Casimiro López Llorente. Obispo de Segorbe-Castellón
El próximo 25 de junio entrará en vigor la ley de la eutanasia y del suicidio asistido. Su tramitación por vía de urgencia y sin necesidad social para ello, sin debate ni diálogo público e institucional, aprovechando el estado de alarma es un hecho especialmente grave. Además instaura una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado -que de defensor de la vida pasa a ser responsable de la muerte infligida- y un cambio en el objetivo fundamental de la profesión médica llamada a curar y nunca a provocar intencionadamente la muerte.
En la eutanasia y en el suicidio asistido están en juego la dignidad de la persona y el don de la vida. La vida es un don sagrado e inviolable. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, base de todos los demás. Desde su concepción hasta su muerte natural toda vida humana ha de ser acogida, respetada y protegida por todos, incluido el Estado. Tampoco una mayoría de votos legitima para disponer de la vida de las personas. Las leyes que legalizan la eutanasia y el suicidio asistido son gravemente injustas. Nadie es dueño absoluto de la vida.
La Iglesia católica considera que la eutanasia es un crimen, una grave violación de la ley de Dios y un atentado a la dignidad de la persona. Toda cooperación formal o material inmediata a tal acto es un pecado grave contra la vida humana. Así pues, no nos puede ser indiferente la entrada en vigor de esta ley. Por ello seguiremos rezando por la vida humana, de forma especial los días 17 de cada mes. Y trabajaremos por promover en nuestra sociedad la cultura de la vida.
Además urgimos una vez más a nuestros gobernantes que legislen sobre los cuidados paliativos y que pongan los medios humanos y económicos necesarios para que todos –también los menos favorecidos- puedan acceder a ellos.
Y en estos días, nuestra Diocesis ha puesto en marcha una campaña para difundir el Documento de Voluntades Anticipadas (conocido como Testamento Vital) y animar a formalizarlo. Es una posibilidad que ofrece la misma ley. En él toda persona con capacidad legal suficiente manifiesta que desea que, llegado el caso, se le administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos, pero que no se le apliquen medios desproporcionados ni menos aún la eutanasia. Se trata de garantizar que se respete la propia dignidad personal hasta la muerte natural.
