Las que están en Suelo No Urbano, no pueden ‘engancharse’ hasta que no minimicen sus impactos
El concejal de Urbanismo, José Luís López, ha afirmado que el ayuntamiento firma permisos de conexión a luz y agua a las viviendas en Suelo Urbano que cuentan con alcantarillado. Las que no reciben esta autorización ‘de enganche’ son las que están en Suelo No Urbano, aunque lo hayan tenido antes, porque se les exige una ‘minimización de impactos. López asegura, que se están difundiendo muchos bulos de forma interesada.
Esperanza Molina / Castellón Información
La problemática de la Marjalería, el nuevo Plan General de Castelló, y las quejas de muchos vecinos siguen el pie una vez casi acabado el verano.
El concejal de Urbanismo, José Luís López, manifestaba a los medios de comunicación, que se están difundiendo muchos bulos ‘interesados’ en torno a las afecciones del Plan General que espera las bendiciones de la Comisión Territorial de Urbanismo.
“No es cierto, indicaba, que toda la Marjalería pase a ser ‘ilegal’ con el nuevo Plan”, pero si lo es, señalaba, que es fundamental poder actuar y desarrollar las condiciones que impuso la Comisión Territorial de Medio Ambiente en la Declaración de Impacto Ambiental (DATE), que se aprobó con condicionantes del pasado verano.
Una de las quejas más repetidas por los marjaleros, es la que se produce cuando propietarios que contaban con permisos o con licencias, y con todos los servicios, han vendido sus viviendas a otras personas. “Cuando el nuevo propietario intenta actualizar sus ‘enganches’ al agua o la luz, servicios de los que ya disponían estas viviendas, el ayuntamiento les niega el permiso y no permite a las empresas que facilitan estos servicios el cambio de contador, por lo tanto, se encuentran con que no disponen de agua, aunque la tubería pase por delante de su puerta”.
Según López, todas las viviendas de la Marjalería, situadas en Suelo Urbano, que ya disponían de estos servicios, y que cuentan con un sistema de saneamiento adecuado, no tienen ningún problema en la transmisión de sus derechos a otros propietarios. El ayuntamiento, afirmó, está concediendo esos permisos.
La dificultad se produce, indicaba, cuando son viviendas que se encuentran en Suelo No Urbano. Cuando solicitan este permiso para el cambio de contador, el ayuntamiento comprueba que cumplen también con otras obligaciones, como del control de los vertidos al alcantarillado o a fosas sépticas debidamente realizadas. Si no es así, indicaba López, se les deniega el enganche, porque primero han de asumir una ‘minimización de impactos’.
De esta forma, se producen situaciones paradigmáticas; en una misma zona, hay viviendas con todos los servicios, porque ya los tenían de antes, y junto a ellas otras que no los pueden disfrutar, porque con el cambio de propietario, se les aplica la normativa actual y se les obliga a asumir estos servicios.
López reiteraba, que el Plan General no va a ilegalizar toda la Marjalería, pero si adecuará la zona a los requisitos legales, urbanísticos y de medioambiente.
La cuestión, es que las cosas no terminan de estar claras. “¿Por qué mi vecino puede tener agua y yo no, si vivo al lado y solo tengo que cambiar el contador?”, preguntaban algunos propietarios. Y de la misma manera, señalaban: ¿No se puede dar un permiso condicionado para cambiar el contador y poder disfrutar de esos servicios que, no suponen coste añadido para el ayuntamiento mientras se gestionan las mejoras y la minimización de impactos?
López insiste, en que todas las viviendas en suelo Urbano y No Urbano, si se han construido antes de agosto de 2015, son legales, nadie puede derribarlas. Pero sus propietarios habrán de asumir una serie de compromisos, como la ‘minimización de impactos’, o la obligación de asumir, cuando les toque, su parte de la urbanización de la zona.
El ayuntamiento, comentaba el concejal está actuando de esta manera también en otras zonas de Castellón, “y es lógico, cuando se urbanizan unos terrenos, una calle, una zona, son los propietarios quienes ha. De asumir los costes de urbanización”.
En su caso, la entidad municipal ha prometido echarles una mano con la redacción de los proyectos de urbanización para evitar molestias y costes innecesarios a los vecinos, e incluso, puede asumir una pequeña parte de los costes de urbanización, lo que estima la ley, pero son los propietarios, los vecinos los que deberán costear la mayor parte.
Aunque el planteamiento no carece de lógica, al menos sobre la mesa de estudio y en la teoría, en la práctica, resulta mucho más complejo. ¿Qué superficie tiene la Marjalería? ¿Cuántas viviendas se encuentran sobre este territorio sujetos a los planes de Urbanización o a la minimización puntual de impactos? ¿Cuánto puede tardar el ayuntamiento con sus técnicos en redactar esos planes de urbanización para que puedan desarrollarse? ¿Cuánto puede tardar esa urbanización en una superficie tan amplia? ¿Podría suceder que se agotaran los plazos legales (que la DATE limita en el tiempo) antes de poder urbanizar todas las zonas afectadas?
Y por supuesto, esa vivienda adquirida, que ya contaba con los servicios básicos y solo tiene que cambiar el contador… ¿Habrá de esperar años a que se apruebe su plan de minimización de impactos para poder tener agua y luz?
No está todo tan claro como parece. Además, en tanto no se apruebe definitivamente el Plan General, no se puede comenzar a urbanizar las zonas afectadas.
