La discrepancia reside en derogar la Ley Montoro, como pide el Acuerdo de Fadrell, o solo modificarla, como reclama VOX
El Ayuntamiento de Castelló tampoco está de acuerdo con el preacuerdo entre Hacienda y la FEMP para ceder los ‘ahorros municipales’ al Gobierno de España. El Grupo Popular ha presentado una declaración institucional para hacer efectivo este desacuerdo y conseguir su aprobación unánime en el pleno del jueves. La declaración no ha sido vetada pero tampoco aprobada y está sujeta a negociación. El problema de base reside en si hay que derogar o no la ley que condiciona el gasto a los ayuntamientos.
Esperanza Molina/Castellón Información
El Grupo Municipal Popular ha presentado una declaración institucional al pleno del Ayuntamiento del próximo jueves “para instar al Gobierno de España a no incautarse de los recursos económicos de las entidades locales”.
Con esta declaración, el Grupo Popular vuelve a poner sobre la mesa la existencia de un preacuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la directiva de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), que ha levantado ampollas en la mayor parte de las instituciones locales.
El citado preacuerdo perseguiría que “las instituciones locales, ayuntamientos y diputaciones españoles presten la totalidad de los ahorros acumulados durante los últimos 8 años y, a cambio, solamente se les permitirá gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de un dinero que es de los vecinos y exclusivamente en aquellas actuaciones que previamente ha definido el propio Gobierno.
El resto del dinero prestado será devuelto por el Gobierno a lo largo de los próximos 10 años, aunque la propuesta excluye el calendario de pagos, lo que supone que las entidades locales no podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década y por lo tanto, la asfixia financiera de los mismos”.
De llegar a aprobarse, el Gobierno se haría con un importe que supera los 5.000 millones de euros que las instituciones locales no pueden gastar en las necesidades de sus vecinos, como consecuencia de la aplicación de la Ley Montoro. La citada Ley, que sigue en vigor, impide a los ayuntamientos y diputaciones poder presupuestar como gasto los remanentes de las partidas no ejecutadas en ejercicios anteriores, que solo pueden destinarse a amortizar deuda o a Inversiones Financieramente Sostenibles.
Frente a la hipotética aprobación de este preacuerdo, algunos ayuntamientos han optado por destinar sus remanentes amortizar deuda de forma masiva; ese ha sido el caso de Castelló o de Alicante.
Pero otras instituciones tienen las manos atadas, como es el caso de la Diputación de Castellón que ya liquidó toda su deuda y tampoco puede disponer de sus remanentes.
Una forma de frenar este preacuerdo ha sido la de darlo a conocer de forma masiva en todas las entidades locales y, a su vez, presentar mociones o declaraciones institucionales para manifestar su desacuerdo.
El problema, es que los colores políticos aprietan mucho a los gobiernos de esas entidades locales, fundamentalmente a los de signo socialista porque podría entenderse como un enfrentamiento contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Declaración Institucional del GMP
La Declaración Institucional presentada por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, plantea:
“Primero.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Castellón con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación.
Segundo.- Manifestar el profundo rechazo del Ayuntamiento de Castellón a cualquier medida tendente a apropiarse los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las entidades locales al Estado a devolver a largo plazo.
Tercero.- Instar al Gobierno de España a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.
Cuarto.- Instar al Gobierno de España a atender las demandas de las entidades locales, especialmente la referida a la flexibilización de la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que puedan disponer del 100% sus remanentes de Tesorería para lucha contra los negativos efectos de la Covid-19.
Quinto.- Instar al Gobierno de España a que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales valide dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados o ante los órganos de gobierno de la FEMP, legítimos representantes de las entidades locales y de los españoles.
Sexto.- Instar al Gobierno de España a que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Séptimo.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos Políticos del Congreso, Senado y de las Cortes Valencianas y a la Junta de Gobierno de la FEMP.”
En principio, la declaración presentada por el Grupo Municipal Popular no ha sido rechazada por el resto de los grupos políticos, eso ya ha sido un paso de gigante. Pero tampoco cuenta con su aprobación absoluta y aquí está el tema.
Fuentes del Acuerdo de Fadrell señalan que coinciden completamente con el fondo del asunto (Así se habrían expresado ya anteriormente tanto Compromís como Podemos), pero difieren en las formas y del primer punto de esta declaración.
Estas ‘formas’ hacen referencia, especialmente al texto de explicación de motivos que acompaña estas disposiciones en el que el PP ataca al Gobierno de Sánchez, o utiliza epítetos como ‘chantaje’, que no habría sido bien recibido por los partidos de izquierda.
Por otra parte, los miembros del Acuerdo de Fadrell han manifestado su intención de consensuar el texto para sacarlo adelante, pero siempre que se sustituya el punto 1º para solicitar la derogación completa de la Ley Montoro.
Pero si los de Fadrell (PSOE, Compromís y Podem) muestras objeciones, también VOX también tiene algo que decir.
Según ha manifestado el concejal de VOX, la declaración, tal como está redactada contaría con su voto positivo. Per si se modificara para derogar completamente la Ley de Gasto, tendría su voto en contra; por lo tanto, con el veto, la declaración no saldría adelante.
Lo curioso de este tema, es que por separado todos los grupos opinan que no es de recibo que el Gobierno impida a los ayuntamientos disponer del ahorro de sus vecinos para poder hacer frentes a crisis como la que ha generado la Covid; y menos aún, que el Ministerio de Hacienda quiera arrebatar a los vecinos el derecho de disponer de sus dineros a través de sus corporaciones locales.
En resumen: ¿serán capaces los grupos políticos del Ayuntamiento de Castellón en consensuar su oposición a una disposición que todos rechazan?
