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Pasar olímpicamente del programa electoral con el que se incurre a las elecciones debería estar penalizado. Es la opinión del senador de Compromís, Carles Mulet, que insiste en que quienes redactan un programa electoral están éticamente obligados a cumplir lo que han plasmado e impreso en miles de documentos, en falcas electorales o en las redes sociales e hiperespacio. "No hacerlo debería estar penado, por respeto a la democracia, a sus electores porque no tiene sentido obtener una representación con unos compromisos que luego se ignoran a la primera de cambio". Así, para Mulet, "decir que no se van a subir los impuestos como el IVA para posteriormente hacerlo como hizo Mariano Rajoy en la anterior legislatura o, recientemente, ver un PSOE pactando con el PP forzando a sus cargos electos a renunciar a sus principios bajo amenaza de expulsión para dar aire a las políticas neoliberales y conservadoras de Mariano Rajoy, es un fraude y, como tal, debería estar prohibido", ha indicado.
El senador ha señalado que en la cultura de los valencianos "ser un hombre o mujer de palabra no es una frase hecha, sino que tiene una importancia transcendental, cuyo incumplimiento te convierte en alguien en quien no se puede confiar por no cumplir con la palabra dada". Este control social, presente en el mundo rural durante décadas "tenía más valor que un documento firmado ante notario, la gente cumplía con su palabra, costumbre que ahora acaba en papel mojado entre cargos políticos y representantes de todo tipo, que olvidan bajo excusas de toda clase sus promesas y principios".
Hace años que persisten de una forma vergonzosa tales engaños y trampas, como cuando Rajoy accedió al gobierno después de que Zapatero cayera en el descrédito "para acabar haciendo precisamente lo que dijo que no haría", es decir con un programa electoral que marcaba distancias con las políticas austericidas del PSOE". Ahora, el PSOE del "No es No" a Rajoy, que prometió en campaña electoral, "ha pasado a ser el PSOE del "no ni poco", mintiendo de nuevo a su electorado".
Por ello, para Compromís, los programas electorales y las promesas realizadas durante campaña electoral, "deberían dejar de ser simples promesas no vinculantes, a ser contratos de obligada observancia y tener después una repercusión penal en caso de incumplimiento flagrante, considerándose como estafa o la figura que el código penal pueda recoger como más cercana".
Tales medidas acabarían en buena medida con el descrédito de la clase política, con el juego sucio, con las mentiras, frente a las propuestas éticas de otras opciones que no pintan promesas populistas y de venta fácil, señala el senador territorial de Compromís.
"Por ello, sería necesario que quien mienta premeditadamente, acarreara después con repercusiones legales", ha indicado Mulet. Cualquier profesional puede acabar ante los tribunales si hace mal su trabajo, si estafa a los ciudadanos, si el producto final que da al consumidor no es lo que estaba comprometido en el contrato. Por eso, incumplir lo escrito en los programas electorales debe acarrear repercusiones jurídicas. "Estafar no puede quedar impune", ha concluido.
