Defiende su papel en la protección y recuperación de las especies en extinción, el control de las plagas y la dinamización económica de los entornos en los que se localizan los cotos
Castellón Información
La diputada provincial y presidenta del Partido Popular de la provincia de Castellón, Marta Barrachina, reivindica la defensa de la caza como motor económico y social de la provincia de Castellón como garantía de la sostenibilidad y equilibrio medioambiental, por lo que reclama al Gobierno de España que la actividad cinegética, en sus distintas modalidades, sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y que retire el Anteproyecto de la Ley de Protección y Derechos de los Animales y que sea consensuado con el sector antes de presentarlo.
Marta Barrachina se ha expresado en estos términos tras mantener una reunión de trabajo con el presidente de la Junta Directiva Autonómica de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Raúl Esteban Cano; y el delegado de organización en Castellón, Pablo Molina Camaño, un encuentro que ha servido para que el PPCS registre una moción en la Diputación de Castellón para “promover la defensa de la caza en la provincia”.
“El texto que se está promoviendo desde el Gobierno central es una auténtica barbaridad en los términos que está planteada, que no es más que otro paso en la criminalización de la actividad cinegética en todas sus formas y, en la práctica, busca su desaparición, extremo que no vamos a tolerar. Si eso es así, nos tendrán enfrente”, ha subrayado Marta Barrachina.
La presidenta de los Populares en la provincia de Castellón subraya que “la realidad empírica y científica demuestra las múltiples razones que tenemos para apoyar una actividad tan natural e intrínsecamente unida al ser humano como es la caza”, y recuerda que en la provincia de Castellón hay “12.000 cazadores federados, 40.000 en toda la Comunitat Valenciana, personas que practican este deporte y que son sensibles a la protección del medio ambiente y que respetan a las especies, justo lo que deberían hacer y no hacen los partidos de izquierda que tienen las responsabilidades de gobierno. Son ecologistas de salón que con cada una de sus decisiones solo hacen que atacar y perjudicar al medio ambiente”, ha lamentado.
Marta Barrachina defiende el papel de la caza en aspectos como “la protección y recuperación de las especies en extinción, el control de las plagas como las que ahora hay de jabalís, conejos, corzos o ciervos en la provincia de Castellón y la dinamización económica de los entornos en los que se localizan los cotos, en la mayoría de los casos en pueblos y zonas amenazadas por despoblación. Son esos cotos los que atraen visitantes, con todo lo que conlleva en alojamiento y hostelería, además de generar fondos para mantener el monte en condiciones”. Se estima que el sector de la caza genera 7.000 puestos de trabajo en los más de un millar de espacios naturales dedicados a esta práctica deportiva y medioambiental que hay en la Comunitat Valenciana, y que el impacto económico del sector a nivel nacional es de 6.500 millones de euros.
La moción que el PP ha presentado en la Diputación de Castellón consta de nueve puntos. Entre ellos, se insta a institución provincial que gobierna PSOE y Compromís a “defender la caza responsable y sostenible como actividad de interés social ante el Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana por su alta repercusión social, tanto para el desarrollo económico como por ser medioambientalmente imprescindible”. Asimismo, se insta a la Diputación a impulsar y apoyar la actividad cinegética, y se pide que la entidad “interceda ante el Gobierno de España para que se retire” el borrador de la denominada Ley de Bienestar Animal, proponiendo que las organizaciones de cazadores estén presentes “en todas las comisiones que se creen para aprobar leyes que puedan afectar directa o indirectamente al sector cinegético”.
Además. también se reclama que “se declare Bien de Interés Cultural Inmaterial la montería”, tanto en las modalidades de gancho como de batida, “y la rehala”; al tiempo que se declare de “Interés cultural Inmaterial el reclamo bucal del canto del zorzal común” y “se acate y cumpla la sentencia del 26 de junio de 2020 del TSJCV que da la razón a Apaval para testar el cesto de malla como método sustitutivo del tradicional ‘parany’”.
