Jorge Fuentes. Embajador de España
Las escuelas y universidades han abierto sus aulas no sin muchos temores, dudas y precauciones y casi inmediatamente más de 3000 clases se han visto forzadas a clausurar sus actividades por miedo a la expansión que los brotes aparecidos en ellas podrían provocar - y de hecho están provocando- en el país.
Todos tenemos hijos o nietos en edad escolar y sabemos lo que significa el problema logístico de mantener a los niños en casa cuando los padres deben cumplir con un trabajo presencial. También conocemos la tensión que provoca enviar a colegios que con frecuencia no cumplen con las normas requeridas de seguridad sanitaria.
Lo cierto es que dentro y fuera de las escuelas la situación sanitaria sigue siendo preocupante tanto para nuestro bienestar físico como por las letales consecuencias que ello está teniendo sobre la economía del país.
Pero con ser muy grave la cuestión del recrudecimiento de la pandemia desde los puntos de vista sanitario y económico, el asunto que esta arrasando en estos días es la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, ceremonia que tradicionalmente se celebra en Barcelona.
El Rey de España, tanto Juan Carlos I como desde hace seis años Felipe VI, tiene marcados en su agenda varios actos fijos a los que siempre, año tras año, acude. El desfile de la Fiesta Nacional, la celebración del año nuevo con el Cuerpo Diplomatico, los viajes de Estado que correspondan cada año, la apertura del año judicial y la entrega de despachos a los nuevos oficiales del ejército, jueces y diplomáticos se encuentran entre ellos.
Para los jovenes funcionarios del Estado, civiles y militares, es un gran honor recibir el documento que les abrirá las puertas de su profesión de manos de la primera institucion del pais, un momento que quedará para siempre en sus corazones. No es lo mismo recibir el depacho del Rey que hacerlo del Ministro de Justicia -que por cierto no pintaba nada allí en ausencia del Monarca- o del presidente del CGPJ.
En el caso de los jueces, el acto cobra un valor añadido por tratarse de uno de los tres poderes clave del Estado democrático, con todo el peso político que en este momento conlleva.
Haber centrado este acto en Cataluña y concretamente en Barcelona, tiene el significado añadido de mostrar la descentralización del país y el deseo de dar protagonismo a la autonomía catalana.
Se quiera o no, sin embargo, toda actividad estatal con significado político que se celebre en Cataluña, conlleva una complejidad añadida, complejidad que el gobierno no puede intentar eludir suspendiendo el acto, trasladándolo o escondiendo a su protagonista.
Decir que el Gobierno impide la participación del Rey por razones de seguridad carece de sentido. Los Reyes han asistido a actos en Cataluña en momentos de mayor tensión. Por añadidura, si el Gobierno es incapaz de proteger al Rey en cualquier punto del país y bajo cualquier circunstancia, es que nos encontramos ante un Estado fallido.
Lo cierto es que los separatistas catalanes están negociando con el Gobierno central, el apoyo a los presupuestos en un momento en que Torra puede ser inhabilitado (o no) y en que se estudia el indulto a los secesionistas del 1-O/ 2018. Todo ello impresentable. Pero al Gobierno le complica la vida que el Rey aparezca ahora en medio de ese escenario revuelto.
Ese es un problema, poco confesable hay que decir, del Señor Sánchez. Pero impedir una de las escasas tradiciones protagonizadas por el Monarca, es algo rechazable que refleja la endeblez del Gabinete cuyo representante en el acto de Barcelona fue incapaz de tragarse con calma y respeto los aplausos de los jueces y el "¡Viva el Rey!"
