El grupo municipal ponen la condición de hacer partícipes, desde el principio y en todo momento, al equipo docente y al AMPA
Castellón Información
El Grupo Municipal Popular solicita el apoyo del resto de grupos políticos para instar a la Generalitat a no demorar más la construcción del nuevo colegio Vicent Marçà en el Raval Universitari.
Han presentado una iniciativa plenaria en la que instan al conseller de Educación, Vicent Marzá, a poner en marcha el necesario protocolo de actuación, que permita avanzar en los proyectos de construcción del CEIP Vicent Marçà, dándole prioridad absoluta, para no seguir defraudando a las familias.
Y solicitan que se habilite una partida presupuestaria urgente para este fin. Además, condicionan la confección del proyecto a la participación del equipo docente y del AMPA.
Ya han transcurrido más de dos años desde que el pasado 29 de septiembre de 2016, todos los grupos políticos que forman la corporación municipal, acordaran estimar una declaración institucional para instar a la Conselleria de Educación a que se cumplieran los plazos del Plan de Infraestructuras Educativas, que contemplaba el inicio de las obras del colegio Vicent Marçà durante el primer semestre del año 2017. Año en el que se debían iniciar intervenciones en 22 centros, de las que aún no se ha licitado ninguna.
Los retrasos ocasionados durante este tiempo, todas las acciones realizadas por parte de la Conselleria y del equipo de gobierno de este consistorio en relación con la construcción del centro escolar, tan solo han servido para volver a la casilla de salida, y agravar la situación de alumnos, padres, profesores y resto de la comunidad educativa.
Dado que, además, tanto la plataforma de vecinos, como la Asociación de Vecinos del Raval Universitari y las AMPAS de ambos centros, han venido reclamando soluciones a la Conselleria de Educación y al Ayuntamiento de Castellón, los populares consideran que la construcción del centro es una prioridad absoluta y debe ser atendida con urgencia, siendo el Ayuntamiento el que tiene la obligación de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y defender los intereses de la ciudad de Castellón ante la Generalitat Valenciana.
