Santiago Beltrán. Abogado.
Después de leer las recientes declaraciones de Ximo Puig, Secretario General del PSPV, no salgo de mi incredulidad. Se le ha ocurrido la sublime idea de exigir, a partir de ahora, a los futuros asesores del partido socialista valenciano, que solo puedan acceder a ser cargo de confianza si superan un examen, prueba selectiva o pseudo-oposición interna, acreditando con ello sus méritos y capacidades, y de paso que el partido pueda controlar su funcionamiento y las tareas que le han sido asignadas. En pocas palabras, que Puig se ha dado cuenta que el amiguismo no es suficiente para ocupar un cargo (además hay tener un mínimo de aptitud) y que para cobrar hay que trabajar (que no ocurra como en el caso del socialista Miquel Soler, que ha venido cobrando un sueldo de asesor de Les Corts Valencianes sin acudir a su puesto de trabajo durante 5 meses). Sinceramente merecería un gran elogio el Sr. Puig si no fuera porque llevamos demasiado tiempo en democracia soportando que sea normal lo que simplemente es una indecencia.
En mi total ignorancia sobre la cuestión he intentado documentarme sobre la existencia de estos personajes, invisibles para la inmensa mayoría de la ciudadanía, y a cada descubrimiento, mi sorpresa e indignación han ido creciendo exponencialmente.
Resulta que la categoría laboral de los mismos es la de personal eventual de la Administración; que son contratados en virtud de libre nombramiento; que ocupan un puesto de trabajo que tiene asignadas funciones expresamente calificadas de confianza, asesoramiento especial o de carácter directivo, y que solo cuando tienen poder ejecutivo deben reunir las condiciones específicas que se exigen a los funcionarios que sustituyen; que no está determinado por ley el número y características de los puestos de trabajo que puedan desempeñar; que el total de su retribuciones no deben superar los créditos consignados para tal fin en el presupuesto de cada Administración; y que su cese es absolutamente libre, como lo fue su designación.
Para decirlo claro y raso, todos los asesores y personal de confianza, no ya de los partidos políticos, que también, sino de la Administración Pública española, son nombrados digitalmente, sin necesidad de acreditar mérito, capacidad o preparación alguna para el cargo; ocupan puestos de trabajo que realmente usurpan a funcionarios públicos; pueden haber tantos como quiera el político de turno y cobrar un sueldo sin ningún límite; no responden frente a la ciudadanía sino ante la autoridad que los designa, por lo que no necesitan justificar ni horario ni trabajo realizado.
¿Cuántos hay? No se sabe pero más de lo que es éticamente admisible. ¿Cuánto cobran? Lo ocultan, pero más de lo que pueden aguantar nuestros exhaustos bolsillos. ¿Tendremos que tolerarlos siempre? Algunas instituciones están intentando limitarlos, no eliminarlos completamente. ¿Su situación es acorde a la legalidad vigente? Al parecer no, o al menos de este modo lo ha decretado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en una reciente y pionera resolución, donde se declara la nulidad radical de la designación de seis asesores adscritos al gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real, gobernada por el PSOE.
Esperemos que cunda el ejemplo y que lo que ahora es un simple antecedente judicial pueda generar una jurisprudencia futura, que ponga punto final a estos asesores de la nada y al abuso de confianza que representan.
En definitiva, el problema, Sr. Puig, no está tanto en la criba que los partidos políticos puedan hacer internamente de sus asesores y confidentes, sino en poner a los cargos que ilegalmente ocupan una fecha definitiva de caducidad. Y de paso que devuelvan el dinero.
