David García. Alcalde Nules.
El 9 de junio de 1976 Adolfo Suárez se dirigía en las Cortes Generales a los procuradores allí presentes para defender la Ley de asociaciones políticas que permitió el reconocimiento de los partidos políticos en España que supuso un importante cimiento para construir un amplio sistema de libertades. Suárez dijo textualmente ``Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Vamos a sentar las bases de un entendimiento duradero bajo el imperio de la ley''. Se iniciaban una serie de reformas para convertir, a través de las leyes, en realidad un sentir generalizado de la sociedad española que ansiaba reformas para recuperar el pluralismo, la libertad y la democracia.
España abogó hace décadas por un sistema penal que limitaba la permanencia en la cárcel hasta un máximo de 40 años, lo cual ha hecho que asesinos, violadores y terroristas disfrutaran de libertad aun cuando no se demostrase que eran personas reinsertables en la sociedad, existiendo multitud de casos de delincuentes que han vuelto a reincidir en los mismos delitos al salir de prisión o disfrutando de libertades condicionales.
Por ello, y porque había una mayoría de la ciudadanía pidiendo reformas para solucionar ese problema, el Gobierno de España modificó el código penal en marzo de 2015 para introducir la prisión permanente revisable, convirtiéndose en la máxima pena privativa de libertad al suponer una pena de cárcel de tiempo indefinido pero revisable a partir de los 25 años.
Esta pena es aplicable a asesinatos en los que concurra una circunstancia agravante establecida en la ley y que tiene como objetivo impedir que los delincuentes más peligrosos que no han demostrado capacidad de reinserción puedan volver a la sociedad poniendo en peligro la vida, integridad y seguridad de las personas. Parece algo absolutamente lógico, que los poderes públicos legislen para proteger a la sociedad, aunque existe un movimiento político en la izquierda que está tratando de derogar esta normativa y que volvamos a la anterior legislación que ya ha demostrado sobradamente ser incapaz de protegernos de delincuentes reincidentes. Está claro que la prisión permanente revisable no evitará que los terroristas secuestren y asesinen, que los violadores violen y asesinen, ni devolverá a la vida a Diana Quer, ni a Mari Luz Cortés, ni a Marta del Castillo, ni a Ruth y José, ni tampoco al pequeño Gabriel, ni a tantos otros niños inocentes asesinados a manos de depravados y personas sin corazón. Pero lo que si tenemos claro es que la prisión permanente puede hacer que esos delincuentes estén entre rejas, lejos de la sociedad y por tanto impediremos que vuelvan a delinquir, hacer daño y destrozar familias. Esto que parece de absoluto sentido común, está en proceso de revisión, y nuestros representantes políticos en el Congreso están empecinados en cargarse esta figura y en permitir que asesinos como el chicle se jacten de que en 7 años estarán en la calle mientras sus víctimas jamás volverán a la vida. ¿Les parece señorías normal que pueda ser normal que una madre destrozada pueda alguna vez encontrarse por la calle con el asesino de su hija y que pueda jactarse de ello?
Suárez decía que ``este pueblo no nos pide milagros ni utopías. Pienso que nos pide sencillamente que acomodemos el derecho a la realidad. Reconozcamos la realidad del país''. Y la realidad no es otra que los terroristas y asesinos existen y que hemos de proteger a nuestros ciudadanos, especialmente los más pequeños, de ellos. Dejemos la confrontación política de los temas importantes y construyamos un Estado de Derecho real donde se proteja a las víctimas y no a sus asesinos.
