La presidenta provincial del Partido Popular en Castellón, Marta Barrachina, ha reivindicado a la provincia como polo de atracción para las empresas con la implantación de una oficina a nivel autonómico que "Carlos Mazón ha propuesto p ara dar estabilidad a quienes arriesgan su capital para generar empleo".
La presidenta provincial del PPCS ha afirmado que frente a las políticas que emplean la amenaza para fomentar la llegada de empresas a su territorio, "los gobiernos del Consell y de la Diputación Provincial de Castellón garantizamos las mejores oportunidades frente a chantajes". "La oficina propuesta por el presidente Carlos Mazón asegura derechos y libertades", señala.
"Hay que favorecer la atracción de industrias al territorio porque son las que crean empleo y bienestar a las familias de nuestra provincia". Y para la presidenta provincial del PPCS, "el mejor incentivo es el que asegura una política serena y sensata", declara Marta Barrachina.
Desde el PPCS consideran el sector empresarial como un nodo económico básico para el territorio que garantiza la creación de empleo y bienestar a las familias. "Asegurar su estabilidad en nuestra provincia es una obligación y un deber para quienes como nosotros, desde el PP, defienden la calidad de vida y las oportunidades de todos los vecinos de Castellón".
Es por ello que desde el PPCS "vamos a registrar en todos los ayuntamientos de nuestra provincia, como ya hemos hecho en la Diputación Provincial de Castellón, una propuesta para que el Gobierno de España no modifique la ley de sociedades de capital en sus disposiciones relativas al domicilio de las sociedades". "No podemos aceptar que Pedro Sánchez permita aprobar beneficios fiscales para incentivar que las empresas trasladen su sede social desde la Comunitat Valenciana, u otras autonomías, a Cataluña". "Debemos trabajar para beneficiar a nuestro territorio y para frenar su desmantelamiento, como pretende el Gobierno de España", ha declarado la líder provincial del PPCS.
"Por este motivo nos encontrarán siempre en la defensa de la libertad de empresa y en contra de establecer sanciones a aquellas empresas que no trasladen su domicilio social a Cataluña". "Vivimos en un estado democrático aunque al Partido Socialista intente destruirlo", ha concluido Marta Barrachina.
