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Compromís registrará la próxima semana en el Senado una moción para conseguir cambios normativos en el estatus de las pequeñas compañías de distribución de electricidad municipal o de cooperativas como en el caso de la pública de Costur, que deben seguir un esquema de funcionamiento dirigido y pensado por y para las grandes empresas del sector “Mientras Montoro envía amenazas por carta para liquidar las empresas públicas municipales, nosotros reivindicamos su valor”
Eléctrica Costur SLU ingresa por retribuciones por las actividades de transporte y distribución unos 69.000 euros al año, en concepto de peajes por la red eléctrica. Eléctrica Costur SLU no compra y vende luz, sino que es la propietaria de una red (una autopista, como si dijera) y cobra un peaje a quien vende la luz a los usuarios para que la luz pase por su red (y por lo tanto está obligada a mantenerla en condiciones óptimas). Con 69.000 euros la empresa debe hacer frente a una serie de gastos de gestión empresarial, de mantenimiento de la red, de reparación de averías, etc.
Empresas como la Eléctrica de Costur, al margen de la gestión que hayan tenido en los últimos años, han soportado en un único ejercicio actuaciones como un cambio de contadores, cuando la normativa permitía hacerlo por fases hasta el 2018. A la hora de beneficiarse de las retribuciones definitivas por su actividad, a empresas como la de este municipio castellonense se las incluye en tramos junto a compañías dimensionadas con muchos miles más de abonados y observan como son las grandes compañías las que parecen decidir qué baremos debe aplicar el Estado vía Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o Consejo Consultivo de Electricidad.
“En el presente año la empresa debe enfrentarse a estas alturas del ejercicio a una indefinición sobre las retribuciones, al haberse recurrido la Orden por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para este año, lo que complica un correcto tratamiento contable de su situación, como les exige la ley, por lo que vemos necesario por una parte que se considere la especial situación de estas empresas vinculadas a zonas rurales, que prestan servicios en zonas complicadas y que se tenga en cuenta la dimensión de las mismas a la hora de establecer baremos, imponerles obligaciones, burocracia y beneficios”, ha señalado Mulet.
Así, Compromís abogará por dotar de una mayor seguridad y estabilidad a estas pequeñas empresas, de interés en municipios pequeños de nuestra autonomía, “estableciendo factores que las beneficien por tratarse de empresas reducidas, habitualmente ligadas a cooperativas y pueblos que forman parte de economías rurales y que no deben ser tratadas con el mismo criterio que las grandes y revisar las ventajas y privilegios que tienen las todopoderosas, que actúan como si de monopolios se tratara”, ha concluido.
