Enrique Domínguez. Economista.
He ahí la gran pregunta; no es demasiado difícil de contestar pero, según la respuesta que se dé, las implicaciones sociopolíticas son distintas. Y parece que ningún político tiene las agallas suficientes como para hincarle el diente a este problema. Un ejemplo lo tenemos estos días en Francia con la propuesta que quiere llevar a cabo su presidente y la respuesta de una parte de la ciudadanía.
Los datos están ahí: A finales de noviembre de 2019 tenemos en España 19.181.445 afiliados a la Seguridad Social y 8.882.933 pensionistas; es decir, 2,16 afiliados por pensionista. En noviembre de 2008 eran 2,21 afiliados por pensionista.
Nuestro sistema de pensiones, a diferencia del que rige en otros países, se basa en que las personas que cotizan a la Seguridad Social son las que pagan las pensiones de las personas ya jubiladas. No hay una cuenta, digamos personal, que permita que un jubilado cobre según lo que haya cotizado, si bien la pensión a percibir depende en parte importante del salario percibido y, por tanto, de las cotizaciones satisfechas tanto por el trabajador como por la empresa.
¿Es sostenible el actual sistema de pensiones tal como está? Todos sabemos que la hucha creada en los años de bonanza se ha agotado y que habrá que acudir a otras fuentes para hacer frente al creciente montante de la partida de pensiones. También sabemos que desde hace bastantes años, desde 1995, está en marcha el denominado Pacto de Toledo a fin de proponer medidas para asegurar el sistema de pensiones.
Esta comisión parlamentaria ha hecho propuestas pero ningún gobierno se ha atrevido a ponerlas en marcha, limitándose a ver pros y contras, a introducir el factor de sostenibilidad; pero en ningún caso se ha tomado como una de las políticas que precisa de un amplio consenso para su puesta en práctica, porque va a implicar sacrificios por parte de todos.
Por una parte, los jubilados quieren tener asegurada la revalorización de las pensiones porque ellos ya han contribuido con sus cotizaciones a las personas jubiladas mientras trabajaban.
Pero hay que ser conscientes que se han dado cambios en la tipología de trabajos. La temporalidad ha crecido en los últimos años y el salario percibido también se ha resentido; no hace mucho, hablábamos con cierta ironía de los mileuristas y hoy en día cobrar mil euros es un objetivo de bastantes trabajadores.
En el último trimestre de 2009 la tasa de temporalidad según la EPA era en España del 25,08% y diez años después, en el tercer trimestre de 2019 es del 26,66%; el resto es trabajo indefinido, pero el trabajo a tiempo parcial ha pasado del 13,25% del total en 2009 al 14,03% diez años más tarde. Y hay que recordar que los contratos indefinidos formalizados año por año en ese intervalo, en ningún caso han superado los doce de cada cien.
Está claro que con este panorama, lo que se cotiza tiene cada vez más problemas para alcanzar los pagos de las pensiones; pensiones que son más elevadas por los puestos de trabajo de los que se jubilan y, además, se abonan durante más años.
Y hemos de tener en cuenta que la relación entre la jubilación que se percibe y el salario que se cobraba está en torno al 80% en España frente al 52% de media en los países de la OCDE. Y también es necesario ser conscientes que, según profesiones, a los sesenta y cinco años se está en disposición para poder seguir algunos años más y con óptima capacitación.
Pienso que bastantes políticos reconocen esta situación pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo? ¿Asumiendo el creciente coste los presupuestos, aumentando la edad de jubilación según profesiones, disminuyendo el porcentaje que la pensión representa respecto al sueldo, garantizando su revalorización, incrementando más las pensiones más bajas?
¿Tendremos políticos que reflexionen, consensuen y lo lleven a efecto después de casi veinticinco años de funcionamiento de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo? Esa es la cuestión. ¿Qué opina usted?
