La asociación memorialista asegura que el grupo no tiene poder para ejecutarlo, "son los políticos los que deben hacerlo"
S. Barberá/Castellón Información
El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló se ha reafirmado hoy en su informe sobre los vestigios franquistas y en el que se ratifica en la necesidad de suprimir nombres ilustres del callejero de la capital de la Plana como es el caso del fundador del Pregó, Segarra Ribés o de Vicente Traver o Lluís Revest. Así lo han explicado hoy en una comparecencia ante la prensa en la que han mostrado “estupor” ante la cantidad de voces que han salido para criticar el informe, mientras que “no se ha levantado ninguna” para recordar a las víctimas del franquismo. Junto a ellos, la Asociación de familiares de víctimas de la represión franquista del cementerio de Castelló señalan que “exigimos que se cumpla la ley de memoria democrática, y que las instituciones, el ayuntamiento entre ellas, no se convierta en encubridor y defensor de quienes colaboraron en procedimientos represivos durante la dictadura franquista y atienda las demandas de verdad, justicia y reparación que nuestros familiares necesitan, como está contemplado tanto en la legislación estatal y autonómica, y no la de otras familias de personajes que ostentaron cargos durante el franquismo, colaboraron en la represión de los vencidos o formaron parte del ejército de la Alemania nazi”.
Desde el Grup per a la Recerca de la Memòria Històrica, como asociación cultural memorialista dedicada al estudio de la memoria histórica, fundada en el año 2004, han señalado que el informe elaborado es fruto de un encargo realizado por el Ayuntamiento de Castelló, pero “nosotros no tenemos ningún poder para ejecutarlo, ni poner ni quitar calles de nombres. Nosotros informamos y quienes deciden son los políticos”. Por ello, han señalado que todavía no conocen cómo actuará el equipo de Amparo Marco, pero “cuando el ayuntamiento se defina, si modifica algo del informe, haremos una valoración sobre sus modificaciones”.
Los integrantes de la asociación han señalado que “en este debate hay que tener en cuenta que, según los estudios al alcance de todo el mundo, los miembros de los gobiernos de los diferentes órganos de poder de la dictadura franquista (ayuntamientos, diputaciones, Cortes, Gobierno central) eran escogidos por los órganos superiores de la administración franquista, a pesar de la ficción de las elecciones a procuradores a Cortes, diputados, concejales, alcaldes, etc”. Para los miembros del grupo “la responsabilidad de estos miembros comienza en el momento en el que se acepta el cargo, cada uno en su jerarquía, porque existe la posibilidad de dimitir, acto muy poco practicado”.
Por su parte, la portavoz de la asociación de familiares de víctimas de la represión franquista del cementerio de Castelló, Dolores Domingo, ha señalado que “no entendemos como nuestros representantes políticos se prestan a atender exigencias y a ceder ante las presiones de opiniones, algunas de ellas expresadas por los mismos familiares de los que fueron o colaboraron en la represión de nuestros abuelos y padres, ignorando a las víctimas de la represión franquista durante tantos años silenciadas”.
Según han afirmado desde la asociación “muchas de las víctimas del franquismo fueron fusiladas, padecieron prisión o depuración profesional a manos justamente de estos victimarios que algunos reivindican que permanezcan en el nomenclátor de la ciudad. Rafael Prades Trueba, castellonense fusilado en 1939 cuyos restos fueron exhumados en 2018 en el cementerio de Castelló, el que fuera presidente de la Diputación, José Hernández Merlos, fusilado también en 1941, junto a decenas de castellonenses que también fueron fusilados, contaron con el informe preceptivo en su consejo de guerra del que fuera alcalde de la ciudad que aún hoy en día mantiene su nombre en una de nuestras calles”.
