Hasta ahora hemos transigido con lo que se nos ha dicho, porque siempre nos dijeron que debíamos ir de la mano, pero a estas alturas, la situación es insostenible y nos han tomado el pelo. Pero, a ver, ¿cómo te vas a creer tú que el Ayuntameinto te está engañando?”.
Los empresarios afirman que ellos han cumplido con su parte, han propuesto una mesa de responsabilidad en la que estén presenten todas las partes, poder dialogar y solucionar las cosas. Asumen que el Ayuntamiento no lo ha hecho y estarían dispuestos a conformarse con una disculpa… “aunque estamos convencidos de que no lo van a hacer” pero que se justifique la restricción del ZAS o que se retire.
Por otra parte, manifestaban: “Nos han juzgado con una normativa que ya está obsoleta y ya no es válida”, indican, porque las Cortes Valencianas aprobaron un articulado por el que se permite la posibilidad de que puedan constituirse como un espacio gastronómico protegido. Y esa alternativa, que propusieron los mismos empresarios, a través del PP, fue aprobada por unanimidad por las Cortes Valencianas.
“Se nos han pedido alternativas y las hemos propuesto”, apuntaban también mientras mostraban el estudio.
Este estudio tendría que ser aceptado por el Ayuntamiento, pero, además, su ejecución e incluso su coste final, también está condicionados por las mediciones. En función de la emisión de ruido que produzcan ese techo podrá tener un grosor mayor o menor, lo que también influiría en el coste final de la galería.
Y como ellos señalaban… ¿Y si resulta que no incumplimos la normativa de los 65 decibelios? En ese caso, la galería no sería urgente… Y por otra parte ¿quién debe pagar ese techo acústico? ¿el Ayuntamiento? ¿Los empresarios?
El objetivo final es siempre el mismo, levantar cuanto antes la zona ZAS, poder desarrollar su negocio e, incluso, construir esta galería si además con ello pudieran prolongar horarios y mejorar las condiciones de trabajo.
