José Antonio Rodríguez. Asesor fiscal.
El término plurilingüismo define la situación de un territorio en el que sus habitantes utilizan más de una lengua a la hora de relacionarse con su entorno. Esta situación en España se presenta en varias comunidades autónomas: Catalunya, Euskadi, Galicia y Comunitat Valenciana.
Debemos añadir que hay comunidades autónomas que están pretendiendo que su lengua autóctona, con más o menos recorrido sea reconocida oficialmente, como es el caso de Asturias y también la Región de Murcia.
Podemos definir el término lengua, desde el punto de vista lingüístico como el conjunto de sonidos, sílabas y grafismos, que sirven para comunicarse de forma oral y escrita a un conjunto de seres humanos que ,al menos en el inicio, vivían en una misma zona.
Las lenguas identificaban a un pueblo en su origen y también sirvieron durante siglos como manifestación de la supremacia de los colonizadores e imposición de sus costumbres.
Como ejemplo de lo primero sirva el aranés, y como exposición de lo segundo el español en América y el inglés en la India.
Es decir que la lengua además de ser instrumento de comunicación oral y escrita, crean vínculos entre los hablantes y escribientes, pues “se entienden” gracias al vehículo de comunicación por excelencia.
Hay que añadir que el que una lengua tenga textos escritos que unifican las reglas gramaticales y corrigen en el tiempo las desviaciones por su uso es fundamental para su supervivencia en el tiempo.
Lenguas cooficiales son aquellas que como su nombre indica ,tienen el mismo rango en un territorio o nación, como ocurre en suiza o en algunas comunidades autónomas españolas enumeradas anteriormente.
En nuestro caso, los valencianos tenemos el derecho y la obligación de manejarnos en ambas, castellano y valenciano, es decir que razonablemente podamos comunicarnos en ambas.
La política de inmersión lingüística parte de la creencia o criterio que una de las dos lengua cooficiales se encuentra en clara desventaja con relación a la anterior, en nuestro caso el valenciano, por lo que se adoptan medidas en todos los ámbitos de la vida social y educativa encaminadas a conseguir que el conocimiento ,uso y difusión sea lo más amplio posible y que sea amalgama para la unión del pueblo, bajo una identidad común.
Esta política se puede llevar a cabo de muchas formas, y enfoques, pero podemos diferenciar en nuestro entorno, por una parte la que ha pretendido ser inclusiva, suave, intentando cohesiones en torno a la libertad de uso indistinto, sin que ello suponga ninguna obligación, de hecho muchos representantes políticos de diverso signo no eran capaces de hablarla con fluidez, me refiero al valenciano y tampoco parecía que hicieran esfuerzos por cambiar esta situación; la otra con un sesgo más radical que pretende a todas luces la imposición de la lengua propia sí o sí a todos
aquellos que se encuentran en el territorio de influencia.
La primera postura ha supuesto una inmersión lenta, con carencias de conocimientos significativos en muchos ámbitos de la vida pública, pero no olvidemos que reflejaban el sentir de nuestra sociedad, pues no es la voluntad de un político lo que marca el desarrollo de un proyecto, aunque evidentemente puede influir.
Lo cierto es que la segunda postura, la que estamos viviendo ahora, y que en la segunda parte de este artículo abordaré, obliga literalmente a que sea el valenciano la lengua que ha de imperar en todos los ámbitos de nuestra vida y para conseguirlo emplea todos los recursos que tiene a su alcance, con leyes que discriminan claramente al conocimiento del castellano y la imposición a quien puede de acreditar el conocimiento del valenciano peras acceder a puestos de la administración.
Merma de la libertad del individuo, gobierno poco respetuoso y enormemente intrusismo en su día a día, gasto de enormes cantidades en programas de inmersión o mejor de submarinismo, por la intensidad de los mismos… Estas son políticas que hoy imperan en la Comunitat Valenciana.
