El Pleno del Ayuntamiento ha aceptado esta mañana por unanimidad la renuncia del concejal de Seguridad
El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado por unanimidad, aceptar la renuncia de Toni Lorenzo a su acta de concejal. Lorenzo dimitió poco antes de que se conociera su situación de investigado en la trama de la Subdelegación de Gobierno. Y ha sido precisamente esta investigación, en la que se ha fundamentado un funcionario para solicitar formalmente al presidente de la Generalitat, que abra un expediente disciplinario a Lorenzo.
Esperanza Molina/ Castellón Información
La renuncia de Antonio Lorenzo a su acta de concejal del Ayuntamiento de Castellón, ha sido aceptada formalmente esta mañana en pleno extraordinario.
Este es el sistema que se ha utilizado desde hace poco menos de un año con el fin de agilizar los trámites para cubrir las vacantes en un Ayuntamiento donde la diferencia de votos es tan ajustada.
La dimisión de Lorenzo se produjo el pasado 1 de febrero, después de conocer que podría ser citado como investigado en la instrucción de la trama de la Subdelegación del Gobierno, como sucedió unos días después.
Pero para Lorenzo, la renuncia presentada no lo ha salvaguardado de todo cuanto se le puede venir encima.
Por un lado, el juzgado que instruye el caso de la trama de la Subdelegación del Gobierno de Castellón citaba a Lorenzo como investigado el pasado día 7 de febrero.
Y en base a esa investigación, esta mañana se presentaba en el Registro del Prop de la Generalitat Valenciana una petición formal, para que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, abra un expediente administrativo a Antonio Lorenzo.
La petición se justifica en orden a que, como funcionario público, Lorenzo debería de haber respondido de sus actos en cualquier puesto donde hubiera prestado sus servicios, y apunta a que, su citación como investigado por la Subdelegación del Gobierno, lo pone también en el ojo de mira en cuanto al cumplimiento de sus deberes como funcionario.
Concretamente, la petición registrada solicita:
“Primero.- Que se proceda a aperturar expediente disciplinario a Don Antonio M. Lorenzo Górriz, por los hechos descritos en los apartados anteriores, procediendo a nombrar Instructor y Secretario, con arreglo a lo preceptuado legalmente.
A su vez el Sr. Instructor deberá comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, a fin de que por el Sr. Magistrado Juez se le notifique los actos que tengan relevancia administrativa desde el punto jurídico de los procedimientos disciplinarios.
Segundo.- Que ante los hechos que están siendo objeto de investigación penal, acuerde la no reincorporación del citado a su puesto de trabajo en la Generalitat Valenciana hasta el momento de la firmeza de la sentencia penal y sin perjuicio de lo que en éste se acuerde.
Tercero.- Que no obstante de haberse acordado la reincorporación a través de la formula excedente por prestación de servicios en el sector público, o bien comisión de servicios, libre designación, o cualquier otra modalidad en que se autorizara en su día, proceda a la suspensión cautelar de empleo y sueldo del interesado, hasta el momento de la firmeza de la sentencia penal y sin perjuicio de lo que en ella se acuerde”.
¿Qué consecuencias tendría para Lorenzo esta petición?
Funcionarios públicos consultados por este periódico afirman, que lo que se pide para Lorenzo no es ninguna excepción ni afrenta personal, porque es lo mismo por lo que pasan el resto de los funcionarios públicos cuando se ven inmersos en una investigación. “Muchos lo hemos pensado, solo que quien ha presentado la petición, además, lo ha formalizado”.
