El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, defiende que las administraciones públicas apuesten por impulsar la proliferación de comunidades energéticas en el ámbito rural para hacer frente al reto de la despoblación. En su opinión, «salvando las distancias, podrían ser las desaladoras de la energía proporcionando suministro eléctrico de calidad, para todos y para siempre, a un precio sostenible».
Así lo ha manifestado durante su intervención en la clausura organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales bajo el título 'Comunidades energéticas: gobernanza y democracia energética', que se ha celebrado hoy en Castellón.
En su opinión es una apuesta que ya debería estar en marcha pero que «en estos momentos tiene más sentido que nunca en un contexto como el actual, de elevados precios de la energía».
Considera que es un campo en el que tanto el Gobierno de España como la Generalitat Valenciana «pueden avanzar mucho, entre otras razones porque vivimos en un país en el que tenemos sol para dar y regalar».
Martí cree que las comunidades energéticas pueden resultar especialmente importantes para los pequeños ayuntamientos y para la viabilidad del interior de la provincia, donde «de la misma manera que se necesita agua, es preciso disponer de energía limpia y asumible económicamente para que los emprendedores puedan desarrollar sus proyectos, generar actividad económica, crear puestos de trabajo y fijar población al territorio».
Las comunidades energéticas deben ser entidades jurídicas de participación abierta y voluntaria, controladas por sus socios o miembros, relacionadas con proyectos de energías renovables. Sus integrantes han de ser personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos concejos y municipios, y su finalidad es la de proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a quienes las constituyen o en las zonas locales en las que operan.
