Braina demuestra que el informe pericial contiene errores de bulto en algunas de sus apreciaciones
Las declaraciones realizadas por los funcionarios municipales, en la Comisión de Investigación de la Sala de Seguridad de Castelló han declarado, que la tramitación fue ajustada a derecho, cumplió la ley y las normativas a las que estaba sujeto el Ayuntamiento, y se cumplió el objeto del contrato. El informe pericial sirvió de base a las preguntas de acusación de PP y CS, pero demostró también contener errores de bulto, al entrar en procedimientos jurídicos que no domina. Braina intentó desacreditar al perito, mientras Vidal y Sales han profundizado en sus sospechas.
Esperanza Molina / Castellón Información
La Comisión de Investigación Municipal, para depurar responsabilidades en las ‘presuntas’ incorrecciones de la contratación de la Sala de Seguridad de la Policía Local de Castellón, han iniciado la fase de interrogatorio a los testigos.
La sobra demoledora del informe pericial
La Comisión se presentaba calentita después de que se conociera el informe del perito externo, contratado por la Comisión, que, como ya publicó Castellón Información, resultaba demoledor.
Los primeros testigos en prestar declaración han sido funcionarios municipales: El director se Servicios Urbanos, Infraestructura y Sostenibilidad, CB; el interventor general, JMM; el director de Gestión Presupuestaria, PH; y la jefa de Sección Patrimonio y contratación, PS.
El procedimientos se realizaron en el Salón de Actos del Menador de Castelló, en una sesión presidida por Vicente Vidal, portavoz de Ciudadanos.
Los testigos han respondido a las preguntas formuladas por los representantes municipales, en función de su representación: Luciano Ferrer de VOX; Fernando Navarro, de Podemos; Compromís (que no ha intervenido); Vicente Sales del PP; y Omar Braina, del PSOE.
La mayor parte de las preguntas han sido muy similares. Basadas en el informe pericial, ya comentado, se han centrado en determinar: Cómo se gestionó la decisión de externalizar la contratación de una empresa para que elaborara el pliego de condiciones que había de regular la contratación de los 4 lotes de que constaba el proyecto de la Sala de Seguridad, en la que se invirtieron casi 800.000 euros.
¿Quién contrató a Alt165?
Quién había tomado la decisión de contratar a la empresa ALT165 para la redacción de los pliegos de condiciones y la posterior revisión de las ofertas de las empresas que se presentaron a la adjudicación. Los problemas que surgieron durante el proceso de contratación; la propuesta de modificación del contrato a unos días de completarse la recepción de los dispositivos y los trabajos. Los ‘presuntos’ incumplimientos denunciados por el informe pericial. Y finalmente, el ‘presunto’ incumplimiento del resultado previsto cuando se planteó la renovación de la Sala de Seguridad, así como las dudas planteadas por el informe pericial sobre los plazos y las garantías y el pago de los contratos a las adjudicatarias.
‘El peliculón’
Por orientar al lector, que posiblemente se haya perdido en este laberinto de datos y de fechas, el relato de los hechos que se analizan sería el siguiente:
Fondos europeos para la Sala de Seguridad
En 2016, el Ayuntamiento de Castelló accedió a la obtención de diferentes ’paquetes’ de fondos europeos, que superaron el valor de 20 millones de euros para la modernización de la ciudad.
Un pequeño ‘pellizco’ de casi 900.000 euros, se destinó al objetivo de generar una Sala de Emergencias debidamente acondicionada para las necesidades de la ciudad. El objetivo era: adecuar, modernizar y generar una entidad que pudiera centralizar todos los operativos de seguridad de Castelló. Se acordó encauzar el proyecto dentro del apartado de inversiones sostenibles.
Los técnicos no tienen capacidad ni medios para el pliego de condiciones
En base a ello, se realizó una reunión con los diferentes responsables de los departamentos municipales para determinar cómo desarrollar este proyecto. Había que generar un informe de necesidades, justificar la inversión, y determinar quien realizaba el pliego de condiciones de los detalles técnicos para poder sacar a concurso la Sala de Seguridad.
Tal como han confirmado los funcionarios municipales en su declaración, ninguno de sus departamentos contaba con medios humanos y materiales para ello. Por esta razón, se determinó contratar asistencia externa. Era un contrato menor, y por lo tanto, no había de pasar por un complejo procedimiento de contratación, bastaban 3 ofertas, debidamente documentadas para seleccionar la más ventajosa de ellas.
Alt165 SL y Eurocop, con domicilio social en El Escorial
Esta empresa o profesional cualificado debería redactar el pliego de condiciones técnicas, pero también, revisar las ofertas de las empresas que se presentaran a la adjudicación. El contrato se dividió en 4 lotes que salieron a concurso por separado, y que debían poder vincularse entre si para poder integrar los sistemas operativos:
- Lote 1: Equipamiento informático.
- Lote 2: Matriz de Comunicaciones
- Lote 3: Equipamiento de video-wall
- Lote 4: instalación de cámaras de seguridad
Se contrató la oferta más barata, presentada por Nicolás JS, que envió el pliego de prescripciones técnicas para el concurso público, con membrete de la mercantil ALT165 SL, domiciliada en El Escorial. Una entidad constituida en 2005 que no se dio de alta en actividades económicas hasta 2017, que no tenía actividad laboral ni personal.
Eurocop se lo lleva todo, de momento
Por resumir todo este proceso, cabe señalar, que los cuatro lotes fueron adjudicados inicialmente a una misma empresa, Eurocop Segurity Systems, SL, radicada en San Lorenzo del Escorial, que ya trabajaba con el Ayuntamiento de Castellón, y que colaboraba con la UJI en una cátedra de seguridad. Eurocop cumplía los pliegos técnicos y ofertaba como mejoras una rebaja del 12% sobre el precio base, una reducción de los plazos de entrega del material a 44 días y una ampliación de la garantía a 24 meses.
La baja temeraria de APD y la intervención del TAC
Ahora bien, el Pliego de Condiciones del concurso incluía una cláusula que recomendaba evaluar ‘de forma especial’ las denominadas ‘bajas temerarias, al 
considerar que una rebaja excesiva en los precios podría poner en peligro la ejecución del proyecto. Este fue el caso de ‘Algoritmos Procesos y Diseños SA’ (APD), que había optado al lote 2 para el que había presentado una rebaja del 22,44%, calificada de ‘baja temeraria’, además de ofrecer las mismas mejoras de Eurocop.
Se considero que APD no justificaba adecuadamente su rebaja económica y fue apartada de la contratación. Sin embargo, APD recurrió en enero de 2017 al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TAC). El 17 de marzo de 2017 el TAC daba la razón a APD y ordenaba retrotraer el proceso de adjudicación del Lote 2 para que esta empresa, retirada por su baja, pudiera ser debidamente valorada. En consecuencia, Eurocop acabó como adjudicataria de los lotes 1,3 y 4, pero el lote 2 fue adjudicado a APD. Y comenzó el enfrentamiento y los problemas entre Eurocop y PDM. Las entregas se retrasaron y surgieron problemas para la integración de los dispositivos en la matriz de comunicaciones.
Modificaciones en los lotes 1, 3 y 4 desestimadas
Días antes de que concluyera el plazo de entrega, el intendente General de la Policía Local solicitaba la modificación de los requisitos de los lotes 1, 3 y 4, adjudicados a Eurocop, Pero desde Contratación se rechazó la propuesta porque las modificaciones solicitadas eran profundas y hubieran necesitado de un nuevo contrato con el correspondiente sistema de adjudicación. Este dato es importante, porque influyó en los plazos que se habían acordado para el suministro y montaje de la Sala de Seguridad.
Recepciones correctas y firmadas
El Ayuntamiento de Castelló recepcionó los diferentes lotes, a los que dio su conformidad. Se justificaron los retrasos en el caso de Eurocop, como propiciados por la misma entidad municipal, y se devolvieron las garantizas transcurridos los dos años. No lo tuvo tan fácil APD. La inversión realizada fue de casi 800.000 euros.
Las acusaciones de Ciudadanos y PP y el informe pericial
Una vez contado el cuento, llega el momento de explicar las acusaciones de Ciudadanos y el Partido Popular que dieron origen a esta Comisión, y que se han visto reflejadas, en algunos casos, en el informe pericial externo.
Uno y otro partido ven poco claro el procedimiento casi en su totalidad.
Dudan de la necesidad de contratar una empresa externa, para los pliegos de condiciones del concurso de la Sala de Seguridad, y más aún, que esta empresa condicionara la revisión de las ofertas.
Estiman ‘interesada’ la contratación externa de Nicolás JS, responsable de Alt165, sobre la que tanto ellos, como el perito, reseñan la coincidencia de que esté radicada en el mismo barrio de San Lorenzo del Escorial que la adjudicataria, Eurocop.
Cuestionan la legalidad de este contrato menor sobre el que indican, falta documentación y podría ser anómalo.
Amparados por el informe pericial, ponen en duda la cláusula de baja temeraria, que apartó inicialmente a APD del concurso por el lote 2; y señalan que pudo haber connivencia entre Nicolás JS de Alt165 y Eurocop para hacerse con toda la contratación, los cuatro lotes.
Con el informe pericial, atacan los pliegos de condiciones y la formulación de los cuatro lotes, que pudieron ser ‘interesados’
Resaltan la controversia de la solicitud de modificación de los contratos de los lotes 1, 3 y 4, rechazada por Contratación. Y ponen en duda que se 
recepcionaran adecuadamente los dispositivos y servicios de Eurocop.
También siembran sospechas sobre las cámaras de seguridad de Eurocop, si se entregaron y funcionaron, como indica la documentación, cuando se produjo el asalto a la azotea del Ayuntamiento en septiembre de 2017.
Recelan que Eurocop no realizó la totalidad de la obra civil contratada en la Sala, que pudo ser efectuada por las brigadas municipales.
Afirman que se incumplió el objetivo de la contratación, porque no se han unificado las salas de seguridad. Y también, ponen en tesitura de juicio las actuaciones de los entonces intendente general y del concejal de Seguridad, que son los que firman las recepciones y determinaciones más importantes.
Lo que indican los técnicos municipales: Se cumplió el objetivo del contrato
Hechas estas observaciones, que se han traducido en preguntas ‘intencionadas’ a los técnicos municipales, para demostrar sus sospechas, los funcionarios que han prestado declaración han afirmado: que todos los pasos cumplieron con los requisitos municipales y jurídicos. Y también, que se cumplió el objetivo del contrato.
El único que ha entrado en la duda sobre algunos de los elementos planteados ha sido el director se Servicios Urbanos, Infraestructura y Sostenibilidad, CB. El técnico ha admitido que se le preguntó si su departamento podía asumir la redacción del pliego de condiciones técnicas, y que no estaban en condiciones de realizarlo.
Por lo demás, el PP ha incidido sobre la externalización, quien investigó a Alt165, quién se responsabilizó de los procedimientos y si sospechaba que se hubieran podido producir anomalías. CB dijo que algunos de los procedimientos no eran los más comunes pero no asumió responsabilidades porque no era su área.
Por parte del interventor y el director de Gestión presupuestaria, ambos se han remitido a reseñar los procedimientos legales, tanto generales como particulares del ayuntamiento de Castelló, para señalar que en lo que le tocó a ambos departamentos se cumplieron rigurosamente todos los procedimientos.
CS y PP lo intentaron todo sin conseguir mayores respuestas.
El último testigo, la jefa de Sección Patrimonio y Contratación, PS fue mucho más explícita, pero también mucho más tajante. No se incumplieron los trámites jurídicos ni administrativos.
Los errores y las lagunas del informe pericial
El concejal del PSOE, Omar Braina, por su parte, dejó al descubierto, que el informe pericial tenía fallos y lagunas de bulto.
Tal como confirmó la técnica, y en contra de la opinión del perito, es obligado siempre, en lo posible, dividir los contratos en lotes. Lo contrario si hubiera sido irregular. No se produjo irregularidad alguna al contratar la asistencia externa para el pliego de condiciones, dado que se justificó la imposibilidad de hacerlo por parte del personal municipal. También rebatió al perito en torno a lo que significa una ‘baja temeraria’ contemplada por la administración, y es habitual la intervención del TAC cuando las empresas recurren los contratos o su adjudicación.
Y, en contra de lo que indica el informe pericial, no se pueden realizar ciertas especulaciones en torno a materiales o precios o en lo que se refiere al pago de garantías. En términos jurídicos, el informe pericial comete muchos errores.
Todos los procedimientos, dijeron los técnicos, estaban justificados y con las firmas de los responsables que debían avalarlos. No se produjeron irregularidades y ninguno de ellos se atrevió a presuponer actos de mala fe, que en sus respectivos cometidos no se realizaron.
Enfrentamiento entre Braina y Vidal
Y fue precisamente el intento de Braina de desacreditar un informe pericial que dejaba tantos errores por el camino, lo que provocó que Vicente Vidal le recriminara por ‘atacar’ a una persona que no podía defenderse, ya que no estaba presente.
A decir verdad, el comportamiento de cada uno de los responsables municipales los definió por completo. Los unos, porque se identificaron e interrogaron en términos de letrados. Sales, por preguntar de forma reiteradamente: “Según su experiencia no cree que…”. Aunque no consiguió lo que quería.
En conclusión, la primera testifical solo ha desestimado cualquier sospecha de irregularidad, a juicio de los técnicos interrogados, aunque cada uno de los representantes municipales mantuvieron su convencimiento de que cada uno de ellos tenía razón. Los unos en sus sospechas, los otros, en la falta de ellas.
La próxima Comisión de Investigación será el viernes, 17 de septiembre, de la próxima semana.
