La Plataforma defiende que no es una ocupación, sino una recuperación de pisos vacíos. El equipo de Gobierno condena la acción de la PAH
La PAH crea retenes que se turnarán para vigilar y garantizar la seguridad de las cinco familias que ocupan, desde el pasado 28 de diciembre, cinco viviendas de un edificio deshabitado en la calle Gran Vía 49. No es una ocupación, destacaba la portavoz de la PAH, “es una recuperación, porque no hay derecho que los bancos, rescatados por los ciudadanos tengan pisos vacíos mientras 14 familias esperan una asistencia de Servicios Sociales. El equipo de Gobierno ha condenado la acción de la PAH a través de un comunicado.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Revuelo delante al número 49 de Gran Vía, donde habitan, desde el 28 de diciembre cinco familias en cinco pisos ‘ocupados’ de un edificio nuevo que se encuentra deshabitado desde hace cinco años.
Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), custodian desde anoche la entrada del edificio, después de los crudos momentos de tensión que se vivieron cuando, varias personas, sin orden judicial, intentaron llevar adelante el desalojo de las familias reventando dos de las cerraduras.
“No podemos afirmar que fueran policías los que hicieron esta agresión, porque desde la PAH no los vimos y las familias afectadas, tampoco”. Pero lo cierto, es que cuando los representantes de la PAH acudieron a la llamada de auxilio de estas familias encontraron un furgón de la Policía Nacional en las cercanías… “no nos dirigieron la palabra… delante de nosotros identificaron a una persona, en la calle, y se fueron”.
Con estos mimbres, la PAH sospecha que quienes intentaron forzar las puertas de las viviendas podrían pertenecer a este cuerpo policial, pero de hecho, no llevaban orden judicial para proceder como lo hicieron.
Tras el suceso, numerosos miembros de la PAH se han sumado solidariamente a la llamada realizada por la plataforma.
Su portavoz, Mª Jesús Garrido, reconocía ante los medios de comunicación hace unas horas, que respaldan cuanto se ha hecho, la ocupación de las viviendas por ‘quienes saben más y estaban mejor organizados para hacerlo’, cuya identidad dicen no conocer, y la posterior ocupación de estas familias, que se ha realizado bajo la tutela de la Plataforma.
En la actualidad, indicaba la representante, hay 14 familias en situación muy desesperada. Algunos están en paro, han perdido sus trabajos, otros se han visto afectados por el impago de las hipotecas, pero necesitan una vivienda ya, y el Ayuntamiento no está en disposición de poder ofrecer soluciones. Aunque recientemente la alcaldesa, Amparo Marco, afirmaba tajantemente que el Ayuntamiento actual había acabado con los desahucios y que disponía de más de 40 viviendas para poder realojar a estas familias con necesidad, la realidad, indicaron los miembros de la PAH, es que solo hay tres viviendas y no están en condiciones de habitabilidad.
También la Consellería de la Vivienda ha firmado convenios para restaurar viviendas en el barrio San Lorenzo… pero lo cierto, indican desde la PAH, que no hay dinero para hacerlo, y prueba de ello es el edificio pareado que se encuentra en la calle Santa Cruz de Tenerife, propiedad de la Conselleria, y sobre el que no se ha hablado nada para la recuperación de esas viviendas.
Ante esta dramática situación, la PAH ha considerado todas las posibilidades, pero lo más urgente era ofrecer soluciones. Así, tomando como ejemplo actuaciones similares en otros municipios de España, se respaldan acciones desarrolladas por quienes “saben más”, para ocupar viviendas en edificios deshabitados propiedad de los bancos, para recuperar esas viviendas para las familias necesitadas.
“No podemos deciros más”, repetía una y otra vez la portavoz de esta asociación. Y es que la situación es muy delicada y jurídicamente va a ser compleja. Por una parte, porque forzar una cerradura para ocupar una vivienda de titularidad privada (aunque sea una titularidad privada de los bancos), puede estar penada por la Ley. Por otro, las familias que residen en estas viviendas no pueden ser acusadas de allanamiento de morada porque las viviendas ya se habían abierto antes. Se trata de una cuestión de necesidad, repiten. Y desde esta postura, lo que quieren ahora es facilitar una negociación que fuerce a los bancos, como el propietario de este edificio, nuevo y deshabitado hace más de 4 años, a negociar con las instituciones un convenio de cesión que permita su ocupación legal con alquileres sociales.
La PAH se compromete a tutelar estos alquileres, a defender el respeto a la propiedad y el mantenimiento del inmueble, a responsabilizarse por estas familias… pero los bancos deben de ceder también, y colaborar con el Ayuntamiento con la puesta a disposición de la entidad municipal de los pisos vacíos para que puedan ser utilizados para albergar a las familias sin techo.
La PAH cuenta, a su vez, con el respaldo de la agrupación política Castelló en Moviment que respalda este tipo de acciones ante la imposibilidad municipal de habilitar otras viviendas de acogida. Según la representante de la PAH, esta mañana se mantuvieron contactos con el concejal de Servicios Sociales, para buscar alternativas, y de hecho una de las preguntas por parte del edil fue si las familias ocupantes están registradas en Servicios sociales. “Y sí que lo están”.
Pero la papeleta no va a ser fácil para nadie. El Ayuntamiento, como institución, no puede respaldar abiertamente la ocupación, por cuestiones de legalidad. La PAH intenta que por lo menos se facilite agua y luz a las familias ocupantes, y que los bancos negocien, que se busquen alternativas.
De momento y según han reconocido, la entidad propietaria del edificio parece haber recurrido al Ayuntamiento para que actúe en contra de la ocupación. Pero para poder realizar el desalojo, el banco deberá recurrir a los tribunales para conseguir una orden judicial, o enfrentarse con los miembros de la Plataforma. La primera vía llevará su tiempo, tiempo con el que cuenta la PAH para buscar otras soluciones no tan extremas. La segunda provocaría conflictos que posiblemente tampoco serán positivos para el propietario del inmueble, o al menos, en eso confía la Plataforma, que estudia, incluso, si denunciar las acciones ocurridas anoche.
De momento estas familias tienen casa… familias que vivirán una situación de tensión continuada y provisional a la espera de que lo que se pueda negociar… entre las cinco familias tienen 9 niños, pero ellos están al margen, no están en las viviendas ocupadas porque… esto no es un juego de niños.
El equipo de Gobierno condena la acción de la PAH
Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha remitido el siguiente comunicado:
Ante la ocupación de una finca de viviendas en la ciudad de Castellón por parte de varias familias, el Gobierno Local de Castellón declara que:
- En cuanto hemos tenido conocimiento de estos hechos, el Ayuntamiento ha ofrecido a estas familias toda su colaboración y ha puesto a su disposición todos los recursos sociales de que dispone para que vengan a las oficinas municipales cuando quieran. De las familias involucradas en esta situación, el único caso del que tenemos información ha sido atendido en los últimos meses por diferentes servicios municipales y se le han ofrecido diferentes soluciones para su problema.
- El equipo de gobierno está al lado de las personas que peor lo están pasando todos los días, actuando según los procedimientos establecidos y con criterios objetivos, concediendo ayudas de alquiler y evitando el corte de suministros de agua, luz y gas, entre otras medidas. De hecho, durante el segundo semestre de 2015 se han concedido 1.383 ayudas económicas para el pago del alquiler de la vivienda, destinadas a familias en situación de emergencia social. El importe total del gasto por este concepto asciende a 500.765,00 €, lo que supone una media de gasto por ayuda concedida de 362,08 euros.
- Estamos ante una ocupación ilegal de una vivienda, y no ante un desahucio. Además, se da la circunstancia de que el edificio es de un particular y no de una entidad bancaria.
- El Ayuntamiento de Castellón no puede avalar, en ningún caso, una ocupación ilegal de una propiedad privada, ya que este hecho sienta un peligroso precedente.
- El protocolo que el Ayuntamiento firmó el pasado mes de septiembre con la Audiencia Provincial es para evitar desahucios y no ocupaciones ilegales, que se deberán resolver por otros cauces.
- Pedimos a los vecinos y vecinas de Castellón, y a las diferentes asociaciones y entidades, que respeten las normas de convivencia ciudadana. Nuestra obligación como servidores públicos es resolver los problemas de la gente y no generarles conflictos legales.
