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Los alcaldes y portavoces del PSPV-PSOE tienen como principales demandas de cara a los presupuestos de 2017 de la Diputación de Castellón, la mejora de carreteras y caminos y la renovación y ampliación de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua, además de las reformas en instalaciones deportivas, según se desprende de las peticiones recogidas por el Grupo socialista de la Diputación tras la reunión mantenida la semana pasada con los responsables socialistas de los diferentes ayuntamientos de la provincia.
Entre ellas se encuentra la histórica reivindicación de la mejora del Camí de la Canà en Els Ports, que supondría la mejora de las comunicaciones entre los municipios de la comarca, la adecuación de CV-100 entre Rossell, Sant Rafel del Riu y La Sénia, o la reforma del camí de Serratelles entre Nules y Moncofa. Además, una gran mayoría de los responsables municipales demanda mejoras en la red de agua potable para garantizar el suministro a la población, al tiempo que solicitan la renovación de los sistemas de alcantarillado y la construcción de las estaciones depuradoras en pequeños municipios que aún faltan por ejecutar. Otras de las obras más demandadas son las relacionadas con la ampliación y la renovación de las instalaciones deportivas y de locales multiusos y de ámbito cultural.
Esta es una parte de las conclusiones extraídas de la reunión que organizó el Grupo Socialista en la Diputación para recoger las necesidades de los municipios de cara a los presupuestos para 2017 debido a la inacción del presidente Javier Moliner, no ha convocado la Convención de Alcaldes, incumpliendo el Reglamento Orgánico de la institución provincial. En este sentido, los responsables socialistas en los municipios de la provincia han pedido a Moliner que se incremente la partida destinada a los Planes de Obras y Servicios (POYS) para el año 2017, hasta llegar a los 10 millones de euros, es decir el 7,5% del presupuesto, ya que lo consideran “perfectamente asumible si se eliminan los convenios singulares que se destinan de forma arbitraria a los ayuntamientos y que en este ejercicio han supuesto casi 3,8 millones de euros, de los cuales el 81 % han ido a parar a municipios gobernados por el PP, y se trasladasen a la caja común de los planes provinciales”.
