Castellón Información
El Senador de Compromís, Carles Mulet, ha pedido desde la Cámara Alta explicaciones al Gobierno Central sobre todos y cada uno de los requerimientos hechos por la Unión Europea a la administración española por los continuos incumplimientos en la tramitación de este polémico proyecto.
Según Mulet "el último expediente abierto expediente a la sociedad pública del Aeropuerto de Castellón, Aerocas, por el contrato con SNC Lavalin, no es un caso puntual, sino que desde el principio Europa ha ido en teoría anunciando investigaciones, expedientes y peticiones de información al Estado Español, que nunca han transcendido, por eso queremos saber, ante un posible expediente que se resuelva en sanción, y que por lo tanto, tendremos que pagar todos los contribuyentes, hasta qué punto el Gobierno Central tomó cartas en el asunto o hizo caso omiso".
Esta misma semana el eurodiputado de Compromís Jordi Sebastià recordó que ya en 2008, el entonces vicepresidente del Ejecutivo comunitario y comisario de Transportes, Antonio Tajani anunció que la UE pediría información a España para averiguar si el aeropuerto de Castellón recibirá financiación pública con el fin de averiguar "si se ha concedido financiación pública en este asunto o si está prevista dicha concesión".
Compromís recuerda que el contrato con Lavalin reitera las ayudas públicas que ya se producían hacia CONAER en el principio, y ya entonces se advirtió, en 2008, que estas vulneraban directivas europeas, por lo tanto, si el gobierno Fabra repitió el modelo con otra empresa, estaba sobreavisado " se trataba de ayudas de la administración pública a empresas privadas, ya que aunque no formará parte de la red de aeropuertos públicos del Estado, los contratos del aeropuerto tanto el actual como el de Lavalin, prevé una serie de garantías para las empresas que se han hecho cargo de su construcción y gestión primero, o simplemente de explotación ahora. Y todas ellas contravendrían directivas europeas.
enmiendas del proyecto aprobadas por las autoridades competentes se ajustaban a las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE. La respuesta de las autoridades españolas a las cuestiones planteadas por la Comisión se recibió el 24 de enero de 2008. Esta respuesta está siendo evaluada en la actualidad y, por consiguiente, la Comisión todavía no está en condiciones de decidir sobre la continuación o el cierre del procedimiento en curso hasta que la evaluación permita llegar a una conclusión al respecto.
