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La concejalía de Gobernación del Ayuntamiento de Peñíscola ha hecho el primer balance estival de la operativa de control al “top manta” que se ha llevado a cabo en el inicio de estos primeros días de junio.
El concejal del área, Alfonso López, ha confirmado la realización de 16 intervenciones en este sentido por parte del cuerpo de seguridad local, en estas dos primeras semanas, con una incautación total de alrededor de 100 artículos destinados a la venta fraudulenta como resultado.
Estratégica ha sido en este sentido, según el propio edil, la intensificación de la colaboración con la Guardia Civil, con quien semanalmente se coordinan los esfuerzos para el control y prevención de este fenómeno. Fruto de esta colaboración se está desarrollando mayor control en las vías de acceso al municipio y las líneas de bus urbano “lo que dificulta la llegada de los propios manteros a los puntos de mayor concurrencia pública”, ha asegurado López. En esta línea el responsable de la plantilla policial local, Antonio Morejón, ha destacado “la importancia y eficiencia de la tarea disuasoria” ya que en lugares como la playa o paseo marítimo “la tarea persecutoria podría poner en riesgo la seguridad”.
El alcalde, Andrés Martínez, ha valorado estas primeras semanas de la campaña como positivas ya que, por el momento, el comportamiento de esta problemática “está razonablemente controlado”, sin embargo, ha anunciado la constitución de una patrulla especializada, como ya se ha llevado a cabo en anteriores campañas, para combatir este fenómeno. Concretamente este equipo que formarán 10 agentes, comenzará a funcionar el primero de julio, tras el refuerzo estival de la plantilla, con el objetivo de seguir esta tarea de control durante el incremento de turistas, y potencialmente de manteros, en los meses centrales del verano.
El primer edil ha querido aprovechar la comparecencia pública para agradecer al cuerpo de la Policía Local su esfuerzo y dedicación y felicitar su diligencia, a la vez que ha recordado el enorme esfuerzo que las arcas municipales realizan para paliar los negativos efectos que la venta fraudulenta ocasionaría al comercio y turismo local, con una inversión que supera los 100.000 euros.
