Diputación defiende a los trabajadores ante el desmantelamiento de la Conselleria, mientras Generalitat alude a las consecuencias de esta petición
Nueve de los despidos realizados por la Conselleria de Sanidad en el Hospital Provincial han llegado hoy a los tribunales, donde también se ha tratado la denuncia presentada por Diputación en defensa de los trabajadores. Durante la vista, Diputación ha solicitado que se admita el despido improcedente y se proceda a la readmisión de los despedidos. Generalitat ha suplicado a la jueza que no lo haga para evitar las consecuencias, y es que los despidos del 2016 amenazan con convertirse en un alud para el Consorcio y el ente autonómico.
Esperanza Molina /Castellón Información
El Consejo de Gobierno del Hospital Provincial, presidido por la consellera de Sanidad, Carmen Montón, aprobaba con el voto de la Consellería y la oposición de la Diputación era despido de 17 trabajadores del centro sanitario. Esto sucedía el 26 de octubre de 2016.
Fue un Consejo duro, con manifestación eso trabajadores en al puerta del Hospital. Desde Sanidad y el Consorcio se justificó la medida en base a un informe de Recursos Humanos que se había encargado a la Universidad Jaume I.
Lo malo es, que la medida se tomó de forma unilateral sin que se presentara el citado informe que lo justificaba. La conslleria se comprometió a facilitarlo al día siguiente, un día después de aprobado el despido de los trabajadores. Pero unas horas después, en la red del hospital solo figuraban 7 folios que, fuera de contexto, apenas podían interpretarse.
Fue necesario que discurrieran las fechas para que, casi un mes después se publicara el informe completo, elaborado por dos catedráticos de la UJI que dijera haber realizado el estudio a título personal y no en representación de la Universidad. También el rector de la UJI negó que fuera un informe de la Universidad, pese a que, desde el mismo Consorcio se hizo público el documento firmado entre el Provincial y la Universidad, para la elaboración el estudio. La situación fue kafkiana.
Hoy, han llegado al Juzgado de lo social los recursos presentados por nueve de estos trabajadores despedidos y también la denuncia interpuesta por la Diputación Provincial por lo improcedente de estos despidos.
El papelón del juzgado en esta causa
Según ha confirmado el ente autonómico, la "Diputación de Castellón ha defendido hoy en los tribunales los derechos de los trabajadores del Hospital Provincial ante el desmantelamiento que está llevando a cabo la consellera Carmen Montón". El Gobierno Provincial reclama que readmita a todos los trabajadores despedidos ilegalmente y la Generalitat suplica a la jueza que no lo haga para evitar las consecuencias que supondría esa decisión.
Y es que, lo mire por donde lo mire, el juzgado y su representante tiene entre sus manos una patata caliente, muy caliente esto es por cómo se ha llevado el proceso.
El proceso a seguir pasa por lo siguiente. En defensa de sus intereses, los trabajadores despedidos pueden recurrir la decisión ante el juez alegar la improcedencia del despido. Si el juzgado lo reconoce como tal, deberá dictar sentencia favorable al trabajador y obligar a la empresa, en este caso el hospital, a readmitir al trabajador, al que deberá indemnizar también por los sueldos que no ha percibido; o a indemnizarlo en base a la improcedencia del despido.
Y eso es lo que ocurrió la principio el proceso. La primera de esos trabajadores que habían recurrido la improcedencia de la decisión, pasó por el juzgado. Pero en aquel caso la sentencia no se quedó tan solo en el concepto de 'improcedencia', sino que en el fallo y su explicación declaró probados otros hechos como las formas e incluso la persecución laboral que había sufrido la trabajadora del centro. Y en su fallo, el tribunal 'obligaba' al hospital a readmitirla.
Mal pintaban las cosas para el Consorcio por parte de la Conselleria, porque esta sentencia sentaba precedente. La Conselleria optó por negociar con los trabajadores despedidos en la misma puerta del juzgado para evitar la intervención el juez, y salvó la papeleta con indemnizaciones pactadas.
El mismo procedimiento se ha seguido con otros de los afectados.
Algunos de esos trabajadores despedidos fueron contratados después por el Hospital General o encontraron trabajo en otros puestos de la Sanidad.
La bola de nieve amenaza con convertirse en alud
Pero ahora las cosas cambian y la bola de nueve puede convertirse en alud con todas las características.
Y esto es porque la Diputación también apoyó a los trabajadores y también denunció el tema, solo que en este caso, ni hay posibilidad de pacto ni las relaciones entre las dos partes del Consorcio Provincial se prestan a entendimiento. Sobre todo tras el último Consejo de Gobierno de ayer.
En su comparecencia, Diputación ha aludido a la decisión tomada en un Consejo, con el voto de calidad de la consellera, y en unas condiciones de total falta de información, ya que la Conselleria no facilitó los informes técnicos sobre los cuales, al menos en teoría, justificaba los despidos.
Y lo que diga el juez sobre el tema puede ser muy gordo. En el caso de que se emitiera sentencia que diera la razón a Diputación sobre la improcedencia de los despidos, y obligara al Consorcio a readmitir a los trabajadores, todo los pactos alcanzados por el Consorcio con los afectados podrían quedar en el aire. Esta es una de las razones por las que, según ha confirmado Diputación, la Conselleria ha suplicado a la juez que mida las consecuencias de la sentencia.
Por su parte, la diputada provincial Elena Ruiz Vicente ha declarado:
“Estamos convencidos de que habrá justicia después de que hoy mismo se hayan demostrado nuevos despidos improcedentes. Confiamos en que la justicia eche para atrás esta decisión del Consorcio que sólo se entiende dentro de la política de desmantelamiento del Consell que está protagonizando la consellera Montón con el beneplácito de Ximo Puig. Hoy hemos comprobado cómo no han podido justificar con ningún documento ni informe esta decisión que ahora pretenden mantener aludiendo a la dificultad administrativa de revocarla. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el Hospital Provincial de Castellón”.
Vicente-Ruiz ha defendido la calidad asistencial sanitaria de la provincia así como la calidad de los puestos de trabajo del personal que presta esa asistencia. “Pensamos que atacar al personal, atacar a los médicos, a los enfermeros, a todas las personas que trabajan en el Hospital Provincial es bajar la calidad asistencial del Hospital y atacar directamente al corazón sanitario de la provincia. Y es por eso que vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, hoy mismo con uno de los nueve juicios contra el Consorcio del Hospital Provincial en defensa de los derechos de los trabajadores”.
“He pedido, como diputada provincial y vocal del Consorcio que se anule el acuerdo de 26 de octubre de 2016 por el que se amortizaban 17 plazas. Agradecemos el sobreesfuerzo que están realizando los trabajadores del hospital por intentar que los pacientes no sufran las consecuencias de la negligencia de la política absolutamente nefasta de la gestión que está llevando a cabo Ximo Puig en el Hospital Provincial de Castellón”, ha asegurado la diputada.
