La Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Castellón, que integran los cuatro partidos municipales, ha llegado a un principio de acuerdo para luchar contra la corrupción en la política municipal. Por lo pronto, los políticos que resulten imputados por temas de corrupción, deberán abandonar sus responsabilidades y delegaciones, que retomarán cuando se levante la imputación. Este acuerdo afecta a toda la Corporación, incluido el alcalde, que no dejaría de serlo, pero con responsabilidades muy limitadas, que serían asumidas por el vice alcalde.
Esperanza Molina/Castellón Información
Ha costado mucho tiempo, numerosas reuniones, propuestas, protestas, e incluso un informe jurídico que indique hasta qué punto puede actuar la Corporación en los temas de corrupción política. En la reunión de la Comisión de Transparencia hoy, por fin se alcazaba un principio de acuerdo consensuado, que deberá debatirse todavía en otra comisión antes de que se plantee el texto final, que deberá ser respaldado por el pleno del Ayuntamiento.
Este principio de acuerdo señalaría, básicamente, que el alcalde retirará las delegaciones y responsabilidades a cualquier político municipal, que sea imputado por delitos relacionados con la corrupción.
El documento también contempla qué se entiende por corrupción política: el mal uso del poder público por acción y omisión para obtener una ventaja ilegítima que comporte un abuso de poder, de funciones o medios para obtener un provecho económico o de otra índole y/o que este beneficio o ganancia ilícita se extienda a personas allegadas por vínculos de mayor o menor intimidad al que se obtiene esa ventaja y será necesaria que dicha conducta se encuentre tipificada en el código penal como delitos contra la Administración Pública como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y abusos en el ejercicio de su función, revelación de secretos.
La Comisión también es partidaria de pedir a los jueces la mayor celeridad en la investigación y pronunciamiento ante los casos que se produzcan, que los culpables paguen por lo que han hecho y devuelvan lo que se han llevado. Y el PP pediría también responsabilidades ante las denuncias infundadas que den lugar a procesos que atenten contra el buen nombre y la honestidad de las personas.
Esta medida alcanzaría a cualquier miembro de la Corporación, del nivel que sea, incluido el propio alcalde. Pero ¡Ojo!, retirar las responsabilidades y delegaciones no significa que la Corporación pueda obligar a ese político imputado a abandonar su acta de concejal, si así no lo decidiera él mismo, porque eso, según recoge el informe jurídico elaborado por técnicos municipales, sería ilegal.
Las actas de concejales o diputados, son personales, aunque el político haya accedido a ellas como miembro de una candidatura.
Por otra parte, el mismo compromiso que acerca posturas entre los grupos, señala, que el político imputado podrá recobrar sus delegaciones y responsabilidades en el momento en que se levante la imputación.
¿Cómo se ha llegado a este punto?
Ha sido más complicado de lo que parece. Los grupos de la oposición eran partidarios de que el político imputado por corrupción, dimitiera de su cargo y de su acta, de manera automática. Aquí es donde el informe jurídico ha señalado que esta medida es ilegal por los datos antes apuntados.
Imputación, procesamiento y condena
Pero además, las circunstancias son un poco más complejas. En términos jurídicos se podría hablar de tres fases y conceptos fundamentales que merece tener en cuenta:
Imputación: Se produce desde el momento que alguien presenta una denuncia, cuyo contenido obligaría a los jueces a investigar un tema concreto. El juez podrá llamar a ‘testigos’, pero también levantar imputación contra políticos y particulares. La diferencia estriba en que, para cumplir las garantías procesales de esa persona, que podrá ser o no ser procesado, será conveniente que el imputado acuda con un abogado.
Procesamiento: La evolución de la investigación y los datos que tengan los jueces, permitirán al órgano jurídico, levantar la imputación; o por el contrario, si se consideran que podría haber indicio de delito, iniciar el procesamiento de la persona imputada.
Condena: La tercera fase de este procedimiento conllevaría: el sobreseimiento del procesado, si el tribunal considera que no ha cometido delito; o por el contrario, su condena. En este caso se entiende que se ha demostrado la culpabilidad y a partir de entonces se aplican las medidas que determine el juez: privación de libertad, multa ect…
Según manifestaba Juan José Pérez Macián, portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, el problema actual, es que los temas de corrupción destapados durante los últimos años, han generado el ‘hartazgo’ de la población, y la manipulación política interesada.
“Es lógico que el ciudadano de la calle esté hasta el gorro en torno a las denuncias y procesos de corrupción abiertos durante los últimos años”, indicaba Pérez Macián. No se le puede pedir al ciudadano que distinga entre imputado, procesado, o condenado, cuando está viendo, día a día, casos que colman el vaso de la paciencia y más en momentos tan difíciles como estos.
Pero también hay que ser consecuentes, indicaba Pérez Macián, y ser consecuentes con lo que se decide y lo que se aprueba.
“Cualquiera puede presentar una denuncia contra un político porque estime que no ha cumplido bien con su labor”, señalaba el portavoz del equipo del PP. “Y el juez tendrá la obligación de investigarlo. Y ese político será imputado, sea inocente o culpable… hasta que no se demuestre su culpabilidad (porque a presunción de inocencia es uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos); se está jugando con la vida y la honestidad de este u otros ciudadanos… ¿y si luego se demuestra que no hubo nada?. ¿Y al que denuncia, sin base, por destrozarle la vida a alguien? ¿Qué responsabilidad se le pide?
En la actualidad, hay 1.700 políticos imputados, pero solo 22 personas condenadas. La mayor parte de los imputados, más de 300, corresponden a la zona de Andalucía. Más de 200 a la Comunitat Valenciana, y el resto se reparten por todo el territorio español.
Tres alcaldes imputados en Castellón
De momento, en Castellón, tres alcaldes han sido imputados por delitos de corrupción,, sin que ninguno de ellos haya superado el grado de imputación. Lo fueron, José Luís Gimeno, Alberto Fabra, el concejal José Pascual, varios funcionarios municipales y una funcionaría de Caja Rural, por una querella criminal proveniente del Grupo Socialista sobre los terrenos de El Corte Inglés. El juez investigó y declaró el sobreseimiento del tema.
Recientemente fue imputado el actual alcalde, Alfonso Bataller, porque cuando era subsecretario de Sanidad, se dio luz verde a una serie de contrataciones, relacionadas por el caso Gürtel. Tras dos años angustiosos en los que el alcalde fue objeto de todo tipo de campañas para que dimitiera por corrupto, el juez finalizó el sumario, dictó el procesamiento de 27 personas, y levantó la imputación sobre Alfonso Bataller.
¿Qué hubiera ocurrido con Bataller si ya hubiera estado en vigor el acuerdo de transparencia?
Precisamente uno de los temas que dio lugar a que se pusiera en marcha la Comisión de Transparencia, fue precisamente el tema de Bataller.
Si el principio de acuerdo al que han llegado los partidos políticos y que deberá oficializarse en pleno, hubiera estado vigente… ¿Cómo hubiera afectado al alcalde Bataller? ¿Hubiera estado obligado a dimitir aun cuando después se levantara la imputación y quedara libre de culpa?
Juan José Pérez Macián explicaba a este respecto: “no, este es uno de los temas sobre los que también se ha hablado”. Si Bataller hubiera dimitido en aquel momento… ¿Quién le habría repuesto en su cargo y le hubiera devuelto sus responsabilidades?. Ya no sería posible.
Si este acuerdo hubiera estado en vigor, Bataller hubiera seguido siendo alcalde de Castellón, pero eso sí, solo podría actuar como tal en los casos que tengan la condición de indelegables en que legalmente no hubiera podido hacerlo otra persona, por ejemplo en el dictamen de un bando de alcaldía. Pero en la práctica, sus responsabilidades hubieran sido asumidas por la vice alcaldesa, Marta Gallén. Y una vez levantada la imputación hubiera recobrado sus responsabilidades como alcalde.
