Enrique Domínguez. Economista.
Tenemos fama de ser un país poco previsor, de actuar muchas veces a toro pasado, de adoptar acciones una vez hemos tropezado, al menos en una ocasión, con la misma piedra.
Pero también es cierto que en otras ocasiones actuamos al revés; opinamos o elucubramos sobre temas que potencialmente puedan llevarse a cabo. Pero, en lugar de tratar el asunto en cuestión con racionalidad, nos dejamos llevar por nuestra tendencia política y criticamos o apoyamos ese asunto sin más, viendo peligros o bondades donde, realmente, no hay para tanto.
Lo dicho hasta ahora viene motivado por la reacción ante el acuerdo de propuesta de presupuestos generales firmado por el partido en el gobierno, tan legal como cualquier otro según la Constitución, y Podemos. Todos somos conscientes de las escasas posibilidades, por ahora, de que puedan ser aprobados en el Congreso. Pero son tema para atacar o defender con uñas y dientes su contenido.
Contrasta el pasar a unos presupuestos más sociales después de soportar diferentes presupuestos, restrictivos y con recortes, que con la excusa de la crisis, han disminuido sin ton ni son algo básico para el futuro del país, la inversión en I+D+i, que han desmantelado equipos y proyectos punteros y que han obligado a muchos investigadores a dejar la profesión o irse a otros países.
Es difícil, sin embargo, confeccionar unos presupuestos con unos partidos para los que el consenso no es la norma y que no quieren o no pueden considerar como temas de estado determinadas cuestiones.
Si a eso unimos el ansia de poder, el preocuparse más por la poltrona que por los ciudadanos y la escasa lucha contra el fraude, tenemos un cóctel que puede ser explosivo para el futuro.
Una de las medidas plasmadas en ese documento se refiere a la subida del salario mínimo interprofesional de 735,90 euros/mes a 900 euros/mes; es decir, 164,10 euros más cada mes. Se ha hablado de su efecto negativo sobre la actividad económica, sobre el mayor coste para los autónomos (falso), sobre cómo se podrá financiar ese aumento.
Se ha dicho que para qué ese aumento si ya habían pactado los sindicatos y la patronal subirlo a mil euros/mes para 2020 (BOE del 18-8-18: “Durante la vigencia del presente Acuerdo, de manera progresiva, instamos a establecer un salario mínimo de convenio de 14.000 € anuales”).
Se olvida que, aunque 164,10 euros más al mes son poca cosa, posiblemente se pueda consumir algo más. Se olvida también que defraudamos casi la cuarta parte del PIB.
En cambio, sí se insiste en algunos medios del efecto negativo sobre el empleo entre aquellas personas, generalmente jóvenes, trabajadores mayores y nuevos ocupados, que puedan estar cobrando entre el anterior SMI y el previsto y que al empresario no le sea rentable tenerlos como consecuencia de ese incremento. Es cierto, puede ocurrir en determinados casos; pero, ¿nos damos cuenta de la tipología de empleos a los que nos referimos y de la creciente pobreza que se va implantando entre los trabajadores?
Porque algunos empresarios, que explotan, digámoslo claro, a esos trabajadores no quieran pagarles más dinero y los despidan, ¿hay que paralizar esa subida? Tras los años de crisis, ¿no es justo que los que menos cobran puedan recibir un poco más, un 22,3% más?
Puede parecer mucho ese incremento, pero tengamos en cuenta que la aplicación del acuerdo publicado en el BOE entre patronal y sindicatos supondría un aumento entre 2018 y 2020 del 35,9% del salario mínimo interprofesional. En resumen, ¿cuánto ganan al mes los que se oponen a esta medida? Sería curioso saberlo.
Según “elEconomista.es” del 19-12-2017, “el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2018, anunciado por el Gobierno, afectará a 533.978 trabajadores, el 3,5% de los afiliados al régimen general del Seguridad Social”.
Si suponemos la misma proporción para la provincia de Castelló, los afiliados al régimen general (que incluye también el sistema especial agrario y el del hogar) el pasado mes de septiembre eran 183.531 personas de las que 6.424 cobrarían ese SMI. Como según La Vanguardia el 85% de los autónomos (41.154) cotiza por la base mínima, serían 35.000 los trabajadores afectados; si añadimos los trabajadores del mar (1.036), los castellonenses que podrían cobrar el nuevo salario mínimo en caso de aprobarse la propuesta de presupuestos se acercarían a los 43.000.
Pero, parece ser que es mejor hablar de una próxima crisis o de recesión o de la ausencia de medidas que fomenten la productividad, si se llegan a aplicar estos presupuestos (una de cuyas medidas es el nuevo salario mínimo interprofesional y siendo su aprobación más que difícil, por aquello de la lucha política), que de las verdaderas causas de esa probable próxima crisis. Habría que recordar que durante los años duros de la crisis, España mejoró bastante su productividad, pero como consecuencia de la pérdida de dos millones de empleos.
Pero, en el peor de los casos, aunque no se aprueben los presupuestos en el Congreso, el acuerdo entre patronal y sindicatos insta a la subida indicada líneas arriba para 2020 en el SMI. Peor lo tendremos los jubilados si eso ocurre.
¿Nos preocupa realmente nuestra economía, nuestro país, nuestro futuro como trabajadores o jubilados o nos dedicamos, sencillamente, a seguir sin más las directrices de los políticos? ¿Usted qué opina?
