Esther Pallardó: “Es importante mantener el contacto con la realidad del trabajo que a diario desempeñan estas entidades”.
La vicepresidenta provincial de Acción Social, Esther Pallardó, ha compartido una reunión esta mañana en la Diputación con una decena de representantes de las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad en la provincia de Castellón para “escuchar de primera mano sus reivindicaciones y mantener el contacto directo con la realidad que viven”.
Pallardó ha escuchado los planteamientos que le han propuesto los asistentes al encuentro. Entre otras demandas, le han expresado la necesidad de incrementar la denominada “paga de bolsillo” entre los usuarios de residencias y viviendas tuteladas. En la reunión se ha reflexionado sobre la dificultad de derogar el decreto, pero se ha apuntado a la revisión de algunas cuestiones que pueden mejorar la situación económica de los afectados. Pallardó ha indicado que “en esta línea está trabajando la Conselleria, que está valorando el posible aumento de la denominada “paga de bolsillo”.
Asimismo, las entidades le han trasladado la petición de rebajar el porcentaje sobre el que se copaga y que se garantice la financiación para el mantenimiento de los centros que gestionan. En ese sentido, Pallardó se ha comprometido a trasladar la perspectiva de las entidades a la administración autonómica, entendiendo que “todos debemos caminar en la misma dirección, que tiene que tener como objetivo garantizar los mejores servicios de una manera sostenible, tal y como indiqué en el pleno de la Diputación esta misma semana”.
En ese sentido, el Pleno de la Diputación aprobó esta misma semana instar a la Generalitat a que siga teniendo en cuenta las particularidades de la situación familiar a todos los casos a los que vaya a aplicarse la transposición de la ley. También se aprobó ratificar la necesidad de aplicar la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, para cumplir los principios de igualdad, equidad y sostenibilidad; respaldar la determinación de los criterios y cuantías aplicables para la exacción de precios públicos por las prestaciones de servicios sociales, que eximen de pago a las rentas más bajas, y que cumple con los principios de igualdad, equidad y sostenibilidad; por último, apoyar el proceso de negociación que desde la Conselleria de Bienestar Social se está llevado a cabo con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI), para una mejora aplicación de la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
