El drama se escenificó esta mañana con una acampada en la Plaza Mayor
El drama de los desahucios se escenificaba esta mañana en la plaza Mayor de Castellón, cuando los representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ocupaban y acampaban en la plaza Mayor.. La PAH pide medidas rápidas y resolutivas, como la posibilidad de que sean ellos los que negocien algunas de las alternativas para los afectados. La alcaldesa, por su parte, pidió racionalidad, y afirmó que el Ayuntamiento está trabajando pero no se pude saltar la ley ni los procedimientos administrativos.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Los desahucios vuelven a generar un clima de tensión importante en la ciudad. El último caso se producía ante la inmediatez de que una familia con tres niños tuviera que abandonar el domicilio alquilado donde vivían, sin un lugar alternativo donde ir.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se movilizaba esta mañana y llegaba a protagonizar una acampada en la plaza Mayor de Castellón, pero cuando se les preguntaba, admitían que no iban a impedir el desahucio de esta familia, y que protestaban por los numerosos casos que se han dado y se siguen produciendo en la ciudad de Castellón.
Ante la extrañeza que producían estas manifestaciones, la representante de la PAH se explicaba. La familia desahuciada, a la que según parece el Ayuntamiento ha buscado ya una vivienda, habitaba en un domicilio alquilado por un particular, que depende en gran medida de este abono, para poder sobrevivir… Una cosa es la lucha para que todo el mundo tenga vivienda, y otra “vestir a un santo para desvestir a otro”.
La PAH denuncia que en Castellón hay 13.000 viviendas cerradas, y al mismo tiempo familias que no tienen donde residir. En su alegación, afirman que las mesas de la Vivienda que se han convocado no aportan soluciones rápidas, y han llegado a pedir que se les tenga en cuenta para negociar otras alternativas más rápidas y más eficaces.
Pero el planteamiento de la PAH resulta inasumible para el Ayuntamiento, porque, por encima de todo está la legalidad.
Así lo afirmaba esta mañana también la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco. La primera edil destacaba todas las inversiones y medidas que se han tomado por su Gobierno. También ha aseverado, que desde que el bipartito está en la alcaldía, ninguna familia había tenido que dormir al raso.
Para la PAH no es suficiente. Estiman que el Ayuntamiento debería ser más contundente. ¿Pero de qué manera?
Durante la pasada Navidad varias familias invadieron un edificio de viviendas vacías, propiedad de una empresa. “Alguien”, no indicaron quien… forzó la caradura y simplemente las familias se metieron dentro”. Cuando llegó la policía, alertada de la ocupación, los representantes de la PAH ya estaban allí para que no se pudiera intervenir.
Fuentes cercanas a este periódico comentaron, que el edificio no pertenecía a un banco sino a una empresa, y señalaron también, que esta ocupación generaba un perjuicio más que mayúsculo, porque otros usuarios del edificio habían puesto en tela de juicio su permanencia o el pago de cuotas o ‘enganches’, porque se sentían con el mismo derecho que los ocupas.
Es posible que la PAH pueda actuar con impunidad de esta manera… pero tal como está la normativa, estos procedimientos serían completamente ilegales. En el caso de estar respaldados por una institución, quienes tomaran la medida o la avalaran podrían ser acusados penalmente de prevaricación por consentir el cometimiento de un delito, a sabiendas que lo es...
En esta tesitura, Castelló en Moviment no ha ocultado en ningún momento que apoya las acciones de la PAH. Pero el bipartito no puede posicionarse en el mismo lado. Esto, a su vez, tenderá a generar tensiones políticas dentro de la Corporación, en esa fina línea de colaboración del bipartito con sus socios allegados a Podemos.
Por otra parte, la PAH se demanda también que se activen medidas más contundentes para forzar a los bancos a ceder las viviendas vacías, y acusaban esta mañana al equipo de Gobierno, de ineficacia después de anunciar que Bankia colaboraría con la entidad municipal.
Amparo Marco, alcaldesa de Castellón también hacía frente a estas acusaciones. “Hay trámites administrativos fijados por la ley y la ley la tenemos que respetar todos”.
Preguntas sobre la mesa, hay muchas. ¿Se puede permitir que haya 13.000 viviendas vacías cuando hay personas sin hogar? ¿Se debería obligar a bancos y propietarios a poner sus viviendas a disposición de estas personas? Las conclusiones no son blancas o negras. Porque también hay muchos propietarios que han sido objeto de abuso y destrozos en las viviendas que han intentado poner en alquiler… ¿Quién vela por ellos?
El gabinete de prensa de la alcaldía, remitía un comunicado a los medios, donde se recogen las acciones realizadas hasta ahora por el Ayuntamiento
Castellón destinó más de 752.000 euros al pago de alquileres sociales y gastos de agua y luz durante 2015
El ayuntamiento pone, de nuevo, todos sus medios a disposición de la familia que debe abandonar su vivienda esta semana
Los diferentes servicios municipales del Ayuntamiento de Castellón implicados en la gestión del parque de viviendas sociales (Oficina de la Vivienda, Bienestar Social, etcétera) llevan varias semanas atendiendo a la familia que deberá abandonar su vivienda esta semana, le han ofrecido toda su colaboración y han puesto a su disposición todos los recursos sociales posibles. Hasta la fecha, esta familia tan sólo ha presentado la solicitud para optar a una vivienda social, que fue tramitada el pasado 8 de febrero. Dicha petición se ha incorporado al listado existente, organizado por orden de prioridad dependiendo de las dificultades y situación de precariedad de cada demandante.
No obstante, desde Servicios Sociales se va a contactar de nuevo con la familia afectada para reiterarle las posibles ayudas de alquiler y manutención a las que tiene derecho, igual que cualquier otro ciudadano en esa misma situación.
El equipo de gobierno está al lado de las personas que peor lo están pasando todos los días, actuando según los procedimientos establecidos y con criterios objetivos, concediendo ayudas de alquiler y evitando el corte de suministros de agua, luz y gas, entre otras medidas. De hecho, durante 2015 se han concedido más de 2.000 ayudas para el alquiler y el suministro de agua y luz por un importe de más de 752.000 €. El actual equipo de Gobierno casi triplicó la cifra de ayudas al alquiler desde junio de 2015, pasando de 208.000 euros en los cinco primeros meses a 540.000 en el resto del año. Además, esta misma semana se ha realojado a una familia en un piso de Cáritas y se están rehabilitando varios pisos municipales para poner a disposición de otras familias. En este sentido, desde el pasado mes de junio más de 160 familias se han beneficiado del servicio de mediación hipotecaria que el ayuntamiento ha contratado con el Colegio de Abogados.
Hay que tener en cuenta que, tras actualizar la lista de espera para acceder a una vivienda municipal, que el anterior equipo de gobierno dejó sin revisar durante más de un año, existen unas 50 familias esperando una vivienda. Sin embargo, esta es una lista viva que se revisa y actualiza a medida que van entrando solicitudes y se van realizando los informes de servicios sociales. Con este trabajo lo que se hace es priorizar la necesidad de las familias, es realmente un trabajo intenso que realizan los técnicos. Las prioridades a nivel de emergencia social pueden hacer que, por ejemplo, hoy mismo llegue una solicitud que sea más urgente que las que hay ya en lista de espera.
El Programa Integral Antidesahucios contempla toda una serie de actuaciones en todos los ámbitos para atajar este drama social que viven miles de familias. Este programa incluye el protocolo firmado con la Audiencia Provincial de Castellón, la ampliación del servicio jurídico que se presta a las personas que sufren los desahucios, el impulso a la creación de una Oficina de la Vivienda para mejorar la oferta de vivienda social, la recuperación de viviendas sociales de propiedad autonómica en desuso, o la firma de convenios con empresas de energía y agua para evitar los cortes de suministro a personas en situación de vulnerabilidad.
